Andrés Ruíz Martínez

Expediente 1603/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1603/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Andrés Ruíz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Integración del incidente de suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1564/2021, promovido por Octavio Jair Blancas Gasca y Jesús Anel Ondarza Serrano, en representación de su menor hija ********************contra actos Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Acto reclamado materia de la suspensión. Para estar en posibilidad de resolver sobre la suspensión provisional solicitada, es necesario precisar que tal como se desprende del escrito de demanda, la parte quejosa reclama los siguientes actos: (se transcribe) Efectos solicitados por la parte quejosa. La parte quejosa solicita la suspensión provisional para los efectos que enseguida se mencionan: (se transcribe) En ese sentido, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre la solicitud de suspensión para los efectos solicitados por la parte quejosa en atención a lo reclamado en la demanda de amparo. Certeza de actos. Por lo que hace a la certeza de los actos reclamados, debe precisarse que se encuentran acreditadas con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hizo la parte quejosa, adminiculadas con las constancias que agregó a su escrito de demanda, por lo que se tienen por presuntivamente ciertos. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". Concesión de la suspensión provisional Al respecto, para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse con los siguientes requisitos: a) que al acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) que exista solicitud del quejoso (petición de parte e interés suspensional); c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y d) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con la ejecución del acto; cubiertos los anteriores requisitos, debe llevarse a cabo e) un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, a continuación se analizará si en el caso se cumplen con los requisitos enunciados. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. Los efectos del acto reclamado por la parte quejosa son susceptibles de interrumpirse debido a que la negativa u omisión atribuida a las autoridades señaladas como responsables atinente en aplicar en su favor la vacuna contra el virus SARS-CoV2, subsiste de momento a momento. Por tanto, de acuerdo a sus características es un acto susceptible de suspenderse. Que exista solicitud de la quejosa. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviada con el acto reclamado, ya que del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa cuenta indiciariamente con un derecho legítimamente tutelado. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. A efecto de verificar si se colma el tercer requisito, es necesario tener presente que, conforme a lo informado por la literatura científica que existe hasta este momento, con motivo de la aparición de un nuevo virus SARS- CoV-2 en China, del cual se tuvo conocimiento en diciembre de dos mil diecinueve, surgió en la humanidad una nueva enfermedad denominada COVID-19, que rápidamente comenzó a afectar a la población mundial, y de forma más relevante, a los habitantes en América y Europa. Derivado de ello, y previa declaración de la COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS- CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Desde ese momento, en México se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores sociales y privado. Medidas que han representado un reto a nivel humano, social, económico, cultural, político e internacional, y cuya implementación ha exigido una participación multidireccional por parte de los diferentes sectores de la sociedad, en donde cada habitante es llamado a cooperar desde el nivel de posicionamiento social en que se ubica dentro de la población mexicana, para poder hacer frente, en las mejores condiciones en que sea posible, a la situación epidemiológica que existe hasta estos momentos en nuestro país. Como parte de las medidas de control para enfrentar el COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna, no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual, retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos México. El Gobierno de México el ocho de diciembre de dos mil veinte, a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México." De dicho instrumento, se desprenden una serie de consideraciones que, resulta pertinente tener presentes, las cuales son las siguientes: El objetivo específico de México, a corto y mediano plazo, es inmunizar como mínimo al 70% de la población, contra el virus SARS-CoV-2, del cual corresponda al 100% del personal de salud que trabaja en la atención del COVID-19, y el 95% de la población a partir de los dieciséis años cumplidos. El grupo técnico asesor para la vacuna (en lo sucesivo, GTAV) en México, se conformó por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, y previas valoraciones que ha efectuado, recomendó llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID-19, diseñada acorde a la mortalidad observada en México. Tal recomendación fue analizada mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional, estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad en relación con la infección y muerte por COVID-19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Algunos factores identificados de complejidad para el establecimiento de programas nacionales de vacunación contra el COVID son: problemática de acceso global; limitada producción mundial y falta de marcos de trabajo internacionales que permitan acceso equitativo a todos los países; diferencias en las prioridades de vacunación al interior de cada país; infraestructura nacional para el proceso de recepción, almacenaje y distribución de las diferentes vacunas; infraestructura del programa operativo de vacunación y la vigilancia de eventos adversos, así como la evaluación del impacto de la estrategia de vacunación. Además de los riesgos de salud, el GTAV recomienda tomar en cuenta, aspectos de pobreza y desigualdad. Las recomendaciones dadas por el GTAV, se tomarán en cuenta cuatro ejes de priorización, para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, a saber: a) edad de las personas; b) comorbilidades personales; c) grupos de atención prioritaria; y, d) comportamiento de la epidemia, cuenta habida de que la asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia su disponibilidad, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas. En cuanto a la disponibilidad de las vacunas, de acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, existen más de doscientas vacunas candidatas contra el COVID-19 en desarrollo en el mundo, siendo únicamente trece las que han llegado a iniciar ensayos clínicos. El once de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo, COFEPRIS) dictó, por primera vez, la autorización para uso de emergencia de la vacuna COVID- 19, contra el virus SARS-CoV-2. El cuatro de enero de dos mil veintiuno, la COFEPRIS otorgó a la diversa farmacéutica AstraZeneca, la autorización para uso de emergencia en México de su vacuna. De igual manera, México se adhirió al mecanismo internacional de adquisición de vacunas COVAX, que contempla la compra centralizada de biológicos a diversas compañías para intentar asegurar una distribución global de las vacunas de al menos veinte por ciento de la población en cada país, para privilegiar la equidad en su aplicación. Las farmacéuticas Pfizer, CanSino y AstraZeneca, además del mecanismo COVAX, serán la forma de garantizar la estrategia de vacunación, empero, la misma puede cambiar en función de los resultados finales de los ensayos clínicos que determinarán el esquema final, así como el perfil de eficacia y seguridad de las vacunas a ser comercializadas a nivel global. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre diciembre de dos mil veinte y diciembre de dos mil veintiuno, se recibirán por negociación directa suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna Pfizer/BioNTech, 35 millones con la vacuna CanSinoBio y 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un total de 83 millones de mexicanos, además se suman 25.8 millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, para lograr la meta de vacunar al menos al 70% de la población en México en un periodo máximo de dieciocho meses. No obstante, mediante comunicado de veintiocho de septiembre del año en curso, el Gobierno Federal hizo del conocimiento el Documento Rector versión 7.0, que contempla la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-COV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México, con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 (GTAV), donde fueron incluidas las personas adolescentes de doce a diecisiete años a efecto de vacunarlos. Asimismo, se priorizó la vacunación de dicho grupo de personas con alguna comorbilidad que pudiera incrementar el riesgo de enfermedad grave y en su caso, desafortunadamente la muerte, por contraer el virus multicitado. Para definir la priorización de la población a vacunar, se realizó un análisis de la mortalidad observada en México, con base en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas; así como las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 (GTAV), recomendaciones internacionales, diversos criterios éticos y socioculturales, donde se definieron cuatro ejes a seguir, i) edad de las personas; ii) comorbilidades; iii) grupos de atención prioritaria, y; iv) comportamiento de la epidemia. Los resultados de tal análisis evidenciaron que los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en 1.1 millones de personas). 2. Personas adultas mayores: a) Mayores de 80 años (2,035,415 personas) b) Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) c) Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) d) Personas de 50 a 59 años (12,720,337 personas) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,951 personas) 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años (60,974,539 personas) Personas de 40 a 49 años (60, 974,539 personas) Personas de 30 a 39 años (18, 897,970 personas) c) Personas de 18 a 29 años (25,877,662 personas) 6. Personas de 12 a 17 años que viven con alguna de las comorbilidades o condiciones de vida descritas en el siguiente cuadro: (se transcribe) En ese contexto, el diecinueve de noviembre del año en curso, se abrió el pre-registro en la página de internet respectiva, a menores de entre quince y diecisiete años sin comorbilidades, para recibir la vacuna contra Covid-19. Asimismo, el día de hoy inició la vacunación en su primera dosis a los jóvenes de quince a diecisiete años residentes de la Ciudad de México, la cual tiene programada concluir el cuatro de diciembre próximo, tal como se advierte en la página: https://vacunacion.cdmx.gob.mx/public/Vacunacion60anios.xhtml, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, emitió el comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, y amplió la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de menores de doce años. Entonces, del marco referencial en cuanto al entorno de vacunación en México contra el COVID-19 de que se da noticia, es factible advertir que los objetivos generales de la vacunación están orientados a prevenir la muerte, evitar la hospitalización y reducir la transmisión del virus. De lo expuesto, este Juzgado no advierte elementos que permitan cuestionar o poner en duda las razones de la citada Comisión para ampliar la indicación terapéutica a partir de los doce años de edad. Así las cosas, si las autoridades responsables a esta data no establecieron calendarización para la aplicación de la vacuna a los menores de doce a catorce años, grupo dentro del cual se encuentra la parte quejosa, se concluye que vulneran su derecho a la protección de la salud, pues no existe imposibilidad legal para incluirlos en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2; máxime que la fase del Programa recién iniciado no está priorizando tema vinculado con algún padecimiento, del sector de quince a diecisiete años, como sí lo había hecho hasta antes de esta nueva fase y sin que se advierta motivo alguno por el que se excluya a los adolescentes que oscilan entre los doce a catorce años de edad. Por lo tanto, tomando en consideración que ** que actualmente cuenta con catorce años nueve meses cumplidos, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA MENOR QUEJOSA, para el efecto de que sea vacunado inmediatamente contra el virus SARScoV2 para la prevención de la COVID-19. Para lo cual, las autoridades responsables deberán valorar la clase, tipo o marca, que de la misma se le tiene que aplicar, y que en este momento debe ser la vacuna ********************, pues es la oficialmente autorizada para ser aplicada en personas a partir de los doce años de edad. No obstante lo anterior, debe precisarse que, si en el futuro la autoridad sanitaria autoriza la aplicación de otra clase, tipo o marca de vacuna, para aplicarse a personas entre los doce y diecisiete años de edad, las responsables podrán aplicarlas a la parte quejosa, sin que se corran riesgos para su salud, pues deben decidir si es viable y