Andrés Méndez Hernández
Expediente 989/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés Méndez Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se negó la protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 989/2022 III-A, promovido por ***, en contra de actos de la Juez de Ejecución del Circuito Judicial de la Sierra Sur. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO El once de marzo de dos mil veinte, el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Región Sierra Sur recibió el oficio PJEO/CJ/JESM/4285/2019, a través del cual se le remitió el expediente de ejecución que se instruye en contra de *** con motivo de la ejecución técnica de la sentencia que le fue impuesta por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al resolver el toca 556-(II)/2001, relativo a la causa penal 117/1997, del índice del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio en riña y lesiones en riña, en el que se le condenó a la pena de cuarenta años de prisión, al pago de una multa por la cantidad de dos mil ochocientos ochenta pesos cero centavos, moneda nacional, así como al pago de la reparación del daño en la forma solidaria y mancomunada por un monto total de cuatrocientos catorce mil novecientos veintidós pesos con cincuenta centavos, moneda nacional. En dicho proveído, se ordenó formar carpeta de ejecución con número de registro 1756/2019 y se ordenó dar vista a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, se precisó a las partes que las actuaciones practicadas en la carpeta no se encontraban apegadas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, haciendo del conocimiento de las partes que el referido ordenamiento legal sería el aplicable y que lo no previsto, sería suplido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las Leyes Penales aplicables del Estado. De igual forma, se indicó que no se convalidaban los incidentes no especificados de remisión parcial de la pena, libertad anticipada bajo la figura de libertad preparatoria y prescripción del pago de la reparación del daño, por estar sustentados en legislaciones ya abrogadas; se le informó al sentenciado que puede solicitar los beneficios contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, siempre y cuando cumpla con los requisitos de procedencia; y, que para poder otorgar alguno de los beneficios en comento, resulta imprescindible que se haga el pago de la reparación del daño. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al sentenciado y a su defensor público solicitando se declare la prescripción de la reparación del daño; sin embargo, como su solicitud no se apegó a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se les previno para que corrigieran su solicitud, apercibidos que de no hacerlo, se desecharía de plano. Al no desahogar el mencionado requerimiento, el diecisiete de agosto posterior, se desechó de plano la solicitud de controversia de cuantificación de la reparación del daño. En proveído de catorce de julio del presente año, el sentenciado nuevamente solicitó la prescripción de la reparación del daño y promueve incidente de libertad preparatoria, en términos de los artículos 93 a 97 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Oaxaca; la Juez de ejecución responsable le indicó que no eran procedentes sus peticiones, porque no adjuntaba la prueba con la que pretendía justificar las controversias, no incidentes, ya que debería justificar los supuestos exigidos por la ley, es decir, debía ajustarse al procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Recalcó al sentenciado que debía promover las controversias conforme al procedimiento indicado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el hecho, derecho y prueba para acreditar cada uno de los hechos; asimismo, requirió a su defensa pública para que justificara realizar las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos por la ley y el sentenciado esté en condiciones de promover la controversia pretendida. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Andrés Méndez Hernández, presentó un escrito el cinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, segundo párrafo, 20, apartado B y 21, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que por auto de ocho de agosto del año en curso, admitió a trámite la demanda; se registró bajo el consecutivo 917/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en proveído de veinticinco de agosto pasado, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca se declaró legalmente incompetente por razón de turno y ordenó remitir el expediente a este órgano jurisdiccional, el que por auto de treinta del mes y año en cita, aceptó la competencia declinada, dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridad responsable. Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Acto reclamado. El acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de ejecución 1756/2019, en el que solicitó la prescripción de la reparación del daño y promovió incidente de libertad preparatoria, pero se le indicó que no eran procedentes sus peticiones. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, al precisar que si bien indicó que no era procedente abrir las controversias (no incidentes), ello fue en razón de que no estaban planteadas conforme los parámetros que exigen los artículos 122, 123 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mas no porque no fueran procedentes. Se corrobora lo aseverado con las constancias que anexó la Juez responsable a su informe de ley y a las requeridas por este Juzgado de Distrito, consistentes en el copia certificada del cuaderno de ejecución 1756/2019 del índice del Juzgado de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN Andrés Méndez Hernández, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que tiene la calidad de sentenciado en el cuaderno de ejecución de donde emana el acto reclamado. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado a la parte quejosa, personalmente, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, y esa notificación surtió efectos al día siguiente (veintidós de julio del presente año), conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco de julio al doce de agosto de dos mil veintidós, descontándose del cómputo los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, seis y siete de agosto del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el cinco de agosto de dos mil veintidós-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DE FONDO En esencia, el quejoso se duele que la Juez responsable no analizó a fondo sus peticiones y se limitó a decir que no eran procedentes. Sostiene que sí le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Ejecuciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Oaxaca, ya que es completamente ajeno a la Ley Nacional de Ejecución Penal, al habérsele dictado sentencia definitiva en dos mil dos y su proceso penal haya iniciado en mil novecientos noventa y siete; y por consecuencia, debieron admitirse las incidencias intentadas en los términos que los planteó. De ahí que estima incorrecto que la Juez de Ejecución lo conmine a elevar sus peticiones en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; aunado a que, en relación con la prescripción que solicita, ésta debió tramitarse de oficio. Son infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso. Se dice lo anterior, porque desde que se radicó el cuaderno de ejecución del que deriva el acto reclamado, la Juez responsable hizo hincapié en que mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de la pena y regular los medios para la reinserción social. Legislación que, conforme al artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Luego, indicó que en el diverso artículo tercero transitorio, se establece que a partir de su vigencia quedarán abrogadas las legislaciones federales y estatales que regulan la ejecución de sanciones penales, pero acotó que dichas normas podrían tener un efecto ultractivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues precisó que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su substanciación, de conformidad con la legislación aplicable al inicio de éstos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona, establecido en el artículo 1° Constitucional. Precisó que cuando se refiere a procedimientos, alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no había finalizado, mas no a aquellos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicarse forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Así, se estableció que la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de esos ordenamientos, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. Máxime que no influye el sistema en el que se sentenció a ***, al no existir restricción o impedimento para que se le pueda aplicar las disposiciones contenidas en la ley en comento. Es por lo expuesto con anterioridad, que la autoridad responsable indicó al aquí quejoso que las controversias (no incidentes) que realice en el cuaderno de ejecución, deben ser conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Incluso, en el acuerdo combatido, se ordenó requerir a su defensa pública para promoviera conforme a la multicitada ley, debiendo justificar las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo anterior. Precisándole que si bien no se acordó favorable su solicitud, no fue porque no fueran procedentes las controversias planteadas, sino que debían intentarse conforme a la legislación aplicable, esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XXXVII/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia penal, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, página 1255, con registro digital 2019817, que dispone: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS CONDENADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ PUEDEN SOLICITARLOS. Conforme a los artículos transitorios de dicha ley, la intención del legislador al emitirla fue derogar los distintos beneficios preliberacionales previstos tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las entidades federativas, para que sólo fueran aplicables los establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual forma, dispuso que los procedimientos que se encuentren en trámite a su entrada en vigor, deberán sustanciarse en términos de la legislación vigente al inicio de éstos, pero aplicando los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley nacional aludida, de acuerdo con el principio de mayor beneficio para la persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los beneficios preliberacionales, al constituir mecanismos de control jurisdiccional, no impactan en un tema procesal sino en un aspecto sustantivo al estar vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, de ahí que no sea aplicable la excepción contenida en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional que implementó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Por ende, si esos beneficios inciden en las afectaciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legislador considera necesaria para cumplir con los fines sustantivos de ésta, no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables a los solicitantes conforme al referido principio. Así, el referente para su otorgamiento que prevé esta ley, no radica en el sistema procesal en que fueron juzgados los peticionarios de la medida, sino en que ésta les sea más benéfica. Por lo tanto, en atención al régimen transitorio aludido y al principio de interpretación más favorable para la persona, los beneficios preliberacionales contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal sí pueden ser solicitados por personas condenadas bajo el sistema procesal penal tradicional, porque constituyen mecanismos de control jurisdiccional y no existe justificación alguna que permita negarles el acceso a los beneficios de los que actualmente gozan los sentenciados bajo el sistema procesal penal acusatorio oral, pues se encuentran en idénticas condiciones de reclusión." DECISIÓN Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a *** Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la Jueza de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de agosto de esta anualidad, remite copia certificada de las constancias que integran el cuaderno de ejecución ********************de su índice. Con su contenido dese visa a las partes. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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