Andrés Sosa Gómez
Expediente 1585/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Andrés Sosa Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: .a) En el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia de amparo, acredite que emitió el acuerdo correspondiente a la promoción presentada por el quejoso el diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-2/100/2011; y, d) Dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que emita el mencionado acuerdo, lo informe a este tribunal y notifique personalmente a la parte quejosa ese proveído, debiendo recabar las constancias de notificación y, una vez efectuado lo anterior, remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector.. Asimismo, mediante oficio recibido el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el quince del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia certificada del auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral D-2/100/2011, en el que dio contestación a la petición hecha por el quejoso, mediante auto de diez de abril de dos mil dieciocho. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que obre como corresponda, en atención a lo acordado con anterioridad. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de Gilberto Tizatl Méndez, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Andrés Sosa Gómez, visto su contenido, téngase solicitando a este órgano jurisdiccional se le autorice la consulta vía electrónica del expediente electrónico derivado del presente asunto; en consecuencia, se acuerda: Atendiendo al Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio pasado, entrando en vigor el nueve siguiente, que establece que la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos y demás constancias de los juicios de amparo tramitados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente. En ese sentido, en atención a que este sumario constitucional fue tramitado con la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se autoriza a Tizatl Méndez, con nombre de usuario "gilbertotizatlmendez", la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a partir de la fecha en que se actúa, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; siempre y cuando, cuente con el registro correspondiente. En razón de lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico adscrito a este juzgado federal, a efecto de que realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que informa que una vez que sea resuelto el incidente de nulidad de actuaciones, mismo que señaló para doce horas del veintidós de noviembre del año en curso, acordará lo procedente respecto del escrito del quejoso presentado el diez de abril de dos mil dieciocho. Al respecto, dígasele a la autoridad oficiante que lo anterior no es obstáculo para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, pues la contestación a la petición hecha por el quejoso mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, debe ser de manera pronta, completa e imparcial, además la concesión del amparo es para el efectos de: ". a) En el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia de amparo, acredite que emitió el acuerdo correspondiente a la promoción presentada por el quejoso el diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-2/100/2011; y, d) Dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que emita el mencionado acuerdo, lo informe a este tribunal y notifique personalmente a la parte quejosa ese proveído, debiendo recabar las constancias de notificación y, una vez efectuado lo anterior, remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede debidamente notificada del presente auto, remita copia certificada de la contestación hecha por el quejoso mediante escrito de diez de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-2/100/2011. Haciéndole saber que subsiste el aprcibimiento decretado en el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la citada Junta, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional], atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil dieciocho y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la responsable requerida que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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