conveniente su aplicación a los menores quejosos, de acuerdo con su estado físico y de salud. Lo anterior, no causa perjuicio al interés social, pues el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege el derecho a la salud de todas las personas y, conforme al interés superior de los menores, las autoridades responsables están obligadas a garantizar en mayor medida el pleno ejercicio de ese derecho en favor de la niñez. Incluso, el artículo 17, fracción II, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les atienda antes que, a las personas adultas, en todos los servicios, en igualdad de condiciones. Conforme a dichas disposiciones de orden público, es mayor el interés de la sociedad de que se garantice con más intensidad el pleno ejercicio del derecho a la salud de los menores, de ahí que, con el otorgamiento de la suspensión definitiva no se violan disposiciones de orden público ni se causa perjuicio a la sociedad. Máxime que, como ya se indicó, el día veintinueve del mes y año en curso, se inició con la Fase 35 del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, que incluye a los jóvenes de quince a diecisiete años y no existe impedimento alguno para incluir también al menor quejoso. Ahora bien, de la lectura del documento rector emitido por el Gobierno Federal, se advierte que tal y como lo recomendó el Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19 (GTAV), la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte tanto en nuestro país, como a nivel global. Audiencia incidental. Se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de enero de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia incidental. Informe previo. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, a efecto de que rinda su informe previo, por duplicado y dentro del término de cuarenta y ocho horas al en que quede notificada del presente proveído, ajustándose a lo previsto en el artículo 140 de la citada ley; es decir, que en su informe puede agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión aquí solicitada y, en su caso, exhibir los medios de convicción que consideren oportunos. Apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la referida ley, se les impondrá multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero, del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibió anexas a su demanda de amparo y escrito aclaratorio, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Se autorizan en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que señalan, para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó Eliana Damián Gaspar, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la suspensión, por lo que promueve incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, modificada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.I. 193/2021, respecto de la autoridad responsable y actos que menciona en su ocurso de cuenta. Al respecto, de conformidad con los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión definitiva que formula el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada (común) emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis III.1o.A.6 K (10a), consultable en la página 1729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Decima Época, con número de registro 2009566, de rubro y texto: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO. PROCEDE TANTO RESPECTO DE LA DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL. Si bien es verdad que los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo establecen que el incidente mencionado procede respecto a la suspensión de plano o definitiva, también lo es que éstos no pueden analizarse aisladamente, sino que ameritan una interpretación sistemática y armónica con el diverso numeral 97, fracción I, inciso g), del propio cuerpo legal, que prevé la procedencia del recurso de queja contra la resolución del incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido la suspensión provisional o definitiva, lo que evidencia que la intención del legislador fue que el juzgador de amparo estuviera en posibilidad de analizar también el acatamiento de la medida provisional. Lo anterior encuentra congruencia, porque ambas determinaciones gozan de la misma naturaleza jurídica, es decir, son cautelares, pues constituyen instrumentos cuyo objeto es la conservación de la materia del amparo (a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional). Por tanto, como la resolución que otorga la suspensión provisional es susceptible de ejecución por la autoridad responsable, todo exceso o defecto en su acatamiento debe ser justipreciado en la vía incidental, conforme al capítulo V del título tercero del ordenamiento citado.". Por tanto, córrase traslado a la autoridad responsable con copia del escrito de mérito y con fundamento en el artículo 208, fracción segunda, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente acuerdo se le practique, rinda informe respecto del cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Finalmente, para la celebración de la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional se señalan las doce horas con cinco minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Rafael Vargas Téllez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha doce de diciembre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veintitrés de noviembre del mismo año, cuyo texto es: Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido en auto de catorce de noviembre del año en curso a la parte quejosa para ratificar la demanda de amparo presentada a su favor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito; por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por *****************. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la quejosa *********************, por medio de cual, interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de octubre del año en curso, dictada en los autos del juicio en que se actúa. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del oficio mencionado y, una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días, remítanse vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de referencia, el original del ocurso de interposición y de expresión de agravios, a fin que resuelva lo que en derecho corresponda. Hágase disponible el expediente electrónico del presente juicio, que hará las veces del envío de los autos. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica; asimismo, se informa que la sentencia impugnada es localizable en el portal de intranet. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

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