Andres Martinez Perez

Expediente 340/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
340/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Andres Martinez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula, Chiapas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 2-A Tapachula, Chiapas; siete de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mediante la cual devuelve sin diligenciar el despacho 80/2019, orden 200/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar personalmente a la quejosa Andrés Martínez Pérez, el proveído de tres de abril del año en curso (fojas 22 a 30). Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Atento a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, Inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por lista el contenido del auto de tres de abril del año en curso, así como el presente, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    MESA 2-A EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE ANTECEDE DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE LO SIGUIENTE: Vista la cuenta, se tiene por recibido el oficio 8891, signado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el que remite los autos del juicio de amparo 363/2019-III de su índice, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 363/2019 de su índice, promovido por Andrés Martínez Pérez, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remite los autos del juicio de amparo en mención, al haberse declarado legalmente incompetente, para seguir conociendo del mismo, por las razones que manifiesta. Ahora bien, por cuanto que el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con sede en Tuxtla Gutiérrez, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo y resolver del juicio de amparo de referencia, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 340/2019 2-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. El promovente señaló como actos reclamados los siguientes: "PRIMER ACTO RECLAMADO: EL CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. "SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto de energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada responsable, quien ese basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagado, sin justificación alguna, fuera de toda lógica- jurídica- administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cueles NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resulta a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; Es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARIA EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirían cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL." Por lo que se advierte que la parte quejosa tiene contratado con el organismo que señaló como responsable, un contrato de adhesión de prestación de servicio y señala como actos reclamados el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica. En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, se obtiene, en atención a que la litis que plantea la parte promovente versa sobre actos derivados de la prestación y contratación de servicios de suministro de energía eléctrica, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado, que se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley en la materia y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 164/2011, visible a página 1089, tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: . Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistente en la orden de suspensión o corte de luz o suministro de energía eléctrica en media tensión, este juzgador aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad, como a continuación se verá. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia deriva de controversias suscitadas entre usuarios del servicios de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, teniendo, es decir, la litis planteada versa sobre consumo, cambio de medidores para medir éste, cobros y corte de servicios de suministro de energía eléctrica, por ello, teniendo que dicha dependencia no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades entre el prestador del servicio -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario, los que adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, la relación jurídica entre ellos no corresponde a la de autoridad y gobernado, porque el cobro de suministro de energía eléctrica no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, sino únicamente implica, en su caso, que la parte afectada deje de prestar el servicio contratado, sin que conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos; por tanto, el cobro del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Efectivamente, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118, primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo segundo, 45 y transitorio segundo, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en once de agosto de dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal. Asimismo se precisó que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Al respecto, conviene precisar el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio: "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [...] V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; [...] XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [...]". En ese tenor, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: [...] II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; [...]". En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por el impetrante de amparo revistan las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos que ejecutan las responsables, en relación con la parte quejosa, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se tratan de actos que se generaron por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 30/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, abril de 2018, registro electrónico 2016656, que dice: . De igual manera es aplicable a lo anterior, la tesis XLII/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1071, registro electrónico 2009410, que reza: . Igualmente es aplicable, la tesis de jurisprudencia J/4 K, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, fecha de publicación diez de octubre de dos mil catorce, libro 11, octubre de 2014, página 1338, registro electrónico 2007624, que señala: . Bien, cabe señalar que no es inadvertido para este juzgador, la existencia del control difuso de convencionalidad, en relación con la existencia de los derechos humanos previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, sin embargo, tales cuestiones no implican soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo, cuenta habida que el análisis de la interpretación de la norma bajo los principios citados sólo opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues no es factible determinar que todo acto reclamado que tenga o pudiera tener relación con un derecho humano, tenga que aceptarse su precedencia, inobservando el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al presente caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que prescribe: . Asimismo, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, registro electrónico 2005917, que expresa: . En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Andrés Martínez Pérez, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: . Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: . Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En consideración a que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 1ª Sur número 28 A, c.p. 980057, Pijijiapan, en Pijijiapan, Chiapas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno, con sede en Tonalá, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente auto al quejoso Andrés Martínez Pérez, en el domicilio antes precisado; asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del aludido proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. De igual manera, la aperciba que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sin ulterior proveído, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publique en los estrados del referido juzgado de conformidad con los artículos 26, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En el entendido de que dicha diligencia deberá practicarse en términos del artículo 27, fracción I, de la ley de amparo, el cual literalmente refiere: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente." En el entendido, que el fedatario de su adscripción deberá agotar todos los medios a su alcance para localizar el domicilio de la parte quejosa, a fin de evitar la dilación del presente juicio de amparo. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este Juzgado de Distrito, con las constancias de notificación respectivas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.

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