Andrés Saucedo Rodríguez

Expediente 927/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
927/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Andrés Saucedo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Andrés Saucedo Rodríguez, por su propio derecho, en contra de los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales, contenidos en los artículos 1°, 4°, 5° 9° 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 927/2016. Ahora, este órgano de control constitucional analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Por lo anterior, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Expuesto lo anterior, de la lectura a la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especia se reclama consiste en: El acuerdo de nueve de junio del año dos mil dieciséis, emitido en los autos del expediente laboral número 256/2016-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual ese Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto al indicar que la relación en ese conflicto es de carácter administrativo y no laboral, remitiendo dicho expediente a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. Este Juzgador Federal estima que en el presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con los diversos 62 y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de la materia, cuyos textos son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo anterior se desprende en esencia, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos que no ocasionan daños a las personas o a las cosas, cuya reparación sea imposible. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal a través de las garantías individuales, en el entendido de que dicha afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Esto es, los actos de imposible reparación recaen en la infracción de los derechos sustantivos del gobernado, lo que no ocurre en la especie, ya que como ha quedado precisado el acto que se combate en esta vía consiste en el acuerdo de nueve de junio del año dos mil dieciséis, emitido en los autos del expediente laboral número 256/2016-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual ese Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de la materia, remitiendo dicho expediente a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, acto que de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos del promovente. Ello, en virtud de que la afectación que produce incurre únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano a quien se le declinó la competencia, emita resolución o acuerdo en el que determine si la acepta o la rechaza, pues lo cierto es que la Litis, se ciñe a la cuestión de competencia, máxime que como se vio, incide únicamente en la esfera jurídica de las partes, cuando el órgano jurisdiccional a favor de quien se emite, la acepta o rechaza, y en el caso, no se observa haya sido así. En otras palabras, el acuerdo que declina la competencia a otro órgano (como ocurre en el presente asunto) no reviste el carácter de un acto de imposible reparación, sino que sólo lo será cuando la autoridad a la que se declinó tal competencia, acepta el conocimiento de la misma, por lo que será su resolución, en caso de que proceda, la que cause perjuicio irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y consideraciones la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible, en la página cinco, del Tomo I, de Agosto de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia I.4º.T.J/20 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible, en la página 36, número 86-2 de febrero de 1995 Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCION DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA. La determinación de la Junta Federal, al declinar la competencia en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en sí misma considerada no reviste la condición de definitividad para los efectos del amparo, la que sí se alcanzaría en el supuesto de que dicho tribunal acepte la competencia que se le declinó. Luego entonces, en tanto no ocurra esto, el amparo que se promueve resulta improcedente." De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, que con el número 189, es visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que pase inadvertido el hecho que los criterios que se hace mención en líneas precedentes, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda y por autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere. Por último, consérvense en la secretaría de este Juzgado las copias de la demanda, para un mejor manejo del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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