ANDRES MANUEL MEZA LEAL y Otros.

Expediente 950/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
950/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • ANDRES MANUEL MEZA LEAL y Otros.
  • ANA LUISA LEAL LESCRENIER y Otros.
  • Ana Luisa Leal Lescrenier

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, agréguese a los autos el comunicado de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción en la República Mexicana, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 950/2019-II-A; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.

  2. Principal

    SE REMITE INCOMPETENCIA

  3. Principal

    MESA II.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE BERNARDO MEZA LÓPEZ, ANDRÉS MANUEL MEZA LEAL, LUIS RODRIGO MEZA LEAL, PATRICIA LEAL LESCRENIER, POR SUS PROPIOS DERECHOS Y OSTENTÁNDOSE COMO MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "EL GRUPO CONGRESO NACIONAL CIUDADANO, AGRUPACIÓN CIUDADANA ACTIVISTA" (SIN PERSONALIDAD JURÍDICA MORAL), CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE:-- Se tiene por recibida la demanda de amparo formulada por Ana Luisa Leal Lescrenier, Bernardo Meza López, Andrés Manuel Meza Leal, Luis Rodrigo Meza Leal y Patricia Leal Lescrenier, por sus propios derechos y ostentándose como miembros de la asociación denominada "El Grupo Congreso Nacional Ciudadano, Agrupación Ciudadana Activista" (sin personalidad jurídica moral), contra actos del Presidente de la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de gobierno respectivo con el número 950/2019-II-A. INCOMPETENCIA. Una vez analizada la demanda de amparo, debe decirse que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo en cuestión, es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, para que un Juzgado Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, debe encontrarse dentro de su jurisdicción y que la ley lo faculte para resolverlo, con preferencia a los demás Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En esa misma vertiente, del análisis de la demanda de amparo, se constata que éste juzgado de distrito carece de competencia para conocer de dicho asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Los impetrantes de amparo, señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el procedo legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de la Nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las disposiciones que me afectan las de los artículos 5, 8, 14, 15, 126, 174, 190, 225, 227, 228, 229, 230, 231, y el artículo cuarto, sexto, transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; así como el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa; 3) La norma general denominada Ley Nacional de Extinción de Dominio por su sola entrada en vigor porque causa perjuicio a la aquí parte quejosa, consistente en la reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de agosto de 2019, el cual atribuyo a las autoridades responsables cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana. 4) el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil diecinueve) el cual atribuyo a las autoridades responsables Cámara de Diputados; Cámara de Senadores y Presidente de la República Mexicana." Asimismo, de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: El cuerpo de normatividades impugnada, es decir, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fue publicado el día nueve de agosto de dos mil diecinueve y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio del mismo ordenamiento; lo cual constituye un hecho público, notorio y de interés general; porque se trata de un acontecimiento que deriva de fuentes de información que la ley garantiza y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad pueda desconocer su contenido y alcance; asimismo, que dicha ordenanza se publicitó en diferentes medios de comunicación al alcance nacional. En ese contexto y dada la naturaleza de los actos reclamados, los cuales derivan la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, este Juzgado determina carecer de competencia para conocer del juicio de amparo promovido por los peticionarios de amparo, en contra de los actos y autoridades que han quedado precisados con antelación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo el cual expone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Ahora bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos segundo y sexto y 100 párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los numerales 68, 81, fracciones II, IV, VI, XVIII y XXIV, y 144, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, emitió el Acuerdo General 57/2009, que reformó el diverso 21/2009, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con jurisdicción en la República Mexicana. Dicho Acuerdo General 57/2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil nueve, entrando en vigor el día de su aprobación, en cuyo punto único determinó: "ÚNICO.- Se reforma el punto SEGUNDO del Acuerdo General 21/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de Funciones del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana, para quedar como sigue: (.) SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los Juzgados de Distrito en toda la República en el dictado de sentencias. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal." En esos términos, se desprende que se otorgó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, la especialización en materia de extinción de dominio, y dicho acuerdo debe interpretarse de manera generalizada, ya que la misma es incluida de carácter meramente enunciativa, más no limitativa, razón por la cual, a dicho órgano compete el conocimiento de los juicios de amparo que se promuevan contra actos relativos a la materia de extinción de dominio. Entonces, si en la especie, los actos reclamados derivan de normas generales, consistente en la publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que, por razón de materia, quien debe conocer de dicho asunto es el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 57/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de distrito declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Luisa Leal Lescrenier, Bernardo Meza López, Andrés Manuel Meza Leal, Luis Rodrigo Meza Leal y Patricia Leal Lescrenier, por sus propios derechos y ostentándose como miembros de la asociación denominada "El Grupo Congreso Nacional Ciudadano, Agrupación Ciudadana Activista" (sin personalidad jurídica moral). Por lo anterior remítase al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Competencia y Jurisdicción en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, el presente expediente a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, así como las copias de la demanda. Solicitándole a la autoridad federal de la manera más respetuosa, el acuse de recibo e informe sobre su determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este cuaderno de amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En el caso concreto, la parte quejosa no designó autorizados para el presente asunto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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