Andres Miguel Gómez
Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Andres Miguel Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista, la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, que sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio de amparo, promovido por Andrés Miguel Gómez con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en razón que en esta propia fecha en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados y, toda vez que no existe actuación pendiente de resolver, archívense los presentes autos incidentales como asunto concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no obra la constancia de notificación realizada a la parte quejosa, de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno; por tanto, a fin de no violentar en su perjuicio las reglas que rigen el procedimiento de amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que le notifique de manera inmediata, en su domicilio que indicó en su escrito inicial de demanda, el contenido de la referida sentencia, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, Andrés Miguel Gómez solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: «III. Autoridad o autoridades responsables. Fiscal General de la Republica. Delegado de la Fiscalía General de la Republica, en el Estado de México. Maestro Marco Tulio Muñoz Amezcua, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Cetro de Justicia Penal Federal en el Estado, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, quien actúa con carácter de Juez de Control. C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación en Chalco, Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación de Chalco, Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora en Chalco, Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Chalco, Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera Investigadora en Chalco, Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora en Chalco, Estado de México. Encargado de la Policía Federal Ministerial, de la Subsede de Chalco, Estado de México. Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de México. Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Suboficial de la Policía Federal Ministerial, en Chalco, Estado de México. IV. Norma general, acto u omisión que se reclama. La existente o inminente orden de aprehensión dictada contra el directo quejoso. La existente o inminente orden de cateo dictada en contra de un inmueble propiedad del directo quejoso. El existente o inminente citatorio dirigido al amparista a efecto de que comparezca a Audiencia Inicial. El cumplimiento o ejecución del mandamiento de captura, así como el del citatorio reclamado. No dar acceso al directo quejoso a cualquier carpeta de investigación que se siga en contra del ahora amparista o en las que se encuentre relacionado.» Segundo. Admisión de la demanda de amparo. En contra de los actos descritos la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, el que por auto del cuatro de septiembre de dos mil veinte, se registró con el número 651/2020-I; por tanto, se desechó la demanda por el acto consistente en «el citatorio dirigido al amparista a efecto de que comparezca a la audiencia inicia», al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Y, se admitió a trámite, por lo que hace a las órdenes de aprehensión, captura, cateo y el no dar acceso a la carpeta de investigación incoada en contra del quejoso; por tanto, se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe con justificación y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, fracción V y 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal. Segundo. Inexistencia del acto reclamado. Las responsables, agente del ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de Chalco, Estado de México, encargado provisional de la Policía Federal Ministerial en la Subsede Chalco, Estado de México, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México (quien niega los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión, captura, el no dar acceso a la carpeta de investigación incoada en contra del quejoso), encargado de despacho de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, director de amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por ausencia del Fiscal General de la República, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso la desvirtuara. En ese sentido, así deberá tenérsele, considerando que la parte quejosa no aportó medio de convicción conducente para desvirtuar dicha afirmación hecha por la responsable. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades señaladas en este considerando, por los actos que aquí se relacionan. Por otra parte, por así corresponder al estado procesal que guardan estas actuaciones de las que se evidencia que, ha trascurrido el plazo de tres días concedido la parte quejosa, por proveído del uno de octubre de dos mil veinte, para que precisara la denominación correcta y actual de las autoridades responsables que denominó como: «.agentes del Ministerio Púbico de la Federación Titulares de las Agencias Tercera y Cuarta Investigadora de Chalco y Suboficial de la Policía Federal Ministerial de Chalco, Estado de México.», no obstante de estar notificada y requerida para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva; por tanto, es inexistente y en términos del numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia se sobresee en el presente asunto por esta autoridad. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 52, del rubro: «AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.» Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las responsables, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México (por lo que hace a la técnica de investigación de cateo ordenada para practicarse en el domicilio ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Alfredo del Mazo, c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.2917736 - 98.9048368). Por tanto, así deberá tenerse para efectos del presente asunto. Por otra parte, el agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación en Chalco, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación en Chalco y agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de Chalco, Estado de México, fueron omisas en rendir sus informes de ley, no obstante de estar notificadas y requeridas para ello, como se evidencia de las constancias de notificación respectivas; por tanto, se presumen ciertos los actos que se les reclaman, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del acto reclamado, es conveniente hacer una síntesis de las constancias remitidas por la responsable que obran en la carpeta de investigación FED/MEX/CHAL/0003431/2020, a las que se le confiere valor probatorio por ser documentos públicos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su importancia destacan: Mediante denuncia anónima se hizo saber al representante social, que en el domicilio ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Agrarista (sic), c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, clandestinamente se vendía y almacenaba gas LP, de donde se desprendía un fuerte olor a gas, ocasionando problemas de salud, además del riesgo de una explosión. De esos hechos conoció el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación de Chalco, Estado de México, en la carpeta de investigación FED/MEX/CHAL/0003431/2020, en la cual se desahogaron los datos de prueba siguientes: Informe de investigación criminal terminación 7602/2020, de diecinueve de agosto de dos mil veinte, signado por Manuel Tadeo Camarena Porras, elemento de la policía federal ministerial. Entrevista de Jesús García Apolinar, de dieciocho de agosto de dos mil veinte, por el policía federal ministerial Manuel Tadeo Camarena Porras. Dictamen en materia de fotografía, folio 7573 de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitido por Zoraida Fuentes Trejo, perito de la Fiscalía General de la República. Dictamen en criminalística de campo, número de folio 7574, de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitido por Ricardo Castañeda Serralde, perito de la Fiscalía General de la República. Oficio UAJ-230/80218/2020, de veinte de agosto de dos mil veinte, en el que informa el Subdirector de Área de la Comisión Reguladora de Energía, dependiente de la Secretaría de Energía, que en el domicilio ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Alfredo del Mazo, c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.2917736 - 98.9048368, no cuenta con permiso para almacenar o comercializar gas LP. Oficio 0001002/2020, de veinticinco de agosto de dos mil veinte, el apoderado legal de Pemex Transportación Industrial y Pemex Logística formularon denuncia de hechos. Conforme a los anteriores datos de prueba el representante social, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el libramiento de la técnica de investigación de cateo. Así, por resolución del veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la técnica de investigación 102/2020, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, autorizó el cateo para el lugar ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Alfredo del Mazo, c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.2917736 - 98.9048368, con el objeto de asegurar objetos, instrumentos o producto del delito relacionado con el almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos. En veintinueve de agosto de dos mil veinte, se ejecutó la técnica de investigación de cateo en el lugar señalado, sin hubieran encontrado objetos, instrumentos o productos relacionados con el hecho delictuoso previsto en los artículos 8 y 9, fracciones II y III, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Hidrocarburos, procediendo a retirarse del lugar cateado. Por oficio CHAL-II-1054/2020 del veintinueve de agosto de dos mil veinte, en el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación de Chalco, Estado de México, informó al juez especializado que libró la técnica de investigación el resultado de la diligencia. Por acuerdo del diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el representante social informó al aquí quejoso, el resultado de la técnica de investigación y que el inmueble en cita no quedó asegurado. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse las causales de improcedencia, por ser de orden preferente, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo Ahora, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que hace a la orden y ejecución del cateo practicado en el domicilio ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Alfredo del Mazo, c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.2917736 - 98.9048368. En efecto, el artículo en comento dispone lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;. » De la literalidad de este precepto, se colige que debe decretarse el sobreseimiento de un juicio de amparo cuando se actualice una causal de improcedencia, y que dentro de éstas se encuentra la relativa a que el acto se haya consumado de modo irreparable. Los actos consumados de modo irreparable son aquellos en los que, habiéndose emitido o ejecutado, han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En ese orden de ideas, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de las garantías violadas por los actos reclamados, lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. En el caso en concreto, se reclama la orden y ejecución del cateo practicado en el domicilio ubicado en avenida Bella Vista S/N, colonia Alfredo del Mazo, c.p. 56577, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con coordenadas geográficas 19.2917736 - 98.9048368. Sin embargo, el veintinueve de agosto de dos mil veinte, se ejecutó la técnica de investigación de cateo en el lugar señalado, sin hubieran encontrado objetos, instrumentos o productos relacionados con el hecho delictuoso previsto en los artículos 8 y 9, fracciones II y III, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Hidrocarburos, procediendo a retirarse del lugar cateado. Como se observa, el acto que reclamó la parte quejosa ha dejado de tener vigencia, es decir, se ha consumado el acto que en su momento ordenó la autoridad señalada como responsable. Y, en el caso, no existe constancia de que haya trascendido alguna consecuencia de la práctica de la técnica de investigación, pues, no se encontraron objetos, instrumentos o productos relacionados con el hecho delictuoso previsto en los artículos 8 y 9, fracciones II y III, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Hidrocarburos, menos se haya asegurado el predio en cuestión. En ese contexto, la determinación que constituye el acto reclamado, se ha consumado de modo irreparable. Así pues, deviene imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental que, en su caso, se estimare transgredida, dado que de otorgarse la