Andrés Pérez Gómez
Expediente 1384/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/01/2018
Partes del expediente
- Andrés Pérez Gómez
- Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de enero de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de cuenta aparentemente signado por *****, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual solicita copias del último acuerdo recaído en el juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Antes de acordar lo que conforme a derecho corresponda, requiérase al promovente para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de la Materia, comparezca ante este Juzgado Federal, dentro del término de tres días, debidamente identificado en día y hora hábil, a ratificar el contenido y firma del ocurso que nos ocupa, toda vez que se advierte a simple vista diferencia entre la firma que calza dicho escrito y la que está plasmada en su escrito inicial de demanda y diversa promoción, lo que hace dubitativa la autenticidad de la que existe en el ocurso de cuenta; apercibido que de no hacerlo dentro del término requerido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4364, tomo XLVI, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado"
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de enero de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de cuenta aparentemente signado por *****, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual solicita copias del último acuerdo recaído en el juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Antes de acordar lo que conforme a derecho corresponda, requiérase al promovente para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de la Materia, comparezca ante este Juzgado Federal, dentro del término de tres días, debidamente identificado en día y hora hábil, a ratificar el contenido y firma del ocurso que nos ocupa, toda vez que se advierte a simple vista diferencia entre la firma que calza dicho escrito y la que está plasmada en su escrito inicial de demanda y diversa promoción, lo que hace dubitativa la autenticidad de la que existe en el ocurso de cuenta; apercibido que de no hacerlo dentro del término requerido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 4364, tomo XLVI, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado"
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de enero de dos mil dieciocho. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue desechado; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente asunto se trata de un desechamiento de la demanda, no ha lugar a proveer respecto del incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; isto, el escrito signado por el quejoso ***, quejoso en el presente asunto, por el cual da cumplimiento al auto aclaratorio de demanda de cinco de diciembre del año en curso, e informa que tuvo conocimiento del acto que reclama el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, del ordenamiento citado en último término, agréguese a los autos el escrito de cuenta, ahora bien este juzgador se aboca al estudio minucioso de presente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: El oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/3427/2017 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, signado por la autoridad Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Y por identidad jurídica, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, se advierte que en atención al acto que pretende combatir, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, pues éste resulta ser: el oficio SSPC/UAJ/ACAyD/TGZ/3427/2017 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, signado por la autoridad Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico; mismo que le causa agravio al quejoso Andrés Pérez Gómez, pues aduce que en el mismo las responsables solo pretenden hacer el pago de salarios que comprenden del uno al diez de junio del año dos mil quince y el pago de aguinaldo proporcional del ejercicio fiscal del mismo año, no reconociendo en ningún momento la antigüedad de veinticuatro años por los que prestó su servicio a dicha institución y a lo que tiene derecho; acto que existe y es de conocimiento del quejoso, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Aquí, debe precisarse que el impetrante de amparo en su escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, manifestó que desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento de que existía el acto que reclama, pues refirió que en dicha fecha fue notificado del oficio SSPC/UAJ7ACAyD/TGZ/3427/2017, el cual de entre diversas manifestaciones la autoridad responsable, dejó a salvo sus derechos, para que de no haber sido pagadas las prestaciones referidas, se apersonara al Área de Recursos Humanos de esa dependencia, a solicitar el pago de las mimas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En consecuencia, si desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se ostentó sabedor del acto que reclama en la demanda que se analiza; es inconcuso que ésta resulta extemporánea, pues dicha aseveración tiene fecha cierta; debido precisamente a que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó tener conocimiento del acto reclamado, en el escrito de cuenta. De ahí, que se estime que la presente demanda no se presentó dentro del término de quince días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad y de Procesos Penales Federales en Cintalapa, Chiapas, hasta el día cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, tal como se advierte del sello de recibido de la misma, así como de la papeleta de turno de demanda, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo; se itera, la aquí quejosa se ostentó sabedora del acto combatido desde el treinta de octubre de dos mil diecisiete; por ende, desde esa data estaba en aptitud de ejercer su defensa, de ahí que es evidente que entre esa fecha, transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, es decir, de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Así, del presente expediente se advierte que el solicitante de amparo presenta su demanda el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; por tanto, es evidente que había fenecido los quince días que disponía la quejosa para promover el juicio de amparo en contra del acto precisado en líneas que anteceden. Lo anterior se robustece con el recuadro que en seguida se ilustra: OCTUBRE 2017 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-1 NOVIEMBRE 2017 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 2 3 4 5 6-2 7-3 8-4 9-5 10-6 11 12 13-7 14-8 15-9 16-10 17-11 18 19 20 21-12 22-13 23-14 24-15 25 26 27 28 29 30 DICIEMBRE 2017 DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado. / Días inhábiles. Días transcurridos Es aplicable al caso, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo no exige que el conocimiento de los hechos que constituyen el acto reclamado, se haya obtenido precisamente por virtud de una notificación rodeada de ciertas solemnidades, sino que simplemente se refiere al conocimiento de los hechos, cualquiera que haya sido la fuente o medio de información, y transcurrido el término de quince días, a contar de ese conocimiento, los actos deben tenerse como consentidos. Y por identidad de razón, el diverso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, conviene la jurisprudencia aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.
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