Andres Reyes Mendoza
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Andres Reyes Mendoza
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. Desechamiento. Ahora bien, cabe señalar que el escrito de demanda que generó el expediente en que se actúa, fue promovido por ********************; sin embargo, no fue firmada autógrafa o electrónicamente por dicho promovente, por lo que, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para desechar la demanda de amparo. De los numerales antes expuestos se advierte en lo que interesa, que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. En ese sentido, debe precisarse que la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las disposiciones para regular la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin embargo, dicha demanda carece tanto de la firma autógrafa, como electrónica de quién la presentó, es decir, no se desprende que se hubiese colocado en ésta el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, si bien del escrito inicial de demanda se advierte que, al parecer hay una firma en la última hoja, lo cierto es que no se trata de una autógrafa, puesto que el escrito fue presentado vía electrónica, pero tampoco éste cuenta con firma electrónica (FIREL), ni mucho menos con evidencia criptográfica del promovente. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa o electrónicamente el escrito relativo. Además, el acto que reclama no es de los considerados como urgentes por el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea prescindible el uso de la firma electrónica, en términos del artículo 17, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; no obstante que el promovente invoca que se trata de actos previstos en el precepto 22 Constitucional, empero de una revisión exhausta al escrito inicial de demanda, se aprecia que los múltiples actos que reclama no son susceptibles de suspender de plano por no ser de los contemplados en el numeral 15 de la Ley de Amparo, ni los previstos en el precepto 22 Constitucional. En efecto, la tramitación de los casos urgentes tratándose de la libertad del gobernado es procedente cuando importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, es decir, se refiere a los supuestos en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; mientras que la parte quejosa reclama: "ACTO RECLAMADO. 1. SE RECLAMA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, LOS ACTOS CONSISTENTES EN: OMISIÓN Y COLUSIÓN DE HECHOS ANTIJURÍDICOS EN CONTRA DE MI FAMILIA Y MI PERSONA, ASÍ COMO EL ACTO DE OMITIR BRINDAR PROTECCIÓN LOS ACTOS DE CALUMNIA Y AMENAZAS EN MI CONTRA, SITUACIÓN QUE SE HA VENIDO EN AUMENTO POR LO QUE SOLICITÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, EN ESPECÍFICO AQUELLOS QUE PONEN EN RIESGO MI INTEGRIDAD FÍSICA. TODO ESTO SUMADO A LAS AMENAZAS REALIZADAS EN MI CONTRA POR GRUPOS QUE SE HACEN LLAMAR PROTEGIDOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES. PARA LO CUAL LAS AUTORIDADES ME RECOMENDARON NO DENUNCIAR NINGÚN TIPO DE ACTO ANTIJURÍDICO Y PROCEDER A ABANDONAR EL ESTADO O EL PAÍS CON EL FIN DE EVITAR ALGÚN TIPO DE REPRESALÍA EN MI CONTRA. POR LO QUE DESDE EL (2018 ABRIL 22), NO ME HE SENTIDO TRANQUILO CON ESTA SITUACIÓN DE CONTINUAR PONDRÍAN EN UN RIESGO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE SUPONDRÍA UN GOLPE A MI PERSONA, A MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y A MIS DERECHOS HUMANOS. DEBIDO A QUE LA AUTORIDAD NO HARÁ NADA AL RESPECTO. 2.- LOS ACTOS TUVIERON A PRINCIPIO DE 2018 ME TOCÓ VIVIR SUCESOS DESAFORTUNADOS DEBIDO A LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO DEBIDO AL ENFRENTAMIENTO ENTRE CÁRTELES Y LA AUTORIDAD ESTO TIENE INCREMENTO HASTA LA FECHA 2023. 3.- FINALMENTE QUIERO AGREGAR QUE LA AUTORIDAD MEXICANA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, SE HAN VISTO REBASADAS DE LA PROTECCIÓN DEL PUEBLO Y DICHA INDEFENSIÓN LLEGO A MI PERSONA POR LO QUE POR EL PRESENTE SOLICITO SE REALICEN LOS MEDIOS PERTINENTES PARA PONER EN PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A AMI PERSONA SIENDO LA AUTORIDAD FEDERAL LA INDICADA PARA TAL EFECTO. TODOS LOS HECHOS DEBEN CONSIDERARSE COMO HECHOS CONTINUADOS, YA QUE EL PELIGRO QUE GUARDA MI PERSONA NO TERMINA CO LA SALIDA DEL PAÍS, SINO QUE ESTO SIGNIFICA, QUE NO ME SEA POSIBLE RETORNAR EN MUY BUEN TIEMPO, NI A VISITAR FAMILIA, HACER NEGOCIOS, USAR LIBREMENTE MI PATRIMONIO, NI TENER CONTACTO CON MI PAÍS". En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma autógrafa o electrónica de la persona que aparece como promovente ni el acto reclamado encuadra a los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma previstos en el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de la que aparece como promovente. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2019715, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018943 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." En consecuencia, ante la carencia de firma, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señalamiento de domicilio. Con independencia de lo anterior, para efectos de lograr la notificación al promovente de la presente determinación, con fundamento en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al promovente.
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