Andrés Luciano Castro Ángel
Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Andrés Luciano Castro Ángel
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SU SINTESIS DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo en mención señala que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa, atendiendo por analogía, a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De una lectura integral a la demanda, se tiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso dentro del juicio ordinario civil con el número de expediente ***************, el cual consistente en el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de veintiuno de mayo del año en curso por no ser el medio de impugnación idóneo. En tal sentido, debe decirse que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta interpretada a contrario sensu, así como 170 y 171, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), constitucional transcrito, los cuales prevén: Ahora, de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende una regla genérica y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por el legislador como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de sus derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En cambio, la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en un juicio que tenga efectos de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y los Tratados Internacionales en los que México sea parte. Sobre esta temática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo algunos de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, tal y como se observa en las jurisprudencias visibles en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas ciento sesenta y cuatro y ciento cincuenta y siete, que respectivamente establecen: Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos reclamados consistentes en la resolución de treinta y uno de mayo del año en curso dictada dentro del juicio ordinario civil ***************, en donde se desecha el incidente de nulidad de actuaciones al no ser un medio de impugnación idóneo . Habida cuenta que tienen el carácter de intraprocesal dentro de dicho juicio ordinario civil, y no acarrea como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa. Máxime, que el acto reclamado al ser de naturaleza procesal, no afecta alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la vida, la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otras) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos fundamentales. Circunstancia que como ha quedado apuntado no ocurre en el caso pues la parte quejosa aún no tiene conocimiento si esa determinación resultará perjudicial a sus intereses, una vez emitido el fallo definitivo. En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los diversos 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, se establece cuáles son las violaciones cometidas dentro del juicio que deben ser impugnadas en amparo directo, así como los casos análogos a los previstos en todas sus fracciones, el cual dispone lo siguiente: El acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve no puede ser considerado como acto de imposible reparación, toda vez que tal acto sólo tiene como eventual consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y en todo caso los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una resolución favorable y de no obtenerla, podría promover el medio ordinario de defensa que corresponda o el amparo directo que promueva contra la resolución definitiva, haciendo valer tal cuestión como violación procesal dentro de los conceptos de violación que se planteen, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, el amparo indirecto no es la vía idónea para reclamar el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso en el que se le desechó a la parte quejosa el incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio ordinario civil con el número de expediente ***************. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento y se impugne a través del juicio correspondiente, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos, por lo que el acto que reclama de ninguna manera viola derecho sustantivo alguno, pues se insiste, tal figura es eminentemente procesal, impugnable si trasciende al fallo únicamente en la vía unistancial. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso, b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, ésta interpretada a contrario sensu, 170, 171, 172, y 217, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
La oficiante informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se requiere a la parte quejosa y a la autoridad oficiante a efecto de que comparezcan a realizar la entrega recepción del título de crédito de crédito con el pretende dar cumplimiento a dicha ejecutoria, para lo cual se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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