Andres Lopez Perez

Expediente 1336/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1336/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2017

Partes del expediente

  • Andres Lopez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA... ARCHÍVESE

  2. Principal

    Visto el escrito inicial de demanda que promueve Andrés López Pérez, contra el acto que reclama del Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otras autoridades; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El promovente Andrés López Pérez, como se advierte del escrito inicial de demanda, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA.- "Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo." EJECUTORAS.- Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, con residencia en Santiago Tianguistenco, México y Ejecutor del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, con residencia en Santiago Tianguistenco, México" ACTO RECLAMADO. "El acuerdo de admisión de demanda de fecha (07) siete de febrero del año (2013) dos mil trece, mismo que da origen al juicio ejecutivo mercantil número 181/13, promovido por el Lic. Jorge Miranda Jiménez y/o Juan Carlos Vázquez Libien, en su carácter de endosatarios en procuración de Esteban Javier Aguilar Ocadiz, toda vez que en dicho exequendo el C. Juez del conocimiento se extralimitó de sus facultades por no revisar de oficio el escrito de demanda como lo establece Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez como se desprende del documento base de la acción (pagaré), al reverso únicamente aparece una rúbrica, en la cual se ignora quien la estampó, por lo que no se encuentra ajustado en términos de los que establece el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (.) la orden de cumplimiento del exhorto número cincuenta y ocho de dos mil trece, que se mandó diligenciar (.)." DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que los actos reclamados en concreto son:  El acuerdo de admisión de demanda de siete de febrero de dos mil trece, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 181/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, promovido por el licenciado Jorge Miranda Jiménez y/o Juan Carlos Vázquez Libien, en su carácter de endosatarios en procuración de Esteban Javier Aguilar Ocadiz.  El cumplimiento de dicho auto, mediante el exhorto 58/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, con residencia en Santiago Tianguistenco, México. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. SEGUNDO. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 17 y 18, todos ellos de la Ley de Amparo, que estatuyen: En efecto, el artículo 61, fracción XIV, establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, siendo solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso [.]". De la interpretación, sistemática del precepto invocado, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo , se advierte que el juicio de derechos es improcedente en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos actos en contra de los cuales no se interponga la demanda de amparo dentro del término de quince días. Conforme a la intelección del artículo en mención, el término para promover la demanda de derechos es de quince días, que debe contarse de la siguiente manera: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. En virtud de lo anterior, se advierte que el término de quince días, con que contaba el promovente para presentar la demanda de derechos en contra del acto que reclama mediante esta vía, inició a partir del veinticuatro de abril de dos mil trece. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa acude reclamando, el acuerdo de admisión de demanda de siete de febrero de dos mil trece, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 181/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, así como su cumplimiento por medio del exhorto 58/2013 del índice del juzgado ejecutor (diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que aconteció el veinticuatro de abril de dos mil trece); datos manifestados en el capítulo de actos reclamados y capítulo de antecedentes; asimismo, por el hecho de que el promovente de la protección constitucional adujo que el juez de origen lo dejó en estado de indefensión, ya que lo declaró en rebeldía al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra con el argumento de que la firma del escrito de contestación que presentó en tiempo y forma no es de puño y letra del demandado (aquí quejoso). Máxime que en sus conceptos de violación, reitera nuevamente que no se le reconoció el escrito de contestación que presentó en tiempo y forma. Por consiguiente, si la demanda de derechos fue presentada hasta el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, dicha presentación resulta extemporánea, en virtud, de que de los antecedentes del acto reclamado, los cuales narró bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil trece, tuvo conocimiento del acto que aquí reclama, y por consecuencia, fue tácitamente consentido el acto reclamado por la parte quejosa, circunstancia que se robustece tomando en consideración que la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra. En conclusión, el termino de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de demanda, ha transcurrido en exceso. Siendo aplicable a lo anterior, las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCIÓN DEL. ", "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. " y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO EN DONDE SE ESTIMA QUE EL EMPLAZAMIENTO SE PRACTICÓ EN FORMA IRREGULAR. " En las relatadas condiciones, al no interponerse la demanda de derechos, dentro del término de quince días, a que se refiere el numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ni encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere en las fracciones I a IV del propio precepto legal, ni del diverso numeral 22 de nuestra Carta Magna, es decir no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro; por lo que es claro que la quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados, y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia analizada lo procedente es DESECHAR en el presente juicio por notoriamente improcedente. Por lo expuesto, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. " PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas Ramiro Aguilar Bernacho e Iván Villuendas Reza, por contar con el registro en el Módulo de Consulta de Registro de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal y los restantes abogados únicamente para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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