Andrés Luviano Gutiérrez

Expediente 115/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
115/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Andrés Luviano Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto al disco compacto, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvase al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, quien lo remitió con su oficio de fecha veinticinco de marzo del año en curso. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 115/2019.R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno al Juzgado Sexto de Distrito, Andrés Luviano Gutiérrez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero. Juez Mixto de Paz del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con domicilio en esa ciudad. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación número Uno Auxiliar en la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con domicilio en esa ciudad. Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, con domicilio en esa ciudad. Ejecutoras Director General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. Comandante General de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en Zihuatanejo, Guerrero. ACTO RECLAMADO "La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, por auto de diez de agosto siguiente, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 709/2017; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Autoridades inexistentes. Por auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, tuvo por inexistentes a las autoridades designadas en la demanda como Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y Comandante General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, residentes respectivamente en Chilpancingo y en Zihuatanejo, por lo que se suspendió la comunicación a su respecto, de ahí que en la presente sentencia no se haga mayor pronunciamiento sobre las mismas. QUINTO. Remisión de los autos a este Juzgado. Por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, la Juez Sexto de Distrito consideró que no era competente para seguir conociendo del asunto, en razón de que la orden de aprehensión reclamada ya había sido motivo de escrutinio constitucional por parte de este Juzgado Octavo de Distrito, con motivo de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciocho en el juicio de amparo 714/2017 de este índice, por lo que por conducto de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, remitió el oficio 2443/2019 y los autos originales del juicio de amparo 709/2017 de su índice, a este órgano jurisdiccional, a efecto de que manifestara si aceptaba o no avocarse al conocimiento del asunto. SEXTO. Tramite del juicio de amparo en este Juzgado. En proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la comunicación oficial número 2443/2019 y los autos originales del juicio de amparo 709/2017 y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número de expediente 115/2019, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó notificar al tercero interesado Franco Monje Torres, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de un acto restrictivo de la libertad, cuyos efectos son de imposible reparación atribuible a una autoridad de naturaleza judicial, residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables ordenadoras Juez Mixto de Paz del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, así como el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Montes de Oca (denominación correcta de las señaladas como Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación número Uno Auxiliar en la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero y Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero) al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye consistentes en la emisión de una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Andrés Luviano Gutiérrez. Tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, el quejoso, no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, al rendir su informe con justificación aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la emisión en contra del aquí quejoso de la orden de aprehensión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, por su probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, en autos de la carpeta judicial número C-14/2017, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional. Además de tal reconocimiento, la responsable allegó al juicio en apoyo a su informe con justificación, copia certificada de las constancias que integran la referida carpeta judicial; dentro de la cual consta la orden de aprehensión que se combate. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, el suscrito resolutor estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, ello en razón de que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Andrés Luviano Gutiérrez el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, dentro de la carpeta judicial número C-14/2017, y su ejecución, y mediante oficio número SC-130/2019 recibido en acuerdo de veintiocho de marzo pasado, el referido Juez remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso de catorce de marzo de dos mil diecinueve, así como del acta de audiencia inicial y un disco óptico en formato DVD que contiene la audiencia relativa, decretado en contra del quejoso por el hecho que la ley penal señala como delito de homicidio calificado, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, dentro de la mencionada carpeta judicial. En efecto, el precepto en cita en la parte que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de garantías se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, siendo los elementos que la determinan: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete dictada por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, en la carpeta judicial número C-14/2017; sin embargo, a través del oficio número SC-130/2019, recibido en acuerdo de veintiocho de marzo pasado, el citado Juez remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso de catorce de marzo de dos mil diecinueve, así como del acta de audiencia inicial y un disco óptico en formato DVD que contiene la audiencia relativa, de los que se obtiene que la orden de aprehensión reclamada fue ejecutada el catorce de marzo del año en curso, por lo que se fijaron las diecinueve horas de esa misma data para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación en la que se determinó vincular a proceso al aquí quejoso Andrés Luviano Gutiérrez, por la probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 130 y sancionado por el artículo 132, en relación con el 147, fracción II, inciso b), todos del Código Penal del Estado, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros. Así las cosas, si se toma en cuenta que el oficio y documentales de referencia constituyen documentos públicos que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, no cabe duda que, en el caso, operó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la mencionada orden de aprehensión; ello, en atención a que no se puede decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de ésta sin afectar la nueva situación jurídica creada por el dictado del auto de vinculación proceso en contra del quejoso. Por ende, se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio, en razón de que es evidente que sí existe autonomía o independencia entre la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado y el auto de vinculación a proceso de referencia, ambas resoluciones dictadas en contra del aquí quejoso dentro de la carpeta judicial C-14/2017 del índice del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, ya que aun cuando se analizara la legalidad o constitucionalidad de aquélla, esta última resolución puede subsistir jurídicamente, con independencia de que el citado acto materia de este amparo resultara o no inconstitucional; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que se sobresee en el juicio por lo que hace a la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas a pie de página en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 115/2019 promovido por Andrés Luviano Gutiérrez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de lo establecido en los considerandos segundo y último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio enviado vía electrónica signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 135/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que fue enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notificara el inicio del presente juicio al tercero interesado Franco Monje Torres. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado; sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, por los motivos que expresa. Como a la fecha ha transcurrido el término de tres días que le fue otorgado al citado tercero interesado a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiere hecho así; por tanto, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para ese efecto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.Razón.- Las anteriores firmas corresponden al acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 115/2019.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia dentro de su adscripción, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, que indebidamente fue entregado en ese órgano jurisdiccional y que corresponde al cuaderno en que se actúa, a través del cual informa que se ejecutó la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso Juan Andrés Luviano Gutiérrez, siendo vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la cual se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, remitiendo copia certificada de las resoluciones de vinculación a proceso, medidas cautelares, acta de audiencia en la que fue vinculado a proceso y un disco compacto que contiene el audio y video de la citada audiencia, lo cual será tomado en consideración en la audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.Razón.- Las anteriores firmas corresponden al acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 115/2019.

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