Andrés Rodríguez Nájera

Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Andrés Rodríguez Nájera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de octubre del año en curso dictada en el presente juicio. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso; por tanto distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad, remítase el original de este y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo I-1144/2023 promovido por ******************** contra actos del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Titular del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Titular del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copias certificadas del expediente JA-0606/2023-I de su índice, con el cual se formó un tomo de pruebas por separado, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la Representante Social formuló alegatos. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrésV I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido ********************, contra actos del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito depositado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad; en los términos siguientes: "1. DEL COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. a) LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE JA-0606/2023-I VENTILADO EN EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL QUE FIGURA COMO DEMANDADA. 2. Del JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. a) El retraso de la ejecución de la suspensión definitiva. b) La omisión de requerir el cumplimiento de la suspensión definitiva emitida en el juicio JA-0606/2023-I, dentro de los términos establecidos por la ley de la materia. c) La omisión de aplicar las sanciones a la demanda por la negación de dar cumplimiento a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el expediente número ********************, y determinó prevenir al promovente para que, medularmente, precisara, bajo protesta de decir verdad, en contra de qué acto y autoridad promovió el juicio de nulidad JA-0606/2023-I. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de sus escritos presentados el seis y ocho, ambos del mes y año en mención. TERCERO. Admisión y trámite. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclaman actos de naturaleza omisiva, atribuidos a administrativas locales que residen dentro de la circunscripción territorial en la que esta Potestad Federal tiene competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado: La omisión de requerir el cumplimiento de la suspensión definitiva dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, en el juicio JA-0606/2023-I, promovido por el aquí quejoso en contra del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado. Dicha medida se concedió medularmente para que: ".la autoridad demandada, deje las cosas en el estado en que se encuentran por lo que respecta a un posible cambio de función o percepción en razón de la nueva adscripción, y que dicha readscripción se realice en igualdad de condiciones para que el aquí promovente: ANDRÉS RODRÍGUEZ NÁJERA continúe desempeñando las mismas funciones y bajo las mismas prestaciones que tenía hasta antes del cambio de readscripción, esto es, QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA SE ABSTENGA DE GENERAR DISTINTAS CONDICIONES LABORALES CON MOTIVO DE LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN y que en ese sentido el cambio de adscripción del aquí promovente se dé bajo las mismas circunstancias de sueldo y prestaciones que percibía con motivo de la prestación de sus servicios que desempeñaba, así como para efecto de que las funciones que desempeñe sean las mismas que desempeñaba hasta antes del cambio de adscripción. Ello con la finalidad de salvaguardar el posible derecho vulnerado del accionante, hasta en tanto se emita sentencia definitiva en la que se resuelva el presente juicio administrativo y se determine la legitimidad del acto impugnado una vez que se haya verificado si dicho acto cuenta con los requisitos mínimos indispensables que consoliden su validez y legalidad. Ello, acorde con lo establecido por el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado.". Consecuentemente; La omisión de imponer a sanciones correspondientes a la autoridad demandada vinculada a dicha medida cautelar. Del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán: B. La omisión de acatar la suspensión decretada en el citado juicio de nulidad. TERCERO. Existencia. Contra la apreciación de la representante social adscrita en su pedimento, son ciertos los actos atribuidos a las autoridades, toda vez que en sus informes vertieron manifestaciones de las que así se desprende. Sin que obste su negativa expresa relacionada con las omisiones reclamadas, dado que el juez responsable señala, entre otras cosas, que en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo recibido el oficio número CSPEMO/DPP/452/2023 de once de septiembre del actual, signado por el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1, dirigido al Director de dicho Centro, del que advirtió que el actor, aquí quejoso, continúa desempeñando las funciones de su cargo; por lo que dicho juzgador estimó que no existía violación a la medida cautelar