Andrés Michel González Rico
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andrés Michel González Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra constancia de notificación de la parte tercero interesada Elizabeth González Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, quien intervino en la causa penal 126/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos; por lo tanto, mediante oficio que se libre del presente proveído al que se adjunte copia de la sentencia emitida en autos, notifíquese tal resolución para los efectos legales que haya lugar. Por otra parte, respecto del sobre devuelto que contiene el oficio 20107/2023, dirigido al Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se advierte la leyenda "cargo correcto es Titular de la Policía Federal Ministerial"; por lo tanto, reexpídase dicho comunicado a la autoridad antes precisada, para estar en aptitud de proveer lo que corresponda sobre la firmeza del fallo dictado en autos. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de que se niegue a recibir el oficio en comento, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la ley de amparo, se tendrá por hecha la notificación de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 158/2023, promovido por Andrés Michel González Rico, contra actos del Licenciado Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Andrés Michel González Rico, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Acto reclamado: Licenciado Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estrado de Morelos, con sede en Xochitepec. La orden de aprehensión Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México. La ejecución y el cumplimiento de la orden de aprehensión. SEGUNDO. El siete de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 158/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo indirecto. La demanda de amparo es oportuna, en virtud de que el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Fecha del acto reclamado: Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado: Plazo para promover la demanda de amparo: Días inhábiles: 31 de enero de 2023 1 de febrero de 2023 Del 2 al 23 de febrero de 2023 4, 5, 6, 11, 12, 18 y 19 de febrero de 2023 Con base en el recuadro anterior, si la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber tenido conocimiento del acto reclamado el uno de febrero de dos mil veintitrés, el plazo para presentar la demanda de amparo indirecto transcurrió del dos al veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Entonces, si la demanda que originó este expediente fue presentada el dos de febrero de dos mil veintitrés, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la ley ya invocada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal; ilícitos cometidos en términos de los numerales 7, fracción II; 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal; orden de aprehensión emitida por Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, en el carácter de Juez de Control, en la causa penal 126/2021; así como su ejecución. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, en el carácter de Juez de Control, en su informe justificado, aceptó el acto reclamado, consistente en la emisión la orden de aprehensión dictada en contra de Andrés Michel González Rico, de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la ley ya invocada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal; ilícitos cometidos en términos de los numerales 7, fracción II; 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en la causa penal 126/2021. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la carpeta administrativa de origen, las cuales fueron remitidas como complemento al informe justificado, así como con el disco versátil digital (DVD), que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con la apreciación de las videograbaciones de las audiencias celebradas en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, se le otorga el tratamiento de una prueba documental pública que no requiere de una audiencia especial para su desahogo en términos de la jurisprudencia 1ª/J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". El Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, omitió rendir su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado que consiste en la ejecución de la orden de aprehensión reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, además de que quien resuelve tampoco advierte que se surtan los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se desprenden los siguientes antecedentes a la emisión de la resolución que se impugna: ? El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se libró orden de comparecencia en contra de Andrés Michel González Rico, por los hechos delictivos ya precisados, para llevar a cabo la audiencia inicial en donde se le formulará imputación, a las diecisiete horas con quince minutos del treinta y uno de enero de ese año. ? El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se emitió orden de aprehensión en contra de Andrés Michel González Rico, por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la ley ya invocada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal; ilícitos cometidos en términos de los numerales 7, fracción II; 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en la causa penal 126/2021. Dicha orden de aprehensión constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se actualiza una violación de naturaleza formal que causó un agravio a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que no se cuenta con la versión escrita de la audiencia de vinculación a proceso, lo que implicó una transgresión a las formalidades del procedimiento. Para un mejor entendimiento de este asunto es importante acudir al contenido de los artículos 52, 56 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen lo siguiente: "Artículo 52. Disposiciones comunes Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella". "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible". Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: [.] II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; [.] En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". De los artículos anteriores se advierte que los actos procedimentales serán resueltos en audiencia, las cuales se llevarán en presencia de las partes. Asimismo, se prevé que la autoridad judicial dictará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Para ello, se dispuso que determinadas resoluciones deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre las cuales se encuentra la de vinculación a proceso. Se dispuso que la resolución escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. En el presente asunto, de las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que obran en la causa penal 126/2021, no se acredita que se hubiere emitido la versión escrita de la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso. No pasa inadvertido el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el cual se hizo constar lo siguiente: "Con apoyo en los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición de la Fiscalía, por colmarse los requisitos constitucionales y legales, al haberse declarado sustraído de la acción de la justicia a ANDRÉS MICHEL GONZÁLEZ RICO, se libró orden de aprehensión en su contra por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la ley ya invocada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal; ilícitos cometidos en términos de los numerales 7, fracción II; 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal. "Cuyos términos fueron especificados en la audiencia relativa y en los puntos resolutivos de la orden. "Se deja constancia que la fundamentación y motivación que justifican la toma de decisiones que se asientan en esta actuación, se encuentra plasmada en el registro de audio y video que para tal efecto obra en el sistema integral de seguimiento de expedientes. "Así lo resolvió en audiencia privada Eduardo Antonio Velasco Treviño." Sin embargo, dicho auto no puede ser considerado como la versión escrita de la orden de aprehensión, ya que no contiene los motivos que sirvieron de sustento para dictar la orden de aprehensión que se reclama. En efecto, sólo se aduce en ese auto: ".al haberse declarado sustraído de la acción de la justicia a ANDRÉS MICHEL GONZÁLEZ RICO, se libró orden de aprehensión." En ese sentido, es insuficiente para