protección constitucional, no podría materializarse por no poder volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación acaecida, es decir, del mencionado acto que estuvo latente durante la práctica del cateo y sus consecuencias se consumaron de modo irreparable, lo que de suyo hace que se actualice la causal de improcedencia en estudio y, por ende, que deba sobreseerse en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, visible en la página 423, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar.» También tiene aplicación la tesis sustentada Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 484, del rubro y texto: «CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo.» En esa línea, debe recordarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece: «Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.).». Luego entonces se obtiene que la acción constitucional de ser un acto positivo (como lo es el caso que nos ocupa), es el de restablecer a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, hasta antes de que se cometiera la violación en su contra, de ahí que si en el particular el acto ya se realizó y dejó de surtir efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a establecer la improcedencia del juicio de amparo, pues se reitera, la técnica de investigación ya se ejecutó; de ahí, que a ningún efecto práctico llevaría emitir una concesión al respecto, al no ser materialmente dable la reparación de la violación de que se trata. Más, sino existen consecuencias que puedan causar alguna afectación al impetrante de amparo. Sirve de apoyo, por las razones que de ella se desprenden la tesis sustentada por la Primera Sala del máximo Tribunal del país, consultable el Semanario Judicial de la Federación, Volumen IX, Segunda Parte, Materia (s): Penal, Común, Sexta Época, página 12, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE (SENTENCIAS PENALES). El artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, y el 74, fracción III, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En consecuencia, si se consumó de un modo irreparable la sentencia reclamada, por haber cumplido el reo la pena impuesta, procede, de acuerdo con las disposiciones antes citadas, sobreseer en el amparo.". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sexto. Estudio del fondo del asunto. Como se dijo el agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación en Chalco, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación en Chalco y agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de Chalco, Estado de México, fueron omisas en rendir sus informes de ley, no obstante de estar notificadas y requeridas para ello, como se evidencia de las constancias de notificación respectivas; por tanto, se presumen ciertos los actos que se les reclaman, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Esto, en relación con los actos reclamados consistentes en la emisión de las órdenes de aprehensión, captura, y el no dar acceso a la carpeta de investigación incoada en contra del quejoso. Sin embargo, la parte quejosa no aportó ningún elemento de convicción que demuestre la certeza o inconstitucionalidad de esos actos. Por ello, no pueden considerarse que éstos sean violatorios de derechos en sí mismos, en razón de que para poder declararlo así, el quejoso debió necesariamente aportar constancias que así lo demuestren en este juicio de amparo, a fin de que este juzgador analizara las cuestiones de fondo planteadas por ella, toda vez que ante este supuesto, le corresponde a él la carga de la prueba, por lo que se reitera, tales actos no son violatorios de derechos fundamentales en sí mismos. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 8/99, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe recabar oficiosamente los medios de convicción que habiendo sido rendidos ante la responsable no obren en autos y estime necesarios para la resolución del asunto, debido a que esta obligación solamente surge cuando el juzgador, previo el examen de los actos reclamados, aprecia que le son de utilidad para resolver el juicio de amparo determinadas constancias o pruebas que sirvieron de base a la responsable para emitir los actos combatidos; pero no es obligatorio en el caso que se analiza; es decir, cuando las autoridades responsables omiten rendir su informe y la parte quejosa no exhibe las resoluciones reclamadas, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio de los actos reclamados. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 245, del Tomo V, Enero de mil novecientos noventa y siete, relativa a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama". Toda vez que asumir un criterio contrario equivaldría a ignorar lo establecido expresamente en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ante la falta del informe justificado de las autoridades responsables, cuando los actos reclamados no son inconstitucionales en sí mismos, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de la demostración de su existencia e inconstitucionalidad. Así también, es aplicable, la jurisprudencia VI.2oJ/308, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80 Agosto 1994, que refiere: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Por tanto, al no haber quedado acreditado que el acto reclamado resultó violatorio en perjuicio de la parte quejosa, de los derechos fundamentales que se aluden y, al no advertir este juzgado de Distrito que en el caso el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro Máximo Tribunal, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley o derecho humano fundamental que autorice a suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos al el agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación en Chalco, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación en Chalco y agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de Chalco, Estado de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 65, 124, 117 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Andrés Miguel Gómez, contra actos de las autoridades precisadas en el resultando primero, conforme a los razonamientos de los considerandos segundo y quinto. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrés Miguel Gómez, contra actos de las autoridades, preciadas en el considerando tercero, en términos del último éstos. Notifíquese como corresponda.
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