otorgada. Así, pese a que el Coordinador responsable insista en que no existe la omisión que se le atribuye -por haber desplegado oportunamente los actos tendentes a dar cumplimiento a la suspensión-, lo cierto es esto tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que originó este expediente -treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés-. Consecuentemente, lo técnicamente correcto es tener por ciertos todos los actos reclamados. Es ilustrativa a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del juicio de nulidad número JA-0606/2023-I, del índice del juzgado responsable, en las que relevantemente obra la suspensión otorgada el diez de julio de dos mil veintidós, diversos requerimientos a la autoridad demandada -aquí responsable- y vistas otorgadas al actor -aquí quejoso-, así como el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que el juez administrativo tomó conocimiento del tratamiento dado a la medida cautelar. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario que con arreglo a la ley goza de fe pública. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Potestad Federal estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesa" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre dicha causa de inejercitabilidad se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Luego, se puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, para el caso de tener un carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, si se actualiza ese supuesto de inejercitabilidad, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, si es que no puede alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, examinados como un sistema jurídico coherente y no como normas de manera aislada, lleva a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este orden, existe otro supuesto en el que también "cesan los efectos" que se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. De lo anterior se tiene que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos, como de ordinario sucede en la materia administrativa en que la autoridad actúa de manera unilateral. En el mismo sentido, cabe acotar que en materia jurisdiccional la destrucción de los efectos no ocurre en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de tal suerte que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que la resolución de medio de impugnación lo confirme, los efectos del auto recurrido, cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación. Esto tiene sustento en la jurisprudencia 9/98 definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso, se tienen presentes los siguientes antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas por el juez responsable: El cuatro de julio de dos mil veintitrés, ******************** promovió demanda de nulidad en contra del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, respecto del acto que precisó de la siguiente manera: ".la orden de cambio definitivo del sistema de servicio y del cargo que venía desempeñando como "CUSTODIO PENITENCIARIO Y/O CELADOR" EN EL CE.RE.SO. LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ Y/O CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO.". De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el que mediante auto de diez de julio de dos mil veintitrés, radicó y admitió a trámite la demanda bajo el progresivo JA-0606/2023-I de su índice, por lo que ordenó emplazar a la autoridad demandada. Respecto de la suspensión que solicitó el actor en su demanda, por una parte, la negó, al encontrarse consumado el acto impugnado y, por otra, respecto de sus consecuencias, la concedió medularmente para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran y, en su caso, la readscripción combatida se efectúe en igualdad de condiciones en que se venía desempeñando el cargo, esto es, bajo las mismas funciones, sueldo y percepciones económicas. Por tal motivo, requirió a la autoridad demandada para que en el término de tres días hábiles a partir de la notificación de dicha determinación, informara y acreditara el tratamiento dado a la medida cautelar. Mediante escrito de diez de agosto del actual, el actor solicitó se requiriera a la autoridad demandada sobre el extremo antedicho. A lo anterior recayó el auto de quince siguiente, en el que el juez natural requirió a la demandada el cumplimiento de la medida cautelar, bajo los apercibimientos previamente efectuados. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el apoderado de la autoridad demandada evacuó lo solicitado y remitió copia del oficio CSPEMO/DJ/4021/2023 de veinticinco del mes y año en mención, a través del cual, el Coordinador del Centro Penitenciario instruye al Director de la Policía Procesal para que diera cumplimiento a la suspensión. Así, por auto de treinta siguiente se agregó a los autos dicho oficio y se ordenó otorgar vista al actor para que manifestara lo propio. En atención a las manifestaciones de dicha parte procesal, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se mandó requerir nuevamente a la demandada para que remitiera la información relacionada con las condiciones en que se venía desempeñando el cargo dentro de la fuente de trabajo. En atención a ello, el once siguiente la autoridad demandada