Andrés Pedraza Torres
Expediente 1118/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Andrés Pedraza Torres
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya impugnado la resolución de trece de noviembre de dos mil trece, por la cual este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Andrés Pedraza Torres, contra actos del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. Finalmente, con fundamento en el artículo 45 del cuerpo de leyes invocado en el párrafo que precede, remítanse por incompetencia legal, el oficio 3196/2013, del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; cuaderno de amparo donde obra escrito original de demanda, con escrito de presentación; acuerdo de veintidós de octubre del año en curso; certificación en términos del artículo 178 de la ley de la materia vigente y constancias de emplazamiento; además, diverso oficio sin número con el cual la autoridad responsable rinde su informe con justificación; cuatro copias de la demanda, y expediente 170/2012; así como copia certificada de la resolución de trece de noviembre de dos mil trece, dictada por esta potestad federal, al juez de distrito en turno en el Estado de Hidalgo, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. En el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES__ A).- AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE HIDALGO, por ser el encargado de administración de justicia en el estado y depende de los jueces de los distrito judicial en el estado de hidalgo (Ixmiquilpan Hidalgo)__ EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN CARRETERA MÉXICO PACHUCA 84.5 BOLUEVAR FELIPE ÁNGELES SIN NUMERO COLONIA VENTA PRIETA DE LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO__ B).- C. JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE IXMIQUILPAN, HGO, POR TENER CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE 170/2012 Y QUIEN DICTA SENTENCIA, DENTRO DEL MISMO PARA SU EJECUCIÓN__ .- EL C. JUEZ DE IXMIQUILPAN, HIDALGO, CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO EN AV. FELIPE ÁNGELES COLONIA CENTRO CALLE PRINCIPAL JUNTO AL CENTRO DE LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN, HIDALGO.__ .-ACTO RECLAMADO.__ EL INFUNDADO E INMOTIVADA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 170/2012 ANTE LA OMISIÓN Y VIOLACIONES QUE TRASCIENDE EL FALLO DE LA SENTENCIA SE PRETENDE EJECUTARLA, POR ELLO LA OMISIÓN DE LA ÉTICA, BUENA FE, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y SU PROTECCIÓN. (PROVISTO DE NULIDAD DE SENTENCIA QUE TRAE CONSECUENCIA POR HABER IMPERADO LA VIOLACIÓN DE ACTOS PROCESALES, motu proprio DEL JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE IXMIQUILPAN, HGO).". (sic) Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, tomada como un todo, se aprecia en el acto reclamado efectivamente es la sentencia de ocho de agosto del año en curso, dictada en el expediente civil 170/2012. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que dentro del juicio escrito familiar promovido por Marlén Cerroblanco Roque, en contra de Andrés Pedraza Torres, el ocho de agosto de dos mil trece, el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, emitió resolución condenando al aquí quejoso al pago del quince por ciento de su salario y demás prestaciones, por concepto de pensión alimenticia definitiva. Inconforme con lo anterior, Andrés Pedraza Torres, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 170 y 176 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de ocho de agosto de dos mil trece, emitida por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, dentro del expediente 170/2012, este tribunal colegiado considera que el mismo no tiene la naturaleza de sentencia definitiva para la procedencia del amparo directo, ya que en su contra procede el recurso de apelación. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por los ya apuntados preceptos legales de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de los actos impugnados, por no tratarse de sentencia definitiva, ni resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas por la fracción I del artículo 170 de la ley de la materia y, tampoco actualizarse las hipótesis contenidas tanto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, como en el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es claro que por falta de competencia legal, el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en su demanda de garantías. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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