Andrés Sauza Soto

Expediente 517/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
517/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Andrés Sauza Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se resolvió sobreseer antes de audiencia el presente juicio, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Oficio

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los diversos oficios con números de folio 10675 signado por el Titular de la subdelegación de Tlalnepantla de Baz, folio 10676 signado por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla ambos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y folio 10690 signado por el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número S/Z 62 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención a sus contenidos, con los oficios y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, se imponga de éstas y manifieste lo que a sus intereses convengan. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes, las documentales anexas a sus oficios de cuenta, así como las prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Ahora bien, vista la demanda promovida por el quejoso **********, se advierte que el peticionario de amparo acudió a este Juzgado Federal, a reclamar de la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, los actos consistentes en: Luego, toda vez que de las documentales enviadas por las autoridades responsables Titular de la subdelegación de Tlalnepantla de Baz, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla y Director de la Unidad de Medicina Familiar Número S/Z 62 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el pasado treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se notificó a la parte quejosa el oficio de catorce de febrero del año en curso, por el cual la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Tlalnepantla, le informo la respuesta dada a su solicitud de veinticinco de enero del año actual, tal y como se evidencia a continuación: En ese sentido, de lo anteriormente expuesto y de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que si bien es cierto la parte quejosa se duele en el presente juicio por la omisión por parte de las responsables de emitir la resolución de pensión de Incapacidad Permanente Parcial por el riesgo de trabajo sufrido, así como su debida notificación, respecto a su solicitud presentada el pasado veinticinco de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, de las pruebas documentales que remite el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla ambos adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se evidencia que el treinta y uno de mayo del año en que se actúa se le hizo del conocimiento al quejoso de la respuesta dada a su escrito de petición. Por lo anterior, se estima, que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Así, las violaciones o perjuicios de los que se dolió en su demanda inicial, dejan de producir efectos, pero no solo eso sino que, con el actuar de las responsables la quejosa es restituida en pleno goce del derecho violentado, como si le hubiere sido otorgado el amparo, de tal manera que disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, actualizando en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las diez horas del trece de junio de dos mil veintitrés. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, mediante el cual se advierte que ha transcurrido el termino de tres días concedidos a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento, en consecuencia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se deja de tener como autoridad responsable a la citada en el presente asunto, por lo que suspéndase toda remisión de oficios a dicha autoridad así señalada por la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial número III.2o.P.36K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, enero de dos mil seis, visible en la página 2329, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." De igual manera es aplicable la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación XII, Septiembre de 1993, Octava Época, visible en la página 186, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." Actualización de captura de datos. Dígasele al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice la actualización de captura de datos de las referidas autoridades, lo anterior en términos del artículo 182, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese, y por vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de quince días para que las responsables rindan sus informes correspondientes. 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas del trece de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Ténganse por recibida la razón correspondiente a la constancia de justificación de no notificación, por medio del cual devuelve el oficio 12916/2023 dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, por los motivos que expone en la misma; en consecuencia, suspéndase toda comunicación con dicha autoridad y dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación, proporcione la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable, apercibida que de no hacerlo se le dejara de tener con tal carácter en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10ª), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LADENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Notifíquese.

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