Andres Morales Caute y Otros.
Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Andres Morales Caute y Otros.
- Andres Morales Caute
Actuaciones
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte TERCERO INTERESADA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno; consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el escrito signado por *** y ***. Pprocede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio, ya que por una parte, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que los quejosos son parte dentro del expediente de origen, dado que se les reconoció su personalidad, como lo refieren los peticionario de amparo, bajo protesta de decir verdad. En ese sentido, contra la notificación reclamada debió agotarse el medio de defensa ordinario tendente a revocar el acto lesivo. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, que dice: "Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por la fracciones II a V del artículo 41. III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones.". Por tanto, con el incidente de nulidad respectivo, se puede revocar, modificar o nulificar la notificación reclamada. A lo antes considerado, tiene aplicación la jurisprudencia III.1o.C. J/34, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con registro electrónico 185542, del rubro siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.". Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 187016, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, los quejosos refieren que interpusieron el incidente de nulidad de notificaciones, sin que la sentencia les fuera favorable; sin embargo, no indicaron la fecha en que interpusieron dicho incidente, ni la de la emisión de la interlocutoria correspondiente. Al respecto, debe destacarse que el acto reclamado lo constituye la notificación por lista, por la cual se notificó la fecha para que tuviera verificativo la segunda junta de herederos dentro del juicio sucesorio intestametario ***, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez; no así la resolución relacionada con el incidente de nulidad de notificaciones. No obstante lo anterior, tanto la notificación reclamada, como la resolución relacionada con el incidente de nulidad de notificaciones, no son actos que puedan considerarse como de imposible reparación, lo cual actualiza una segunda causa de improcedencia, como a continuación se expondrá. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En ese sentido, de los numerales preinsertos se advierte que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo que la notificación reclamada, constituye únicamente una violación a las leyes del procedimiento, impugnable al dictarse la sentencia definitiva en el procedimiento de origen. En efecto, la notificación reclamada no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. En efecto, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ley de la materia vigente, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006589, cuyo rubro refiere: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En la especie, resulta claro que la notificación reclamada, incluso la resolución relacionada con el incidente de notificación respectivo, no deben ser considerados como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, porque únicamente afectan derechos adjetivos, los cuales producen efectos intraprocesales, mismos que pueden ser reparados al emitir la sentencia que en su momento se llegue a emitir en el controvertido de origen. Por tanto, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Es aplicable al caso la jurisprudencia publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". En esas condiciones, si la notificación reclamada no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro de juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** y ***. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de cuenta; y como autorizados para tales efectos a los referidos en el escrito de cuenta, por así solicitarlo expresamente. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del ocurso inicial se advierte como dato de contacto el correo electrónico *** por lo que se tiene por señalado el medio electrónico a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a ***, por así solicitarlo expresamente. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 referido. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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