remitió copia del oficio número CSPEMO/DPP/452/2023 de esa misma data, el que fue suscrito por el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario y dirigido al Director de dicho Centro, en el que señala que el actor continúa desempeñando su cargo bajo las mismas condiciones. A lo anterior recayó el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que el juez administrativo tomó conocimiento del tratamiento dado a la suspensión y otorgó vista al actor. Ahora bien, se recuerda que el quejoso acciona ese juicio constitucional, entre otros, en contra de la omisión de las responsables de dar cumplimiento a la suspensión otorgada en el juicio de origen. Luego, al rendir su informe el juez responsable señaló, entre otras cosas, que en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo recibido el oficio número CSPEMO/DPP/452/2023 de once de septiembre del actual, signado por el Jefe de Seguridad del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1, dirigido al Director de dicho Centro, del que advirtió que el actor, aquí quejoso, continúa desempeñando las funciones de su cargo; por lo que dicho juzgador estimó que no existía violación a la medida cautelar otorgada. Como se observa, en su momento, el juzgador responsable requirió a la autoridad demandada sobre el cumplimiento dado a la medida cautelar, en concreto, sobre las condiciones en que el aquí quejoso venía desempeñando sus funciones. Con dicha actuación, se estima actualizada la causal de improcedencia analizada, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, el peticionario de amparo encontró colmada su pretensión de que el juez responsable requiriera y, en su caso, aplicara los medios de apremio correspondientes, para hacer cumplir la medida cautelar, de modo que la violación alegada en este juicio quedó desvanecida como si nunca hubiera existido. Lo mismo ocurre con la omisión atribuida a la autoridad demandada, aquí responsable, pues a partir de que evacuó el requerimiento antedicho y exhibió las documentales pertinentes, se encontró satisfecha la omisión que se reclama en esta instancia constitucional. Es decir, con las actuaciones de las autoridades responsables cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, lo que hace inane la protección de la Justicia Federal. De tal suerte que existe un impedimento técnico para abordar su análisis de regularidad constitucional. En consecuencia, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Sin que esta forma de resolver cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Ante tal conclusión, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Finalmente, resulta innecesario emitir algún pronunciamiento especial sobre el pedimento formulado por la representante social adscrita, por las razones que se da la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", aunado a que no invoca diversa causal de improcedencia. La misma suerte corre la invocación de la causal de inejercitabilidad que fundamenta el juez responsable en su informe, como la contenida en la diversa fracción XXII del artículo 61 de la Ley del Amparo, cuenta habida de que la argumentación que la sustenta, en realidad, se acoge a la cesación antes evidenciada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.LFSL

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD RESPONSABLE DA POR NOTIFICADA DE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta SDR/DJ/3166/2023 que suscribe el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, a través del cual se da por notificado del auto de seis de octubre del año en curso, en el que se le requirió sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO No obstante, tomando en consideración que la autoridad responsable de referencia no remite las constancias con las cuales acredite el cumplimiento del fallo protector, se le requiere para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba notificación del presente proveído, proceda a realizar lo siguiente: 1. De insistir la responsable en alguna imposibilidad legal o material para expedir las constancias que le fueron solicitadas, deberá emitir un acuerdo en contestación a la petición que se le formuló, donde se exponga esa imposibilidad pero fundando y motivando la misma; toda vez que no se encuentra obligado a emitir una respuesta en determinado sentido. 2. En caso contrario, en obvio de mayores trámites y de ser subsanable la omisión en que incurrió la parte quejosa y la autoridad registral al no haberse especificado el núcleo del que se requerían constancias, deberá realizar el trámite para la expedición de constancias solicitadas pero en relación a la Comunidad Indígena de San Bartolo Cuitareo, municipio de Hidalgo, Michoacán, como lo refiere que lo solicitó la promovente. 3. En ese supuesto, deberá señalar día y hora para que la quejosa comparezca a recoger esas constancias; y, 4. Hecho lo anterior, lo informe a este órgano jurisdiccional a fin de requerir a la quejosa para que comparezca a sus instalaciones a recoger la documentación solicitada." APERCIBIMIENTO En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en caso de no cumplir con lo anterior, esto es, se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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