Andrés Moyao Abarca

Expediente 248/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
248/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Andrés Moyao Abarca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito y anexo de cuenta presentado por Andrés Moyao Abarca, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 248/2019, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 437/2015, en el que solicita se señale hora y fecha para que tenga verificativo el requerimiento de pago y embargo. Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no produce efectos que sean de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; con lo que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En el caso, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Se asume así, en virtud de que el quejoso esencialmente se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento, y aun cuando alega violación al artículo 17 de la Constitución Federal, la omisión que reclama, es decir, la falta de acordar o proveer el escrito que presentó el doce de febrero de dos mil diecinueve, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero, en el que solicitó se señale hora y fecha para que tenga verificativo el requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 437/2015, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Lo que significa que el acto reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos de la quejosa, es decir, la falta del acuerdo correspondiente a su escrito no tiene consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, sino únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en la especie se actualice la excepción prevista en la jurisprudencia recién transcrita, esto es, que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito determinó que el estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia que se encuentra pendiente de publicación: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el caso, desde la fecha en que el quejoso refiere haber presentado su escrito (doce de febrero de dos mil diecinueve) al día de la promoción de este juicio de amparo (veintiuno de febrero de dos mil diecinueve), únicamente han transcurrido ocho días hábiles (sin contar los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, por tratarse de sábado y domingo); por tanto, es evidente que no han trascurrido el lapso de tiempo que estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considera la existencia de la dilación En ese sentido, el acto reclamado no constituye una dilación prolongada del procedimiento del que deriva el acto reclamado y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en esa guisa, el presente juicio de amparo deviene improcedente. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda presentada por Andrés Moyao Abarca. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal. Notifíquese personalmente.

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