Andrés Tomás García Vilches

Expediente 2193/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2193/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Andrés Tomás García Vilches

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara firme el desechamiento y archívese el expediente.

  2. Principal

    ...téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 3071/2022-I, promovida por Andrés Tomás García Vilches, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas,, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en cumplimiento al proveído de fecha veintidós de noviembre del año en curso, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del citado juicio, declinando la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito comparte la opinión de la citada autoridad Federal declinante; toda vez que efectivamente, en el caso concreto resulta aplicable la hipótesis contenida en el en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual establece que es competente para conocer de un juicio de amparo, el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, y, que tal situación acontece en este asunto. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 37, y 52 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ESTE JUZGADO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Acúsese recibo de estilo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Andrés Tomás García Vilches, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Federal; fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el libro de gobierno con el número 2193/2022. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "IV).- ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA. El auto de fecha 7 de Noviembre del presente año que contiene un acto de Imposible Reparación al estar emitiendo la cita y desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos llevada dentro del Procedimiento Administrativo Número 394/2018 llevado en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia por el Agente del Ministerio Público adscrito a la misma Licenciado MARIO VILLASECA HERNÁNDEZ sin estar cumplidos de la ejecutoria dentro del Amparo 173/2020, pues a pesar de haber dictado un nuevo proveído, este cumplimiento me lastima mis derechos fundamentales al no respetar las reglas del debido proceso ni los términos del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia aplicable al caso, no especifica ni hace mención que al no presentarse a la audiencia la misma será desahogada sin la presencia de las partes con lo que se violentaría las reglas del debido proceso, además esa es la segunda etapa que señala el artículo 85 de la ley invocada, etapa a la cual no se puede entrar o dar inicio por no cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento al no haberse recabado dentro de los 60 días que señala el artículo en comento, todas las pruebas necesarias que serían los exámenes de control de confianza mismos que el Ministerio Publico señala deja al disposición del suscrito sin especificar en qué lugar, ni correrme traslado con los mismos al citarme a la audiencia de pruebas y alegatos, por tanto lesiona mis derechos fundamentales, por tanto, me quedo en estado de indefensión pues no puedo desahogar pruebas relacionadas con el examen que no aprobé sea socioeconómico, polígrafo, físico o de conocimientos porque desconozco que tipo de exámenes aprobé o no aprobé y aunado a esto existe la prelusión del derecho, pues al haberse agotado los 60 días que la Procuraduría tenía para reunir las pruebas le feneció el derecho y por tanto cualquier acto subsecuente a mi contestación viene a ser violatorio de las reglas del debido proceso y de los Derechos Humanos Consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, causándome un daño de imposible reparación al llegar a desahogarse ya que inmediatamente pasaría a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Para Miembros de la Carrera Policial de la procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas hoy Fiscalía General la cual dictaminara una resolución sin haberme permitido esgrimir los argumentos de ley a que tengo derecho y como consecuencia de ellos la destitución de mi trabajo sin poderlo recuperar de acuerdo al impedimento que me señala el artículo 123 inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. La resolución que emitirá sin tener los elementos necesarios de acuerdo a las reglas del debido proceso para realizarlo toda vez que de acuerdo al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado aplicable al caso una vez ya desahogada la audiencia de pruebas y alegatos la Comisión resolverá lo que en derecho proceda situación está que me causa agravio porque resolverían la destitución de mi cargo como Policía y de acuerdo al artículo 123 Constitucional sería un acto de imposible reparación, cuyos efectos serían la destitución y la imposibilidad para restituir mis derechos laborales.". En aras de contribuir a una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente atender a los antecedentes que hace el promovente bajo protesta de decir verdad, que son las siguientes: Que fue llamado a procedimiento administrativo a través de la notificación por comparecencia que le hiciere la Coordinación de Asuntos Internos por la Agente del Ministerio Público adscrita a la misma Licenciada Evangelina Guevara Nolasco, notificándole las constancias del procedimiento 394/2018 al cual dio contestación en tiempo y forma exhibiendo una serie de pruebas esto por motivo de los supuestos exámenes de control de confianza que argumenta reprobó sin haberle dado vista de los mismos al entregarle las copias del Procedimiento Administrativo. Que su abogada recibió una notificación para que asistiera a la audiencia de pruebas y alegatos, notificándole únicamente, violentando las reglas del debido proceso que señala que todas las partes que interviene en un procedimiento deben ser citadas para que tengan el mismo derecho, situación que no aconteció para su abogada defensora. Que se encuentro imposibilitado para la asistencia a dicha audiencia la cual es de suma importancia pues la misma generará el derecho a defenderse de los exámenes que no ha tenido conocimiento que no aprobó, mismos que no sabe si se le vayan a poner a la vista ya que dicen que quedan a su disposición sin señalar en que lugar, es por lo que procede a promover el presente amparo. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de fecha siete de noviembre del presente año, dictado dentro del Procedimiento Administrativo Número 394/2018, llevado en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia por el Agente del Ministerio Público adscrito a la misma, sin estar cumplida la ejecutoria dentro del Amparo 173/2020. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se emitió por la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 173/2020, del índice de este propio Juzgado, promovido por el actor dentro juicio laboral de origen. El numeral de referencia es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". La causa de improcedencia a que se hace referencia en el numeral antes trascrito, se justifica porque el acto que se reclama en un nuevo juicio de amparo, deriva de la ejecución de una decisión que fue materia de análisis definitivo en un juicio anterior, cuyos efectos generan aquellas resoluciones que indefectible y necesariamente deben emitir las autoridades responsables, sobre todo, cuando el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones a fin de cumplir con aquel fallo protector. De otra forma, este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Sentadas las premisas mencionadas, se estima conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado manifestados por la parte quejosa, así como de las constancias allegadas por la autoridad responsable al juicio de amparo 173/2020. Donde se promovió juicio de amparo, en contra del desahogo de la Audiencia de pruebas y alegatos llevada dentro del procedimiento administrativo número 394/2018 por la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia hoy Fiscalía General de Justicia por la Agente del Ministerio Público adscrita a la misma, el cual conoció el Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta ciudad, radicado bajo el número de amparo 173/2020, en el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia dictada en este juicio por la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio a las labores de este juzgado, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, relativa al amparo en revisión 180/2021, para el efecto siguiente: "En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso en contra del acto que reclamó al 1) Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, consistente en: b) la diligencia de 27 (veintisiete) de enero de 2020 (dos mil veinte), relativa a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, celebrada dentro del procedimiento administrativo 394/2018, para el efecto siguiente: ( Deje sin efecto todo lo actuado en el procedimiento de origen, a partir del auto en el que se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. ( Dicte un nuevo proveído en el que señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, misma que deberá ser notificada al quejoso, y le acompañe copias certificadas de los exámenes de control y confianza con base en las consideraciones establecidas en la presente sentencia, y en caso de no comparecer su defensor particular, deberá designarle un defensor público que lo asista durante el desahogo de dicha diligencia. En el entendido que dicha concesión de amparo se hace extensiva respecto al acto reclamado a la 3) Actuaria adscrita a la Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, consistente en: c) la omisión de notificarle a su abogada, en virtud de que no se reclama por vicios propios sino como consecuencia del principal.". Circunstancia que al ser un hecho notorio para este tribunal, ordena se ponga a la vista el precitado expediente, y se vincule el precitado expediente, a fin de determinar conforme a derecho lo relativo a la demanda planteada por la persona quejosa. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de dos mil siete, página 285, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Así las cosas, toda vez que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, lo emitió en cumplimiento al diverso juicio de amparo 173/2020, del índice de éste Juzgado, es evidente que se actualiza la improcedencia que establece el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues dicha resolución se dictó con la finalidad de cumplir ese fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 307, del libro 22, del mes de septiembre de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia.". En consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Téngase a la parte quejosa proporcionando para la consulta del expediente electrónico del Portal de Servicio en línea del Poder Judicial de la Federación, el usuario: "feliperr" y el correo electrónico felipe_rivera50@hotmail.com Consecuentemente, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso al representante legal del directo quejoso, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "feliperr" y correo electrónico felipe_rivera50@hotmail.com, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO.". Ahora, toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese vía correo electrónico el presente proveído al Encargado de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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