Andrés Reyes Gutiérrez
Expediente 997/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Reyes Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, en atención a su contenido, se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de desechamiento; por lo tanto, estese en espera que el mencionado Tribunal remita el testimonio de la resolución que pronuncie en el toca 181/2023 de su índice. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, téngase por recibido el escrito de ********** signado electrónicamente por un diverso autorizado del quejoso, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda origen de este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101, de la Ley de Amparo, y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado medio de impugnación. En ese sentido, ríndase el informe respectivo, en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene por sus propias consideraciones y fundamentos. Por lo tanto, acorde con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede esta ciudad, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa. Instrúyase al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Analizada la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 997/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS Destacado lo anterior, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de dicha legislación, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de realizar las medidas tendientes para el cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral *********. Esto es, la parte aquí quejosa señala una omisión genérica de dar cumplimiento al laudo dictado a su favor. Lo anterior se estima así, en virtud que, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se desprende que en fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dictó laudo dentro del expediente ******** del índice del Tribunal responsable; asimismo, mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se requirió el cumplimiento del laudo a la parte demandada, sin que hasta la fecha, se haya logrado la ejecución del mismo. CONCLUSIÓN Al respecto, cabe precisar que del contenido de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado deVeracruz, relativos a las medidas de apremio y a la ejecución de los laudos, que establecen, respectivamente, lo siguiente: "ARTICULO 223.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTICULO 224.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Cuando la parte condenada sea una autoridad estatal o municipal, el laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación. Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." El artículo 223 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; lo que implica que los laudos que dicte ese órgano no pueden dejar de cumplirse. En relación con lo relativo a la ejecución de los laudos, el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, señala que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un actuario o librarán exhorto en su caso a quien corresponda, a fin que en unión con la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en dicho numeral. Esto es, el citado numeral 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado establece dos momentos en los cuales resulta necesaria la intervención de la parte que obtuvo resolución a su favor en el periodo de ejecución del laudo, a saber, el primero, en el que se requiere la petición de dicha parte para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y, el segundo, cuando una vez acordada tal solicitud, se despacha auto de ejecución, a fin que el actuario comisionado asociado de la referida parte requiera el cumplimientodel laudo. En ese contexto, no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo, pues la norma en cita precisa que, al ordenarse la ejecución forzada del laudo, necesariamente debe comisionarse al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo sentencia favorable, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, sin que se haga excepción alguna al respecto. Así, resulta válido establecer que, de la interpretación armónica de dichos preceptos, se obtiene que si bien es cierto corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, no menos lo es que para llevar a cabo el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, resulta indispensable la petición expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Por lo que, no puede considerarse que corresponda al Tribunal llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte vencedora, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario; por tanto, es necesario realizar dicha solicitud, antes que transcurra el término para la prescripción. Por ende, se estima que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclamara un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el Juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Se invoca al respecto la jurisprudencia 15/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, página dos mil setecientos setenta y uno, que es del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, para considerar la existencia de una omisión por parte de la autoridad responsable reclamable en el juicio de amparo, es menester que se precise en la demanda que esa omisión se configura porque la responsable a la petición o promoción que previamente se le hizo, no ha actuado como legalmente le corresponde. Dicho en otras palabras, sólo puede configurarse una omisión para efectos del juicio de amparo reclamable a la autoridad derivado de una previa petición o promoción a la que le debe recaer acuerdo o respuesta y esto no haya sucedido dentro del término legal. Por tanto, se estima que la parte quejosa combate una omisión genérica de cumplimiento de laudo atribuida al Tribunal responsable, no así la falta de respuesta a algún escrito mediante el cual hubiera solicitado el cumplimiento del laudo, ya que incluso precisa los acuerdos en los que la autoridad ha requerido a la demandada. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencial pronunciada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito PC.VII.L. J/10 L (10ª) consultable a páginas 1469, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." En consecuencia, al estimarse actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el 217 ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DEAMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por tratarse de un asunto en materia laboral en el que acude la parte trabajadora. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTA Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga al autorizado ********, quien cuenta con el usuario "********", el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para efectos de consulta del juicio de amparo; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dicho usuario se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en el entendido que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encontraban programadas las catorce horas con cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente, sin que se haya celebrado o se hubiera emitido pronunciamiento alguno en relación con la imposibilidad para llevarla a cabo. Al respecto, resulta un hecho notorio que, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII, XIV y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causa de fuerza mayor se declararon inhábiles para los Juzgados Federales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, entre los que se encuentra este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado, el cual conoce del presente expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este juicio a efecto de reprogramar dicha audiencia, por lo que se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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