Andres Rivera Contreras
Expediente 1627/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero
- Andres Rivera Contreras y Otros.
- Andres Rivera Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual requiere a este órgano jurisdiccional para que en el término de tres días hábiles le informe si se notificó personalmente y corrió traslado al quejoso del amparo directo Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, con copia del laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo sentenciada por el Juzgado Auxiliar en el amparo indirecto al rubro indicado. En atención a lo requerido por la Superioridad, se le informa lo siguiente: Por acuerdo de quince de octubre de dos mil quince, se tuvo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informando el cumplimiento que había dado a la sentencia de amparo remitiendo para dicho efecto copia certificada del laudo de catorce de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral ***; por lo que en el mismo proveído se ordenó dar vista al quejoso Andrés Rivera Contreras y al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de ***, este último por medio de oficio. Luego, en cumplimiento a lo anterior el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal remitió el oficio *** a través de Correos de México Administración Chilpancingo, mismo que fue notificado al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, el veintisiete de octubre de dos mil quince, pero no se le corrió traslado con copia del laudo referido. Lo anterior, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, remitiéndosele copia certificada de la notificación realizada al citado tercero interesado del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia amparadora. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes no hicieron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 25 a 37), este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto siguiente (fojas 34 vuelta y 35): ".en caso de que no haya desahogado la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que señaló para las catorce horas del veintinueve de enero de dos mil catorce, de inmediato señale una nueva data en los términos establecidos en los numerales indicados 81 y 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y dicte el laudo correspondiente." 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Mediante oficio 13768/2015 (foja 219), remitió copia certificada del laudo de catorce de octubre de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 524/2009, con lo que acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, como se dijo anteriormente, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de catorce de octubre de dos mil quince, con la cual acreditó el cumplimiento respectivo. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Finalmente, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que las partes no hicieron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 25 a 37), este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto siguiente (fojas 34 vuelta y 35): ".en caso de que no haya desahogado la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que señaló para las catorce horas del veintinueve de enero de dos mil catorce, de inmediato señale una nueva data en los términos establecidos en los numerales indicados 81 y 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y dicte el laudo correspondiente." 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Mediante oficio 13768/2015 (foja 219), remitió copia certificada del laudo de catorce de octubre de dos mil quince, emitido en el juicio laboral 524/2009, con lo que acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, como se dijo anteriormente, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de catorce de octubre de dos mil quince, con la cual acreditó el cumplimiento respectivo. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Finalmente, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que le ha transcurrido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el término de quince días hábiles otorgado en proveído de veintisiete de agosto de dos mil quince, para dar cumplimiento al fallo protector, sin que hasta la fecha se encuentre cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, cabe precisar que mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil catorce (fojas 25-37), emitida en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo solicitado contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: "(.) para el efecto de que el tribunal responsable de inmediato tome las medidas necesarias que el caso requiera para no retrasar aún más el procedimiento, por lo que en caso de que no haya desahogado la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que señaló para las catorce horas del veintinueve de enero de dos mil catorce, de inmediato señale una nueva data en los términos establecidos en los numerales indicados 81 y 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y dicte el laudo correspondiente." En atención a lo anterior, cabe precisar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante oficio 7289/2014, remitió a este juzgado de Distrito copia certificada de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, de veintinueve de enero de dos mil catorce (foja 76-78). Asimismo, mediante oficio 10415/2015 (foja 202), remitió a este juzgado de Distrito, copia certificada del auto de veintiséis de agosto de la presente anualidad, emitido en el expediente laboral 524/2009, en el que declaró cerrada la instrucción y turnó el referido expediente al secretario proyectista para la elaboración del laudo correspondiente. De igual forma, mediante comunicación oficial de cuenta 13739/2015, la autoridad laboral responsable informa a este órgano jurisdiccional que mediante auto de cuatro de septiembre del actual, emitido en el expediente laboral 524/2009, se tuvo a la proyectista correspondiente presentando su proyecto de laudo al Pleno del tribunal laboral responsable, señalando las diez horas del catorce de octubre del presente año, para llevar a cabo la audiencia de votación y discusión. En ese contexto, dado que la responsable informó que está pendiente el dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral, incluso que ya fue señalada fecha para la audiencia de votación y discusión, procede efectuar segundo requerimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 192 y 193 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada del laudo relativo al expediente laboral 524/2009, en el entendido que deberá estar debidamente firmado por el Pleno del órgano laboral de cuenta, o en su defecto deberá hacer alusión en la certificación correspondiente de que el mismo se encuentra estampada la firma de cada uno de los representantes del Pleno mencionado, o en su caso, avise el impedimento legal que tenga para ello. Debe precisarse que si bien este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cierto es también que debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado para tal efecto, por lo que en esos términos procede ampliar el término general de tres días por el plazo improrrogable señalado con antelación, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2005325 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/7 (10a.) Página: 2892 "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá por conducto del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Bernardo Ortega León, una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el salario de referencia es de $70.10 (setenta pesos 10/100 moneda nacional); además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Además, puntualícese a la responsable que deberá cumplir la ejecutoria de amparo sin necesidad de ulterior requerimiento. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida; lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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