tener por cumplidos los requisitos que establece el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior en el entendido que resulta esencial la versión escrita para garantizar a la parte quejosa, la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, con el propósito de que pueda ejercer su derecho a la defensa mediante la estrategia jurídica que considere pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P, del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice lo siguiente: "LA JURISPRUDENCIA 1ª/J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito". Ante la inexistencia de la versión escrita del auto de vinculación a proceso combatido, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Andrés Michel González Rico, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución cause ejecutoria, Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, en el carácter de Juez de Control, realice lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emita la versión escrita correspondiente, la cual deberá contener las consideraciones por las cuales determinó procedente emitir orden de aprehensión en contra de la parte quejosa, sin exceder el alcance del emitido oralmente, donde exprese aun mínimamente todos los requisitos formales destacados en la presente sentencia, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica al quejoso y para que en su caso, esté en condiciones de combatir esas decisiones, sin que afecte la validez de posteriores actuaciones. Sin soslayar que será hasta que se emita la versión escrita del acto reclamado y de que el quejoso promueva nuevamente un juicio de amparo, cuando se estará en aptitud de analizar la constitucionalidad de esa resolución. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Titular de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. En el entendido de que deberá expresar todos los requisitos formales conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica a la parte quejosa. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Andrés Michel González Rico, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy dieciocho de julio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 158/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Actos reclamados. El quejoso Andrés Michel González Rico, reclama de Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xochitepec, y otras autoridades, lo siguiente: ".la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, y por parte de la ejecutoras el cumplimiento a dicho mandamiento." SEGUNDO. Suspensión provisional. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Informes previos. El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xochitepec, y otras autoridades, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman, pues libró orden de aprehensión en contra del quejoso en la causa penal 126/2021, de su índice. Por su parte, respecto la autoridad ejecutora Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, debe decirse que a la fecha de la presente determinación, no obra constancia de notificación del oficio 3291/2023, por el que se le solicitó el informe previo; sin embargo, tal circunstancia no es impedimento para que el suscrito resuelva sobre la suspensión de conformidad con el artículo 142 de la ley de la materia. Por tanto se le tienen por presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman. SEGUNDO. Estudio de la procedencia de la medida cautelar. En ese sentido, se procede al estudio para determinar si en el caso debe concederse o no la suspensión definitiva de los actos reclamados. Primero, resulta importante destacar que la finalidad de suspensión en el amparo, en esencia, en conservar la materia de la litis y evitar al quejoso la materialización de daños irreparables. Por lo que hace al tema relativo a conservar la materia del juicio, esta busca que a través de la paralización de los actos reclamados, que no se ejecuten éstos en lo que el juicio de amparo es resuelto en forma definitiva. Por su parte, el evitar causar daños irreparables al quejoso, está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica del quejoso. Dicho lo anterior, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del citado ordenamiento legal, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso solicite la suspensión de los actos reclamados. Que dicha suspensión no se traduzca o implique perjuicio del interés social y contravenga disposiciones de orden público. Además, Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Es decir, la primera atañe a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y la segunda refiere al peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en el artículo 128 mencionado. Ahora, la modalidad de la suspensión que se analiza permite que con los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), y una vez que las autoridades rindieron su informe previo, el órgano de amparo pueda pronunciarse sobre la procedencia de la medida de forma definitiva, hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo en lo principal. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a las autoridades responsables, el auto en que quede firme la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 128 y 139 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, para el único efecto de que el quejoso al ser aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión, y a la del juez de la causa para la continuación del proceso que se le instruya, de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por Eduardo Antonio Velasco Treviño, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos con residencia en Xochitepec, Morelos, al rendir su informe previo expresó: "...son ciertos los actos reclamados toda vez que, en audiencia privada de treinta y uno de enero de este año, se libró orden de aprehensión en contra de Andrés González Rico, por su probable participación en la comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de la ley ya invocada; y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal; ilícitos cometidos en términos de los numerales 7, fracción II; 9, párrafo primero, y 13, fracción II, del Código Penal Federal. Con la precisión que el primer delito de los citados amerita prisión preventiva oficiosa." (énfasis es añadido) De lo anterior, se puede advertir que el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por el que se libró de aprehensión en contra del quejoso es considerado como grave y que contempla la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que justifica los efectos de la suspensión que ahora se concede. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 99, Tomo: XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo.". Sin que haya lugar a solicitar garantía alguna para su efectividad, pues la medida cautelar decretada no evita ni paraliza la ejecución de la orden de aprehensión librada por delitos grave, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable, por lo que no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida, pues ésta no aportaría al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal, sino por el contrario, favorecería a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni con la finalidad del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.6o.P.13 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1971, de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 126, 128, 136, 138, 140 y 168 de la Ley de Amparo, se resuelve: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Andrés Michel González Rico respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Felipe Prieto Soriano, mediante el cual solicita se remitan los autos al Tribunal de alzada para los efectos de que se inicie el trámite de inejecución de sentencia y realiza manifestaciones respecto a la falta de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. A lo anterior, se tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos a que haya lugar y con relación a su petición de remitir los autos para tramitar el incidente de inejecución, dígase que por el momento no se reúnen los extremos que señala el numeral 193 de la ley de la materia; asimismo, a la fecha se encuentra transcurriendo el término concedido a la responsable por auto de diez de mayo del año que transcurre, por lo que una vez que fenezca el mismo, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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