Andrés o José Andrés Tapia Jiménez
Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrés o José Andrés Tapia Jiménez
- José Manuel Tapia Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 4544/2021, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan; atento a su contenido, en obvio de mayores dilaciones procesales, por la misma vía, remítanse copias certificadas de las principales constancias que integran el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del once de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación de diez de febrero del año en curso, practicada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que el quejoso ..., compareció a ratificar el contenido íntegro del escrito recibido el veintinueve de enero del año curso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por el cual el quejoso cumple con la prevención que le fue formulada por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativa a que precisara de manera clara el acto de aplicación respecto del Acuerdo Primero, Tercero, Cuarto y Primero y Octavo Transitorios del Dictamen con el Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza el Proceso de Consulta Pública del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán 2020- 2040, y la Publicación del Aviso Público sobre el inicio de mecanismos y calendario de esa consulta pública, publicado el once de noviembre de dos mil veinte, cuya entrada en vigor fue a partir del doce del mismo mes y año; además de indicar con qué cualidad o especial situación frente a los actos que reclamaba, promovía la demanda. No obstante lo anterior, analizada la demanda, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respecto de la demanda de amparo, virtud a que el acto reclamado consiste en: "DEL ACUERDO PRIMERO, DEL DICTAMEN CON EL PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA, DEL PROYECTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE MORELIA MICHOACÁN 2020-2040, Y LA PUBLICACIÓN DEL AVISO PÚBLICO SOBRE EL INICIO DE MECANISMOS, Y CALENDARIO, DE ESTA CONSULTA PÚBLICA" Ahora, los numerales previamente citados disponen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En la especie el acto reclamado en que en este apartado se analiza, como se anticipó, se hace consistir en: En el Dictamen con el Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza el Proceso de Consulta Pública, del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán 2020-2040, y la Publicación del Aviso Público sobre el inicio Mecanismos y Calendario de esa Consulta Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el once de Noviembre de dos mil veinte. En el caso concreto, el acto examinado en este apartado, no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que estos no afectan de manera directa derechos sustantivos Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender en los derechos sustantivos del quejoso, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, en su caso, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los actos de imposible reparación son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De esa guisa, es de precisar, que el acuerdo primero del dictamen de referencia dispone lo siguiente: "..PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Morelia autoriza el inicio del proceso de consulta pública del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, en los términos siguientes: I. El periodo de consulta pública será de 40 cuarenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo en el que se explicitan los mecanismos para que la población presente de manera impresa o vía electrónica al H. Ayuntamiento de Morelia las opiniones o sugerencias al proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, debiendo estar motivadas y fundadas atendiendo a la normatividad conducente. II. Atendiendo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán (CDUEM) se establecen los mecanismos de consulta siguientes: a) Ventanilla Permanente, para la recepción de opiniones y sugerencias de manera impresa o vía electrónica atendiendo a lo siguiente: 1. Para la recepción de manera impresa de las opiniones o sugerencias en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación de Morelia ubicadas y/o localizadas en la Avenida Camelinas, número 882 interior 2, en la Colonia La Loma de esta ciudad capital. 2. Para la recepción de las opiniones o sugerencias vía electrónica, durante el periodo establecido en el presente Acuerdo, en los formatos e instrumentos que se encuentren disponibles en la página de internet dispuesta y administrada por el Instituto Municipal de Planeación de Morelia, en la dirección: https:/ /implanmorelia.org/pmdu/ b) Su exhibición pública para revisión en las páginas de internet siguientes: 1. En la del H. Ayuntamiento de Morelia: http:/ /www.morelia.gob.mx/. 