Andrés Odilón Sánchez Gómez
Expediente 695/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés Odilón Sánchez Gómez
Actuaciones
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso a), del capítulo séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido; se estima que el presente incidente de suspensión carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en uno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto del Acuerdo General entes citado: respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional y procédase a su digitalización. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del citado Acuerdo, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese el expediente, conservando la demanda y las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación de la misma, y el presente proveído. Haciendo constar el acuerdo desincorporación. Hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el sobreseimiento dictado en este juicio), haya recurrido el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables los tomos de pruebas remitidos en apoyo a sus informes justificados, consistentes en el crédito fiscal 46060 y el expediente ASE/RIM/0203/2015. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta número 26515/2020, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, al que anexa copia certificada del juicio de amparo ********************de su índice, promovido por ********************, del cuaderno incidental y tres tomos anexos; acúsese recibo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con número 695/2020. Ahora bien, advirtiéndose que en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se decretó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupe del crédito fiscal ********************, derivado del expediente ********************del índice de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; a efecto de que sea fallado por cuerda separada al diverso juicio del que deriva el testimonio de cuenta; este Juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Por cuerda separada manéjense el cuaderno incidental que en copia certificada remitió el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Fórmense por separado tres tomos de pruebas, formados uno con el crédito fiscal ******************** y dos relativos al expediente ********************, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, el que quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomos I, II y III de pruebas. Por otra parte, examinada en su integridad la demanda de amparo, y las constancias del expediente remitido por la autoridad declinante, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De la porción normativa transcrita, se colige que el juicio de amparo biinstancial es procedente, de manera excepcional, contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución final, sino que además, recaigan en derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. A propósito de los actos de ejecución irreparable, tanto los emitidos en juicio, como aquellos que derivan de un procedimiento en forma de juicio, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En atención a lo anterior, para que un acto pueda ser considerado de imposible reparación, debe afectar derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la libertad, etcétera. De esta manera, considerando que el acto reclamado al Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca y Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (ordenadoras) y Notificadores adscritos a dichos órganos ejecutoras), consiste en la imposición de multa, derivada del expediente ********************, que contiene el crédito fiscal ********************, derivado de la resolución de quince de octubre de dos mil quince; así como su ilegal notificación y actos de cobranzas; en sí mismos, no son actos de imposible reparación, dado que su emisión tiene por objeto requerir al quejoso el pago por concepto de un crédito fiscal y accesorios legales, equivalente a $********************. Por tanto, con su emisión, no se afecta materialmente algún derecho sustantivo que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente se traduce en un acto procesal tendente a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Con independencia de lo anterior, es importante precisar que tampoco se trata de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, en términos del numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sino que se trata de un acto intermedio dirigido a diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal, cuyos sujetos obligados son los aquí quejosos, por lo que tampoco resulta procedente el juicio constitucional. Ilustra lo anterior, la tesis III.2º.A.8ª, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en página 4600, libro IV, Enero 2012, tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo." Bajo ese contexto, es dable concluir que se actualiza la invocada causal de improcedencia, que impone desde luego, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, al tenor del numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso en su demanda de amparo, esto es, segunda Privada de Avenida Independencia, número 106, interior 2, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; autorizadas únicamente para esos efectos, a ******************** Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO... Número de expediente: 695/2020 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta número 26515/2020, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, al que anexa copia certificada del juicio de amparo ********************de su índice, promovido por ********************, del cuaderno incidental y tres tomos anexos; acúsese recibo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con número 695/2020. Ahora bien, advirtiéndose que en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se decretó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupe del crédito fiscal ********************, derivado del expediente ********************del índice de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca; a efecto de que sea fallado por cuerda separada al diverso juicio del que deriva el testimonio de cuenta; este Juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Por cuerda separada manéjense el cuaderno incidental que en copia certificada remitió el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Fórmense por separado tres tomos de pruebas, formados uno con el crédito fiscal ******************** y dos relativos al expediente ********************, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, el que quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomos I, II y III de pruebas. Por otra parte, examinada en su integridad la demanda de amparo, y las constancias del expediente remitido por la autoridad declinante, se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De la porción normativa transcrita, se colige que el juicio de amparo biinstancial es procedente, de manera excepcional, contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución final, sino que además, recaigan en derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas. A propósito de los actos de ejecución irreparable, tanto los emitidos en juicio, como aquellos que derivan de un procedimiento en forma de juicio, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En atención a lo anterior, para que un acto pueda ser considerado de imposible reparación, debe afectar derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la libertad, etcétera. De esta manera, considerando que el acto reclamado al Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca y Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (ordenadoras) y Notificadores adscritos a dichos órganos ejecutoras), consiste en la imposición de multa, derivada del expediente ********************, que contiene el crédito fiscal ********************, derivado de la resolución de quince de octubre de dos mil quince; así como su ilegal notificación y actos de cobranzas; en sí mismos, no son actos de imposible reparación, dado que su emisión tiene por objeto requerir al quejoso el pago por concepto de un crédito fiscal y accesorios legales, equivalente a $********************. Por tanto, con su emisión, no se afecta materialmente algún derecho sustantivo que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente se traduce en un acto procesal tendente a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Con independencia de lo anterior, es importante precisar que tampoco se trata de la última resolución dictada en el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, en términos del numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sino que se trata de un acto intermedio dirigido a diligenciar un mandamiento de ejecución de un crédito fiscal, cuyos sujetos obligados son los aquí quejosos, por lo que tampoco resulta procedente el juicio constitucional. Ilustra lo anterior, la tesis III.2º.A.8ª, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en página 4600, libro IV, Enero 2012, tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo." Bajo ese contexto, es dable concluir que se actualiza la invocada causal de improcedencia, que impone desde luego, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, al tenor del numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso en su demanda de amparo, esto es, segunda Privada de Avenida Independencia, número 106, interior 2, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; autorizadas únicamente para esos efectos, a ******************** Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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