Andrés Maldonado Vázquez

Expediente 1357/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1357/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Andrés Maldonado Vázquez
  • Ricardo Eulalio Pérez Zarate, en su carácter de apoderado legal de

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los oficios con anexo, en atención a su contenido, se tiene al Presidente y Representante así como la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; rindiendo su informe justificado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto en lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen a las autoridades oficiantes designando como delegados a las personas que indican. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental consistente en copias certificadas del expediente laboral 02/2010, a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En atención a lo anterior, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo, en los supuestos en los que se reclamen actos dictados en ejecución de sentencia, procede únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Dicha previsión legal parte de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, al ser posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, pues de demostrarse que hubo la infracción legal y que dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas del quejoso. No obstante, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 108/2010, al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -previsto en la Ley de Amparo abrogada-, determinó que de manera excepcional la norma que regulaba la procedencia del amparo contra actos dictados dentro de juicio, dada su amplitud, podía aplicarse por analogía para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en aquellos supuestos en los que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Consecuentemente, se estima que tratándose de actos intraprocesales dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, de manera excepcional podrá determinarse la procedencia del juicio de amparo en aquellos supuestos en los que se actualice el supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio constitucional resulta procedente respecto de actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. A partir de las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. Sentado lo anterior, para mejor claridad en el sentido de la presente resolución, es necesario señalar los antecedentes descritos por el quejoso de los cuales se desprende lo siguiente: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala admitió la demanda que dio origen al juicio 02/2010. Seguido el trámite correspondiente, el veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Tribunal responsable emitió el laudo en el citado expediente laboral. Posteriormente por acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil quince y se procedió con la apertura del Incidente de Liquidación. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye la omisión por parte del tribunal laboral responsable en dictar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 02/2010 de su índice. Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues el acto reclamado consiste en la omisión dentro del procedimiento de ejecución de sentencia -laudo-, que no constituye la última resolución, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni aprueba el remate o la adjudicación del bien embargado. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo en que se actúa tampoco resulta procedente conforme a los parámetros establecidos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como ha quedado señalado, en la especie la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal responsable de pronunciarse respecto de su escrito en el que solicitó entre otras cosas, la declaración de que el laudo dictado en el procedimiento de origen ha causado ejecutoria, por lo que procede su ejecución; sin embargo, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa, como en el caso, respecto de la ejecución del laudo. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Por otra parte a mayor abundamiento tal y como se desprende del informe justificado que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El diez de los actuales, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió el acuerdo correspondiente al incidente de liquidación y señaló las catorce horas del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, para que tenga el verificativo de la Audiencia Incidental, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. En ese sentido, como quedó señalado con anterioridad y para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente recordar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye en la omisión de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 2/2010 del índice del Tribunal señalado como responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse el acuerdo, tal como quedó asentado en el acta correspondiente cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 2/2010 del índice del Tribunal señalado como responsable, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 2/2010 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada del acuerdo emitido el diez de enero de dos mil diecisiete, en el que el Tribunal responsable proveyó lo conducente en el expediente laboral 02/2010. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir el acuerdo dentro del expediente laboral 02/2010, en los términos apuntados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el escrito de Ricardo Eulalio Pérez Zarate apoderado legal de Andrés Maldonado Vázquez; mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, desahogando el requerimiento solicitado. Una vez precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, que promueve Ricardo Eulalio Pérez Zarate apoderado legal de Andrés Maldonado Vázquez; en contra del acto de los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y otras autoridades. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte como acto reclamado el siguiente: La omisión de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 2/2010 del índice del Tribunal señalado como responsable. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión, al no haber sido solicitado. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no los actos que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se hará efectiva una multa de trescientas unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto los actos que se les reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberán rendir sus informes justificados, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto del quejoso y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del diverso 251 de la ley de la materia. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Asimismo, se reserva proveer lo relativo al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente en cuanto hace a la copia certificada de la sentencia de amparo que solicita, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, en virtud que aún no obra dicha resolución.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de Ricardo Eulalio Pérez Zarate, quien se ostenta como apoderado legal de Andrés Maldonado Vázquez, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se le requirió a efecto de que: exhibiera copia certificada del documento idóneo con el que acredité su personalidad como apoderado legal de Andrés Maldonado Vázquez; precisara el acto o los actos que desea reclamar en el presente juicio, así como las autoridades a quienes se los atribute, y proporcionara el nombre y domicilio correcto de la parte tercero interesada. En atención a su análisis, por cuanto hace a la personalidad si bien el promovente acompaña diversas constancias a su escrito aclaratorio con el cual pretende justificar el carácter de apoderado legal; lo cierto es que con las mismas no acredita dicho carácter, pues a pesar de que el anexo que acompañó, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil quince, contiene un sello de cotejo, no basta con el referido sello pues este resulta insuficiente para acreditar dicha personalidad, toda vez que no se trata de una copia debidamente certificada por autoridad judicial. De lo anterior, resulta claro que no da cumplimiento al requerimiento formulado, dado que no exhibe copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, ni menos que haya elevado una petición a la autoridad responsable para efecto de que se certificara su personalidad. Por otra parte, respecto al diverso requerimiento consistente en: Precise el acto o los actos que desea reclamar en el presente juicio, así como la(s) autoridad(es) a quien(es) se los atribuye. Del análisis del contenido del escrito con el que se pretende desahogar la prevención formulada, se aprecia que señala las autoridades responsables y el acto que le atribuye a cada una, sin embargo no se tiene claro el acto que desea reclamar, como se advierte de la siguiente transcripción derivado del escrito aclaratorio del promovente. ... Lo anterior es así, debido a que nuevamente reclama la falta de dictado de acuerdo a través del cual se provea lo correspondiente a la ejecución del laudo y el trámite que se realice; asimismo, señala que realizó dicha petición a través del escrito de veintidós de septiembre de la presente anualidad. Por lo expuesto, es por lo que no pueden considerarse satisfechos los requerimientos formulados en autos. En tales condiciones, SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Por ello, toda vez que se advierte que el citado requerimiento fue notificado personalmente el siete de diciembre del año en curso (tal y como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada a foja 21 de autos), por lo tanto surtió efectos el ocho de diciembre siguiente; ahora bien, el escrito aclaratorio se presentó en la oficialía de partes de este juzgado federal (según se desprende del sello de recepción), el trece de los actuales, siendo este el tercer día del término que transcurre; en consecuencia, el promovente cuenta con dos días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído para desahogar en forma los requerimientos realizados. En el entendido que el término concedido en el acuerdo dictado el seis de diciembre del año en curso -cinco días- para que la parte promovente dé cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. Por tanto, se hace saber a la parte inconforme que una vez que esté notificada del presente acuerdo se reanudará el cómputo del tiempo restante con el que cuenta para que dé cumplimiento a los requerimientos de que se trata, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que intenta. Finalmente, se aprecia que el escrito con el que se pretende desahogar la prevención, contiene dos rubricas, sin que el promovente justifique dicha circunstancia, por lo que al momento de dar cumplimiento a la prevención formulada deberá realizar la aclaración correspondiente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano