Andres Pedrero Jiménez
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andres Pedrero Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el veinticinco de septiembre del año en curso en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; y carece de relevancia documental, por lo que se establece como fecha probable el diez de noviembre de dos mil veintiséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés********************Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************/2023 en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el siete de agosto dos mil veintitrés,********************, promovió la instancia constitucional en que sea actúa********************Así, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión el acto reclamado, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado por el cual se admitió la demanda de derechos fundamentales, se hace consistir en: Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz: La omisión de dar contestación a los escritos presentados por el autorizado del aquí quejoso, el doce de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************/2022, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través de los cuales solicitó que el Juez responsable señalara fecha para la recepción de pruebas que menciona el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, como también solicitó la fecha para la audiencia que señala el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz********************Ahora, de las constancias anexas al oficio ******************** recibido en este Juzgado de Distrito el uno de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, rindió su informe con justificación, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior********************[.] Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación)********************Cobra aplicación la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución)********************En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad******************** La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija********************Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia********************En la especie, la parte quejosa reclama la omisión del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, de proveer respecto a los escritos presentados el doce de mayo de dos mil veintitrés, a través de los cuales solicitó que señalara fecha para la recepción de pruebas que menciona el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, e igualmente solicitó la fecha para la celebración de la audiencia que señala el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz********************Al respecto, de las constancias remitidas por el Juez responsable se advierte el siguiente acuerdo: En dicho acuerdo se observa que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, se pronunció respecto de los escritos presentados por la parte quejosa el doce de mayo del año en curso; señalando las diez horas del día dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que, en términos del artículo 302 del mismo ordenamiento, procedió a la preparación de las pruebas ofrecidas por el demandado******************** -aquí quejoso-******************** Asimismo, señaló las doce horas del día dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y escuchar a los menores y a las partes del juicio********************Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°********************Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"********************Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que, desde el veintinueve de agosto del año en curso, el Juez responsable acordó lo conducente respecto a las peticiones del impetrante del amparo, al haber señalado fecha y hora para la celebración de las multicitadas audiencias, las cuales dieron origen a los escritos de doce de mayo del año en curso (acto reclamado). Sin que sea óbice a lo anterior, que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que se haya notificado personalmente el auto de veintinueve de agosto del año en curso a la parte quejosa********************No obstante lo anterior, en este juicio de amparo se le dio vista con las constancias que contienen la respuesta en comento, mediante proveído de cuatro de los cursantes (foja 244)********************Por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca********************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 1845****************************************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva********************Ahora bien, es importante destacar que el sobreseimiento decretado en el presente sumario constitucional, impide el estudio de los conceptos de violación, pues éstos constituyen planteamientos relacionados con el análisis de fondo del asunto, al tratar de demostrarse la violación de los derechos de la parte quejosa por el acto reclamado, de manera que, el sobreseimiento deriva de una causa de improcedencia, la que es de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la ley de la materia********************Se invoca como sustento la jurisprudencia II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 70, Octubre de 1993, página 57, registro 214593: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, al momento de notificarle personalmente este proveído a la parte quejosa, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, le corra traslado con copia del informe justificado y sus anexos, remitido por la autoridad responsable********************Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, tomo IX, mayo de 1999, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 194060, de título y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 25/09/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés********************Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo ********************/2023 en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el siete de agosto dos mil veintitrés,********************, promovió la instancia constitucional en que sea actúa********************Así, del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión el acto reclamado, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado por el cual se admitió la demanda de derechos fundamentales, se hace consistir en: Del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz: La omisión de dar contestación a los escritos presentados por el autorizado del aquí quejoso, el doce de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************/2022, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través de los cuales solicitó que el Juez responsable señalara fecha para la recepción de pruebas que menciona el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, como también solicitó la fecha para la audiencia que señala el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz********************Ahora, de las constancias anexas al oficio ******************** recibido en este Juzgado de Distrito el uno de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, rindió su informe con justificación, a criterio de quien esto suscribe, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior********************[.] Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación)********************Cobra aplicación la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución)********************En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad******************** La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija********************Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia********************En la especie, la parte quejosa reclama la omisión del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, de proveer respecto a los escritos presentados el doce de mayo de dos mil veintitrés, a través de los cuales solicitó que señalara fecha para la recepción de pruebas que menciona el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, e igualmente solicitó la fecha para la celebración de la audiencia que señala el artículo 345 del Código Civil del Estado de Veracruz********************Al respecto, de las constancias remitidas por el Juez responsable se advierte el siguiente acuerdo: En dicho acuerdo se observa que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, se pronunció respecto de los escritos presentados por la parte quejosa el doce de mayo del año en curso; señalando las diez horas del día dieciséis de octubre del año dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que, en términos del artículo 302 del mismo ordenamiento, procedió a la preparación de las pruebas ofrecidas por el demandado******************** -aquí quejoso-******************** Asimismo, señaló las doce horas del día dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y escuchar a los menores y a las partes del juicio********************Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°********************Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"********************Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que, desde el veintinueve de agosto del año en curso, el Juez responsable acordó lo conducente respecto a las peticiones del impetrante del amparo, al haber señalado fecha y hora para la celebración de las multicitadas audiencias, las cuales dieron origen a los escritos de doce de mayo del año en curso (acto reclamado). Sin que sea óbice a lo anterior, que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que se haya notificado personalmente el auto de veintinueve de agosto del año en curso a la parte quejosa********************No obstante lo anterior, en este juicio de amparo se le dio vista con las constancias que contienen la respuesta en comento, mediante proveído de cuatro de los cursantes (foja 244)********************Por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca********************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 1845****************************************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva********************Ahora bien, es importante destacar que el sobreseimiento decretado en el presente sumario constitucional, impide el estudio de los conceptos de violación, pues éstos constituyen planteamientos relacionados con el análisis de fondo del asunto, al tratar de demostrarse la violación de los derechos de la parte quejosa por el acto reclamado, de manera que, el sobreseimiento deriva de una causa de improcedencia, la que es de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la ley de la materia********************Se invoca como sustento la jurisprudencia II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 70, Octubre de 1993, página 57, registro 214593: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, al momento de notificarle personalmente este proveído a la parte quejosa, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, le corra traslado con copia del informe justificado y sus anexos, remitido por la autoridad responsable********************Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 36/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, tomo IX, mayo de 1999, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 194060, de título y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes...
- Principal
Agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y anexo, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 72/2022, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe de cuenta y con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.
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