2. En la dispuesta y administrada por el Instituto Municipal de Planeación de Morelia: https:// implanmorelia.org/pmdu/ c) Su exhibición impresa para revisión, en días y horas hábiles que corresponda en las siguientes ubicaciones: . d) Foro de consulta popular con los representantes de los sectores privado, social y público en general que tengan incidencia en el desarrollo urbano para presentar el proyecto del Programa y recibir sus observaciones o sugerencias a realizarse en las instalaciones del Poliforum - Centro de Innovación Social de Morelia, ubicado en la Av. Guadalupe Victoria, número 2225, en la Colonia Lomas de Santiaguito en esta ciudad. Este Foro deberá ser convocado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Morelia, atendiendo al Código de la materia vigente en la entidad; e) Por lo menos, un par de foros más: uno donde se presenten y revisen los ajustes y/o modificaciones que se realizan al proyecto materia del presente, derivados del proceso de consulta y otro concluido el periodo de consulta establecido en el presente Acuerdo, para la presentación de la versión final del Programa materia del presente. Ambos a realizarse en las instalaciones del Poliforum - Centro de Innovación Social de Morelia, ubicado en el domicilio arriba citado: f) Audiencias Públicas de los tipos siguientes: . g) Por lo menos un par de reuniones intergubernamentales, a realizarse por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con las delegaciones de las secretarías del gobierno federal, y las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo vinculadas en la materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. III. El proceso de consulta deberá atender a la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. IV. Los foros y audiencias públicas deberán observar las medidas de mitigación y prevención del Covid-19, atendiendo por lo menos, a las siguientes medidas de seguridad y protección: . V. La exhibición pública a la que se refiere la fracción II incisos b y c, será por un término de 40 cuarenta días hábiles contados a partir del día de su exhibición y publicación en los medios electrónicos previstos. VI. El plazo para la presentación de sugerencias fundadas y motivadas será de 40 cuarenta días hábiles, contados a partir de la exhibición pública a que se refiere el numeral anterior. Las notificaciones que contengan las respuestas a las sugerencias antes citadas, serán realizadas por personal habilitado por este Ayuntamiento de Morelia. Se autoriza a la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Morelia a suscribir las respuestas fundadas y motivadas a que se refiere el presente punto y se le instruye para que las publique de manera impresa únicamente en el domicilio señalado en la fracción II, inciso a, numeral 1, del presente Acuerdo; y, en medio digital en las direcciones electrónicas señaladas en la fracción II inciso b, del presente Acuerdo, para que formen parte de la consulta pública materia de este. ." Por su parte, el artículo primero y octavo transitorios establecen: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. OCTAVO. Cumplidas las formalidades legales del proceso de consulta pública, se instruye a la Dirección del Instituto Municipal de Planeación de Morelia para que coadyuve con el Ayuntamiento en la elaboración de la versión final del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040 para su aprobación, si es el caso." En efecto, de la transcripción anterior se desprende que el Dictamen que en esta instancia se reclama, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de realizar una consulta pública con los lineamientos previamente transcritos, cuyo fin, una vez cumplidas cada una de las etapas de la misma, es la elaboración de la versión final del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, a través de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, quien coadyuvará con el Ayuntamiento de la propia ciudad, para tales fines. En el caso, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la naturaleza del acto no tiene carácter definitivo, pues, derivado de las consultas, se realizarán los ajustes y/o modificaciones al proyecto del programa municipal multicitado, lo cual se desprende del acuerdo primero, fracción segunda, inciso d), párrafo segundo, razón por la cual, el derecho adquirido que dice tiene, desde el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, consistente en la licencia condicionada para la fracción de uso de suelo para desarrollo con vivienda urbana unifamiliar con densidad media hasta 300 hab/ha en la fracción 1, y la ampliada licencia condicionada con uso de suelo para desarrollo con uso de suelo mixto habitacional comercial y servicios para conjunto habitacional de tipo de interés social hasta 300 hab/ha en la fracción 1, en el predio rústico identificado en su demanda de amparo, y que aduce, está excluido del plan, como área de recuperación, y no urbanizable, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte agraviada, pues, en atención a lo anteriormente razonado, dicho proyecto aún no constituye una norma general de carácter obligatorio, que de manera actual le cause un perjuicio material de sus derechos sustantivos, virtud a que el citado proyecto puede sufrir modificaciones, en atención a la consulta de mérito, y por tanto, carece de obligatoriedad hasta la aprobación de la versión final. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal. Se afirma lo anterior, en razón a que tal Dictamen, no puede considerarse un acto de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, pues los artículos 5, fracción I y, 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho Constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción Constitucional; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación a la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados, pues no se actualiza un perjuicio actual al no ser el acto reclamado un acto definitivo. Por tanto, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas citadas, se requiere que el acto o ley reclamados cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 280407, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, Página: 34, Quinta Época, que establece: "CONSULTAS. Las simples consultas que hagan las autoridades, no son actos que, en sí, puedan violar garantías individuales, puesto que no encierran ningún principio de ejecución." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se DESECHA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto del acto en este apartado examinado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha once de febrero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación de diez de febrero del año en curso, practicada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que el quejoso ..., compareció a ratificar el contenido íntegro del escrito recibido el veintinueve de enero del año curso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, por el cual el quejoso cumple con la prevención que le fue formulada por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, relativa a que precisara de manera clara el acto de aplicación respecto del Acuerdo Primero, Tercero, Cuarto y Primero y Octavo Transitorios del Dictamen con el Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza el Proceso de Consulta Pública del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán 2020- 2040, y la Publicación del Aviso Público sobre el inicio de mecanismos y calendario de esa consulta pública, publicado el once de noviembre de dos mil veinte, cuya entrada en vigor fue a partir del doce del mismo mes y año; además de indicar con qué cualidad o especial situación frente a los actos que reclamaba, promovía la demanda. No obstante lo anterior, analizada la demanda, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respecto de la demanda de amparo, virtud a que el acto reclamado consiste en: "DEL ACUERDO PRIMERO, DEL DICTAMEN CON EL PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA, DEL PROYECTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE MORELIA MICHOACÁN 2020-2040, Y LA PUBLICACIÓN DEL AVISO PÚBLICO SOBRE EL INICIO DE MECANISMOS, Y CALENDARIO, DE ESTA CONSULTA PÚBLICA" Ahora, los numerales previamente citados disponen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En la especie el acto reclamado en que en este apartado se analiza, como se anticipó, se hace consistir en: En el Dictamen con el Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza el Proceso de Consulta Pública, del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán 2020-2040, y la Publicación del Aviso Público sobre el inicio Mecanismos y Calendario de esa Consulta Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el once de Noviembre de dos mil veinte. En el caso concreto, el acto examinado en este apartado, no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que estos no afectan de manera directa derechos sustantivos Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender en los derechos sustantivos del quejoso, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, en su caso, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los actos de imposible reparación son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De esa guisa, es de precisar, que el acuerdo primero del dictamen de referencia dispone lo siguiente: "..PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Morelia autoriza el inicio del proceso de consulta pública del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, en los términos siguientes: I. El periodo de consulta pública será de 40 cuarenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo en el que se explicitan los mecanismos para que la población presente de manera impresa o vía electrónica al H. Ayuntamiento de Morelia las opiniones o sugerencias al proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, debiendo estar motivadas y fundadas atendiendo a la normatividad conducente. II. Atendiendo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y al Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán (CDUEM) se establecen los mecanismos de consulta siguientes: a) Ventanilla Permanente, para la recepción de opiniones y sugerencias de manera impresa o vía electrónica atendiendo a lo siguiente: 1. Para la recepción de manera impresa de las opiniones o sugerencias en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación de Morelia ubicadas y/o localizadas en la Avenida Camelinas, número 882 interior 2, en la Colonia La Loma de esta ciudad capital. 2. Para la recepción de las opiniones o sugerencias vía electrónica, durante el periodo establecido en el presente Acuerdo, en los formatos e instrumentos que se encuentren disponibles en la página de internet dispuesta y administrada por el Instituto Municipal de Planeación de Morelia, en la dirección: https:/ /implanmorelia.org/pmdu/ b) Su exhibición pública para revisión en las páginas de internet siguientes: 1. En la del H. Ayuntamiento de Morelia: http:/ /www.morelia.gob.mx/. 2. En la dispuesta y administrada por el Instituto Municipal de Planeación de Morelia: https:// implanmorelia.org/pmdu/ c) Su exhibición impresa para revisión, en días y horas hábiles que corresponda en las siguientes ubicaciones: . d) Foro de consulta popular con los representantes de los sectores privado, social y público en general que tengan incidencia en el desarrollo urbano para presentar el proyecto del Programa y recibir sus observaciones o sugerencias a realizarse en las instalaciones del Poliforum - Centro de Innovación Social de Morelia, ubicado en la Av. Guadalupe Victoria, número 2225, en la Colonia Lomas de Santiaguito en esta ciudad. Este Foro deberá ser convocado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Morelia, atendiendo al Código de la materia vigente en la entidad; e) Por lo menos, un par de foros más: uno donde se presenten y revisen los ajustes y/o modificaciones que se realizan al proyecto materia del presente, derivados del proceso de consulta y otro concluido el periodo de consulta establecido en el presente Acuerdo, para la presentación de la versión