Andrés Palomo Rodríguez

Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
51/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Andrés Palomo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. ...

  2. Principal

    --- Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 51/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, conviene precisar que, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado al delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, se hace consistir en la omisión de contestar el escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En esa guisa, DEBE DESECHARSE DE PLANO la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que textualmente indican: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los participantes tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De la porción legal transcrita se advierte que los órganos que tienen el carácter de autoridades responsables, con independencia de su naturaleza formal, son aquellos que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse tenga dichos efectos. Asimismo, que los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes que afecten derechos en dichos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que, con fundamento en una norma legal, pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para afectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro 161133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." También debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, determinó que existen tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, es decir, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición entre el estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercibilidad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, mediante el uso de sus facultades, venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se forman con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso se duele de la omisión de contestar su escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante el delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas. Sin embargo, el delegado antes citado no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior, atendiendo a su naturaleza jurídica y a las facultades que le otorga la Ley Agraria en sus numerales 134, 135 y 136, que son del siguiente tenor: "Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria. Artículo 135. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley." Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: I. Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo anterior, en asuntos y ante autoridades agrarias; II. Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo anterior en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley; III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria; IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes; V. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo; VI. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria; VII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos; VIII. Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente; IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda; X. Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que le deberá presentar el comité de vigilancia; y XI. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen. En efecto, la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la misma administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora conformante de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), cuyas funciones son de servicio social y defensa de los ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. Asimismo, como puede observarse del artículo 136 de la Ley Agraria, la Procuraduría Agraria tiene exclusivamente a su cargo el asesoramiento, representación, conciliación, estudio y proposición de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica del campo, denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento o responsabilidades de los funcionarios agrarios, y de inspección y vigilancia de sus asistidos. De todo lo cual, no se desprende que dicho organismo pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; de ahí que la omisión reclamada no le pueda ser atribuida en carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Robustece lo anterior, la tesis VI.2o.37 A, con registro 203033, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, página 991, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PROCURADOR AGRARIO, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Atento a lo establecido en los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria, la Procuraduría Agraria no es un organismo accesorio de la Secretaría de la Reforma Agraria, sino descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones son de servicio social y defensa de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mismas que esencialmente consisten, de acuerdo con lo dispuesto en el diverso artículo 136 del referido ordenamiento legal, en asesoramiento, representación, conciliación, estudio y proposición de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica del campo, denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento o responsabilidades de los funcionarios agrarios, y de inspección y vigilancia de sus asistidos; mismas que, además de otras se reiteran en el numeral 4o. del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria; de tal forma que del cúmulo de facultades que la Ley Agraria y el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, confieren al procurador agrario, no se desprende que tenga facultades decisorias, ni disponga de fuerza pública, por lo tanto, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del amparo, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así como la diversa, tesis XV.2o.1 A, con registro 203183, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, febrero de 1996, página 391, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO LO ES LA PROCURADURIA AGRARIA. CREADA MEDIANTE LA NUEVA LEY AGRARIA. La Procuraduría Agraria fue creada jurídicamente, según la nueva Ley Agraria como una unidad administrativa de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada en la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene a su cargo exclusivamente funciones de asesoría y defensa de los derechos de ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, nacionaleros y campesinos en general, según se desprende de los artículos 134 y 135 de la citada Ley. Consecuentemente, al carecer dicho organismo de facultades de ejecución, que de acuerdo con la doctrina del derecho público se requieren para tener el carácter de autoridad responsable, no puede considerarse como tal. Finalmente, no pasa desapercibido el contenido del precepto 24 de la Ley Agraria, que a la letra establece: Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. Sin embargo, en el caso concreto, la omisión de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa, no se advierte que se actualice en relación a una petición para efectos de lo contemplado en el aludido precepto, es decir: 1. un escrito signado por el comisariado ejidal, o por el consejo de vigilancia, o por a al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal; y 2. Que en dicho escrito se le haya solicitado a la Procuraduría Agraria que convoque a una asamblea. Esto es así, pues de la lectura realizada al ocurso cuya omisión de contestar reclama el impetrante (mismo que fue agregado como anexo a la demanda), se advierte que la petición inserta en dicho documento fue planteada por el quejoso, por propio derecho, y que además en el mismo solo se solicitó asesoría en diversos tópicos jurídicos en materia agraria, y no así la convocatoria a una asamblea; de ahí que en el caso que nos ocupa el Delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Guarda aplicación, a contrario sensu, la tesis VII.A.T.44 A, con registro digital 212932, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, abril de 1994, Página 418, que a continuación se transcribe: "PROCURADURIA AGRARIA, CUANDO TIENE LA NATURALEZA DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando este Tribunal Colegiado ha considerado que en términos generales la Procuraduría Agraria no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, adquiere esta naturaleza en los casos en que interviene de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Agraria, máxime cuando sobre este particular se le reclama violación a la garantía consagrada por el artículo 8o. de la Constitución General de la República." En tales condiciones, si la omisión reclamada no fue emitida por una autoridad para efectos del amparo, porque atendiendo a su naturaleza y origen no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas, es evidente que el juicio constitucional no es procedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida en el párrafo anterior, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ********************por ser notoriamente improcedente, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO Y FORMA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado solo para oír notificaciones a ********************por no tener registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin que pase desapercibido que el promovente anexó a su demanda, copia simple de la cedula profesional electrónica del aludido autorizado, sin embargo, dicho documento adolece de valor probatorio al carecer de certificación de funcionario autorizado, máxime que su contenido no resulta legible en cuanto a la integridad de la firma electrónica ahí asentada. Asimismo, en términos de los artículos 77 y 78 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "heliudpalomo", la consulta electrónica del presente juicio de amparo. Por tanto, se ordena al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que el usuario referido visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa. Finalmente, y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la notificación vía electrónica al promovente del presente auto, así como de las demás resoluciones jurisdiccionales que se emitan en el sumario, aun las de carácter personal. Robustece lo anterior la tesis I.1o.P.34 K (10a.), con registro 2017924, y rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano