Andrés Lozano Hernández

Expediente 1000/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1000/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Andrés Lozano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ANDRÉS LOZANO HENRÁNDEZ. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovido por Andrés Lozano Hernández, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Ahora, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que ajuntó a su demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ANDRÉS LOZANO HERNÁNDEZ. Vista la certificación que antecede de la que se obtiene que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro del mes y año pasados, para que compareciera ante esta potestad federal a ratificar el libelo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho , mediante el cual trató de cumplir con la prevención efectuada en auto de doce del mismo mes y año, trascurrió del tres al siete de enero en curso; sin que compareciera a hacerlo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho proveído y, se tiene por no presentado el escrito en comento . Incumplimiento a la prevención Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de diciembre pasado , se previno a la parte quejosa para que cumpliera con lo siguiente: Aclare si el acto reclamado emerge del juicio ordinario civil 235/2015 o, bien, del diverso juicio ordinario civil 235/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Luego, supralíneas se advierte que en esta fecha se tuvo por no presentado el escrito mediante el cual el quejoso pretendió cumplir con la prevención de mérito; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se entiende que el acto reclamado emerge del juicio ordinario civil 235/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y se procede a hacer un análisis de la demanda de amparo del quejoso.  Precisión de actos reclamados. Resulta importante establecer que el estudio de la demanda de amparo se realiza en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo del promovente, revela que, en esencia, hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: a) La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 235/2015 que sobre acción real reivindicatoria promovió José Alberto Plascencia Guzmán en cuanto apoderado jurídico de Edelmira Plascencia Guzmán, frente a María Juana Martínez Cervantes ; y, como consecuencia de lo anterior. b) La orden de desposesión del inmueble ubicado en la calle Valle Dorado, número 212, colonia Miravalle de esta ciudad . Cuestiones previas. Determinado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".  Análisis de la improcedencia. En la especie, este juzgador considera que respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l, del artículo 5º, de la Ley de la Materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, el numeral 5°, fracción l, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De igual forma, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." Del precepto constitucional transcrito, en lo que interesa, se desprende que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, por quien tenga un derecho o un interés legítimo, siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico. En efecto, al juicio constitucional puede acudir cualquier persona que alegue tener un interés jurídico o legítimo, que sea vulnerado por el acto de autoridad reclamado; por lo tanto, en el caso, conviene precisar qué se entiende por interés jurídico y legítimo. Así, acorde a las interpretaciones que sobre el tema han realizado tanto los diversos Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o por medio de alguna de sus Salas, se tiene que los intereses de los gobernados se clasifican en simple o mera facultad, jurídico y legítimo, no obstante, atendiendo al caso en estudio, al tratarse de una determinación proveniente de un tribunal judicial en materia civil, sólo se abordará el análisis del interés jurídico. Lo anterior, debido a que de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia, la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo. Efectivamente, debe señalarse que el denominado interés jurídico es un concepto que se prevé tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo y que constituye, cuando el acto reclamado proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, uno de los requisitos que se deben cubrir en cumplimiento al presupuesto procesal de procedencia de la acción constitucional. Luego, por interés jurídico debe entenderse el derecho que asiste a un particular para reclamar un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De acuerdo con lo anterior y con el sistema previsto tanto por la fracción I del artículo 107 constitucional como por la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, no basta con afirmar que se afecta el interés del promovente, sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. Ahora, para estar en condiciones de determinar si el quejoso tiene interés jurídico para reclamar los actos que reclama consistentes en lo siguiente: a) La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 235/2015 que sobre acción real reivindicatoria promovió José Alberto Plascencia Guzmán en cuanto apoderado jurídico de Edelmira Plascencia Guzmán, frente a María Juana Martínez Cervantes ; y, como consecuencia de lo anterior. b) La orden de desposesión del inmueble ubicado en la calle Valle Dorado, número 212, colonia Miravalle de esta ciudad. En efecto, el quejoso reclama los actos antes enunciados, desde la perspectiva que debió haber sido llamado al procedimiento judicial debido a que ostenta la posesión jurídica y material de una fracción del inmueble reivindicado, en atención a que fue designado depositario judicial de dicho bien en el diverso juicio ordinario civil 1602/2007 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 149/2009, sostuvo que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6º de la Ley de Amparo. Además, dicho interés jurídico debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, como lo ha sostenido el Alto Tribunal de la Nación en los criterios siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Importa reiterar para los efectos del presente asunto, que conforme lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demostrar el interés jurídico debe acreditarse el derecho que se estima conculcado con anterioridad al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo. Es desde esa perspectiva que debe analizarse el contexto del problema jurídico planteado a fin de determinar si existe el interés jurídico alegado y, en su caso, si el acto reclamado produjo una afectación al mismo. En el caso, Andrés Lozano Hernández acude al presente juicio de amparo argumentando tener derechos posesorios sobre el bien inmueble ubicado en la calle Valle Dorado, número 212, colonia Miravalle de esta ciudad, bien inmueble respecto del cual existe una orden de entrega jurídica y material en favor del Edelmira Plascencia Guzmán, en virtud de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil 235/2015 que sobre acción real reivindicatoria promovió en contra de María Juana Martínez Cervantes, por tal motivo, se ostenta tercero extraño a dicho controvertido. En esas condiciones, el quejoso afirma que debió ser llamado a dicho juicio ya que con el mismo se vulneraron sus derechos posesorios que surgieron de su calidad de depositario judicial en el diverso juicio ordinario civil 1602/2007 del Juzgado Séptimo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Cabe referir que el propio quejoso refiere, bajo protesta de decir verdad, que el cargo de depositario judicial [que constituye el origen de los derechos posesorios que ostenta] se le tuvo por aceptado y discernido en auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. En ese orden, conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la figura del interés jurídico, el solo planteamiento del problema jurídico expuesto por el directo quejoso en el escrito inicial de demanda hace notoriamente improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. Esto se explica toda vez que de su narrativa de antecedentes del acto reclamado, vinculado con las constancias que acompañó a su escrito inicial, se desprende lo siguiente: I. Que ante el Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, se tramitó el juicio ordinario civil 235/2015 que sobre acción real reivindicatoria promovió Edelmira Plascencia Guzmán por conducto de su apoderado jurídico en contra de María Juana Martínez Cervantes; controvertido en el que se le condenó a esta última a la entrega real, material y jurídica del inmueble que el quejoso defiende en esta instancia constitucional. II. Como consecuencia de la sentencia dictada en dicho juicio, existe una orden de desposesión emitida en contra de la parte demandada en dicho juicio, misma que se proyecta sobre un bien inmueble del cual, a su decir, tiene derechos posesorios respecto de una de sus partes. III. Que dicho juicio se inició con la presentación de un escrito de demanda ingresado el diecinueve de marzo de dos mil quince ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán , en el cual se dictó la sentencia el catorce de junio de dos mil dieciséis . IV. El quejoso aduce tener el carácter de depositario judicial respecto del bien inmueble consistente en una fracción del predio rústico ubicado en la calle Valle Dorado, número 212, colonia Miravalle de esta ciudad, predio que, a su decir, se encuentra enclavado en el inmueble donde se proyecta la "desposesión" ordenada en el juicio ordinario civil 235/2015, del cual aduce ser tercero extraño. V. El quejoso aduce que le reviste la calidad de depositario judicial derivado del juicio ordinario civil 1602/2007 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mismo que fue promovido por Emilia Pilotzi Rodríguez contra Edelmira Plascencia Guzmán, en el cual, esta última fue condenada al pago de $722,827.00 (setecientos veintidós mil ochocientos veintisiete pesos moneda nacional) ; y para asegurar el pago dicha cantidad, se embargó un predio propiedad de Edelmira Plascencia Guzmán, que a decir del quejoso forma parte del inmueble materia del diverso juicio reivindicatorio en el cual se ostenta tercero extraño. VI. La, el quejoso aduce que le fue reconocida la calidad de depositario judicial del bien inmueble embargado en el juicio ordinario civil 1602/2007, a partir del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en que el Juez Séptimo de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, lo tuvo aceptando y discerniendo el cargo conferido por Emilia Pilotzi Rodríguez -parte actora en dicho juicio. De lo anterior se desprende de forma indudable que el derecho que aduce se vulnera con el juicio ordinario civil 235/2015, en el cual se ostenta tercero extraño, fue incorporado a su esfera jurídica en un momento posterior al surgimiento del juicio reivindicatorio. Esto se explica toda vez que la designación de depositario judicial que se le confirió al aquí quejoso dentro del juicio ordinario civil 1602/2007 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, fue realizada el pasado veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, momento en que ya había culminado el juicio en el que ostenta la calidad de tercero extraño. Así, las circunstancias antes anotadas revelan que el quejoso en el juicio de amparo en que se actúa carece de interés jurídico para reclamar en sede constitucional -con el carácter de tercero extraño natural- la falta de llamamiento al juicio ordinario civil 235/2015 que sobre acción real reivindicatoria promovió Edelmira Plascencia Guzmán por conducto de su apoderado jurídico en contra de María Juana Martínez Cervantes y, en vía de consecuencia la orden de desposesión que pesa sobre el inmueble ubicado en la calle Valle Dorado, número 212, colonia Miravalle de esta ciudad, del cual afirma encontrarse en posesión de una fracción. Lo que se estima en ese sentido en atención a que el derecho del cual aduce ser titular [poseedor en virtud de haber sido designado depositario judicial en diverso juicio], lo adquirió con posterioridad al surgimiento a la vida jurídica del juicio subyacente. En la inteligencia de que, como ha quedado precisado en el presente auto, para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la quejosa anterior al acto reclamado, así como la afectación a ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto de autoridad. Por ello, dado que el solo planteamiento del problema jurídico planteado por el quejoso evidencia que el derecho subjetivo que estima transgredido se incorporó a su esfera jurídica con posterioridad al inicio y conclusión del juicio ordinario civil 235/2015, en el cual se duele no haber sido llamado a deducir sus derechos, es notorio e indudable que quien promueve el juicio de amparo no cuenta con el interés jurídico para instar el presente proceso constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6º de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte quejosa también reclame las órdenes de desposesión que se proyectan sobre el bien inmueble citado, y que las mismas se dicten por parte del juez responsable en un momento posterior al veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Sin embargo, ello no actualiza el interés jurídico del quejoso para promover el presente juicio de amparo, toda vez que las órdenes de desposesión no se combaten por vicios propios, sino que las mismas se reclaman como consecuencia de no haber sido llamado al juicio subyacente. Esto se explica toda vez que el quejoso comparece ostentando la calidad de tercero extraño natural, figura jurídica que tiene como finalidad la protección del derecho de audiencia del gobernado ante actos de autoridad que incidan en su esfera jurídica. Así, el derecho que salvaguarda dicha figura [la del tercero extraño] es la relativa a ser oído y vencido en el juicio de donde emanan los actos de molestia, lo cual no podría ocurrir en aquellos casos en los que el derecho tutelado nació con posterioridad a que se desenvuelve el proceso jurisdiccional donde se otorga el derecho de audiencia a las partes contendientes. De ahí que las órdenes de desposesión que surjan con posterioridad al veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, no pueden ser combatidas por vicios propios, sino como consecuencia de la tramitación del juicio reivindicatorio subyacente y, por tanto, tales órdenes no pueden desvincularse de dicho procedimiento para ser analizadas en forma aislada. Por tanto, obvio resulta que aun y cuando en esta instancia constitucional el quejoso llegara a acreditar ser depositario judicial del bien inmueble a que alude en su demanda y que, a su vez, dicho inmueble se encontrara enclavado en el diverso inmueble materia del juicio subyacente, lo cierto es que a nada práctico conduciría admitir a trámite un juicio de amparo en que el quejoso no justifica el interés jurídico con anterioridad a la emisión del acto reclamado. Cuestión que sería contrario al principio tutela judicial efectiva, esto es, al derecho de todo gobernado que se administre justicia pronta y expedita, dado que jurídicamente no existe ningún escenario en el que el quejoso pueda acreditar el interés jurídico en forma anterior a la emisión del acto que combate en sede constitucional, pues su solo planteamiento conduce a considerar que el derecho que aduce vulnerado, fue incorporado a su esfera jurídica en un momento posterior al surgimiento del acto reclamado, lo cual a la postre llevaría indefectiblemente al sobreseimiento del mismo Lo anterior, se estima en ese sentido ya que si bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones que el interés jurídico puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional , también es cierto, que en el caso en estudio el quejoso afirma ser depositario judicial de un bien inmueble del que se le pretende desposeer; sin embargo, dicha afirmación parte de la premisa consistente en que tal derecho fue incorporado a su esfera jurídica con posterioridad a los actos reclamados. En ese orden, a nada práctico conduciría desenvolver un proceso jurisdiccional en el cual el quejoso ofrezca y desahogue pruebas para acreditar dicha afirmación pues, en el supuesto de que así ocurriera y en la secuela procesal demostrara sus afirmaciones, aun así no se tendría por demostrada la existencia el interés jurídico con antelación al acto reclamado. Lo expuesto guarda congruencia con la misma línea de pensamiento que guió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, que dio como resultado la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados -lo cual constituye confesión judicial de los hechos narrados-. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto los datos proporcionados por los quejosos en su demanda como la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción 61, fracción XII, en relación con el 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No pasa inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. La anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Dada la naturaleza de la causa de improcedencia señalada (extemporaneidad), resulta jurídica y metodológicamente innecesario abordar la diversa causa de improcedencia que también se aprecia, a saber, el acto reclamado no es de imposible reparación. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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