final del Programa materia del presente. Ambos a realizarse en las instalaciones del Poliforum - Centro de Innovación Social de Morelia, ubicado en el domicilio arriba citado: f) Audiencias Públicas de los tipos siguientes: . g) Por lo menos un par de reuniones intergubernamentales, a realizarse por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con las delegaciones de las secretarías del gobierno federal, y las dependencias y entidades del gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo vinculadas en la materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. III. El proceso de consulta deberá atender a la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. IV. Los foros y audiencias públicas deberán observar las medidas de mitigación y prevención del Covid-19, atendiendo por lo menos, a las siguientes medidas de seguridad y protección: . V. La exhibición pública a la que se refiere la fracción II incisos b y c, será por un término de 40 cuarenta días hábiles contados a partir del día de su exhibición y publicación en los medios electrónicos previstos. VI. El plazo para la presentación de sugerencias fundadas y motivadas será de 40 cuarenta días hábiles, contados a partir de la exhibición pública a que se refiere el numeral anterior. Las notificaciones que contengan las respuestas a las sugerencias antes citadas, serán realizadas por personal habilitado por este Ayuntamiento de Morelia. Se autoriza a la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Morelia a suscribir las respuestas fundadas y motivadas a que se refiere el presente punto y se le instruye para que las publique de manera impresa únicamente en el domicilio señalado en la fracción II, inciso a, numeral 1, del presente Acuerdo; y, en medio digital en las direcciones electrónicas señaladas en la fracción II inciso b, del presente Acuerdo, para que formen parte de la consulta pública materia de este. ." Por su parte, el artículo primero y octavo transitorios establecen: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. OCTAVO. Cumplidas las formalidades legales del proceso de consulta pública, se instruye a la Dirección del Instituto Municipal de Planeación de Morelia para que coadyuve con el Ayuntamiento en la elaboración de la versión final del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040 para su aprobación, si es el caso." En efecto, de la transcripción anterior se desprende que el Dictamen que en esta instancia se reclama, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de realizar una consulta pública con los lineamientos previamente transcritos, cuyo fin, una vez cumplidas cada una de las etapas de la misma, es la elaboración de la versión final del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2020-2040, a través de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, quien coadyuvará con el Ayuntamiento de la propia ciudad, para tales fines. En el caso, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la naturaleza del acto no tiene carácter definitivo, pues, derivado de las consultas, se realizarán los ajustes y/o modificaciones al proyecto del programa municipal multicitado, lo cual se desprende del acuerdo primero, fracción segunda, inciso d), párrafo segundo, razón por la cual, el derecho adquirido que dice tiene, desde el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, consistente en la licencia condicionada para la fracción de uso de suelo para desarrollo con vivienda urbana unifamiliar con densidad media hasta 300 hab/ha en la fracción 1, y la ampliada licencia condicionada con uso de suelo para desarrollo con uso de suelo mixto habitacional comercial y servicios para conjunto habitacional de tipo de interés social hasta 300 hab/ha en la fracción 1, en el predio rústico identificado en su demanda de amparo, y que aduce, está excluido del plan, como área de recuperación, y no urbanizable, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afecta los derechos sustantivos de la parte agraviada, pues, en atención a lo anteriormente razonado, dicho proyecto aún no constituye una norma general de carácter obligatorio, que de manera actual le cause un perjuicio material de sus derechos sustantivos, virtud a que el citado proyecto puede sufrir modificaciones, en atención a la consulta de mérito, y por tanto, carece de obligatoriedad hasta la aprobación de la versión final. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal. Se afirma lo anterior, en razón a que tal Dictamen, no puede considerarse un acto de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, pues los artículos 5, fracción I y, 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho Constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción Constitucional; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación a la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados, pues no se actualiza un perjuicio actual al no ser el acto reclamado un acto definitivo. Por tanto, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas citadas, se requiere que el acto o ley reclamados cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 280407, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, Página: 34, Quinta Época, que establece: "CONSULTAS. Las simples consultas que hagan las autoridades, no son actos que, en sí, puedan violar garantías individuales, puesto que no encierran ningún principio de ejecución." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se DESECHA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto del acto en este apartado examinado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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