Andres Ortiz Álvarez
Expediente 997/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Andres Ortiz Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ******* recurriera el auto de ocho de diciembre pasado, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del citado acuerdo, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y, que se negó la medida suspensional solicitada. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE 08 DE LOS CORRIENTES, POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SÍNTESIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que por auto de uno de diciembre actual, se tuvo a la Juez Tercera Menor Civil de esta ciudad rindiendo su informe justificado al que anexó copia certificada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil número M-1968/2015, promovido por XXXXX endosatario en procuración de XXXXX, contra el aquí quejoso XXXXX. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se desprende que el quejoso reclama la orden de requerimiento de pago, embargo sobre bienes de su propiedad, emplazamiento y su ejecución. Como antecedentes del acto reclamado refiere que el dieciocho de noviembre pasado, acudió a su domicilio una persona que dijo ser notificador de un Juzgado Civil de esta ciudad, a pretender ejecutar una diligencia de embargo de bienes de su propiedad, que no se llevó a cabo porque hubo oposición, pero amenazó con regresar con el uso de la fuerza pública y cerrajero; que posterior a ello, se apersonó en los juzgados civiles donde le negaron dar información ya que tenía que esperar a que lo emplazaran. Ahora, de las constancias que acompañó el juez responsable, con eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se advierten las siguientes actuaciones: a) XXXXX endosatario en procuración XXXXX, instauró el juicio ordinario mercantil número M-1968/2015, del índice del Juzgado Tercero Menor Civil de esta ciudad, contra el aquí quejoso, reclamando el pago de cinco mil setecientos cincuenta seis pesos con ochenta centavos ($5,756.80), como suerte principal, más intereses convenidos, el pago de gastos y costas de la y demás anexidades legales (F. 24-26). b) Por auto de treinta de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, radicándose bajo el expediente número M-1968/2015, ordenando requerir de pago al demandado y en caso de no verificarse se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas (F. 30). c) En cumplimiento a lo anterior, la Actuaria Adscrita a la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Celaya, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Garza número 102, letra D, colonia Los Álamos de esta ciudad, cerciorada de la veracidad domiciliaria, y virtud a no haber encontrado al demandado, aquí quejoso, procedió a dejar citatorio de espera para el día siguiente (F. 35 y 36). d) El dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Actuaria se abstuvo de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, ya que al acudir al domicilio del demandado, fue atendida por una persona del sexo femenino que dijo ser madre del buscado, quien se negó a permitir el acceso al domicilio, con lo cual dio cuenta al juez del conocimiento (F. 37). e) Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince, la Juez Tercera Menor Civil de esta ciudad, a petición de la parte actora, autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero a fin de cumplimentar lo ordenado en el auto de exequendo (F. 38). De lo que se estima que el acto reclamado deriva de la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil que aún no ha concluido. Ahora bien, de los ordinales 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es menester destacar, que no basta que un acto dictado dentro de juicio sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, puesto que para ello debe observarse, además, el principio de definitividad, es decir, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios, que procedan dentro del procedimiento natural, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página setecientos sesenta y cinco, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA." Igual de relevante resulta que la orden de embargo en un juicio ejecutivo mercantil, puede y debe ser impugnado por el demandado, mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334, del Código de Comercio, que establece que los acuerdos que no fueren apelables y los decretos, como aquellos en que se ordena el requerimiento de pago y embargo de bienes, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria. En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De ahí, que aun cuando la orden de embargo y su ejecución-que derivan de un juicio ejecutivo mercantil- tienen la característica de ser de imposible reparación, al no haberlos impugnado el quejoso ante el juez de instancia, mediante el recurso de revocación, el juicio deviene improcedente. Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a los dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del propio ordenamiento legal. Sobreseimiento que se extiende a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Partido de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios. Por lo que hace a los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles de Partido, Jueces Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto Menores Civiles, todos de esta ciudad, al no haber sido la autoridad que emitió o ejecutó el acto reclamado, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer respecto de los actos reclamados a las mismas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II del aludido ordenamiento legal. Para ello, resulta necesario trascribir el contenido de los artículos 61, fracción XVIII y 5º, fracción II de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del primer precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa de esta circunstancia derive de cualquier otro dispositivo de la ley que rige la materia que no se encuentre contemplada dentro de las restantes veintidós fracciones contenidas de dicho artículo. Con relación al segundo dispositivo legal trascrito, éste establece lo que debe entenderse por autoridad responsable, y reviste tal carácter aquélla que participa en la emisión o ejecución del acto reclamado, o bien, en su promulgación o publicación. En las relatadas circunstancias, se evidencia que a las citadas autoridades, no les reviste el carácter de responsables ya que negaron los actos que les atribuyó quejoso Andrés Ortiz Álvarez, y no se advierte su participación en la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y su ejecución reclamadas por aquél. Así las cosas, se arriba a la conclusión de que procede el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas con anterioridad, en virtud de que no participaron en la emisión de los actos reclamados, por lo que no puede considerarse como responsables en este asunto. Es necesario precisar, que no procede sobreseer el presente juicio constitucional en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que integran el presente expediente se advierte la existencia de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de dos mil cinco, Tomo XXII, Novena Época, visible en la página mil trescientos sesenta y tres, con registro 177141 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se estiman aplicables en tanto que no se oponen a los preceptos de la Ley de Amparo vigente. Por lo anterior, no será posible celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del quince de diciembre de dos mil quince (foja 4).
- Principal
Visto el INFORME JUSTIFICADO que rinde el JUEZ TERCERO MENOR CIVIL, con sede en esta ciudad, y constancias que acompaña para apoyar su informe; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **********, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando único, de esta resolución.
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