Andrés López Pérez
Expediente 1628/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1628/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/08/2016
Partes del expediente
- Andrés López Pérez
- Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, Chiapa de Corzo, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de julio del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo requerido; con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho auto y por tanto, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente."
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de julio del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo requerido; con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en dicho auto y por tanto, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 9611 (foja 290), la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a través del Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Primero del Ramo Penal, con sede en Cintalaoa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: El auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado dentro de los autos de la causa penal 180/2015, en que la responsable ordenó el desahogo de la prueba de interrogatorio a cargo de la menor quejosa Ahora bien, mediante resolución de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, dictado por este órgano de control constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] se concede a la disconforme el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje jurídicamente insubsistente el acto reclamado y en su lugar dicte otro siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución en aras de preservar el interés superior de la menor". ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 911 (foja 290), la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, a través del Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, remitió copia certificada del atestado de nacimiento a ********************, de la que se advierte que a la fecha adquirió la mayoría de edad; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, a través del Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en lo que interesa remitió copia certificada del atestado de nacimiento a ********************, de la que se advierte que a la fecha adquirió la mayoría de edad. En ese sentido, el efecto por el que se concedió el amparo y protección de la justifica federal en el presente asunto no puede cumplirse, surgiendo con ello, la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, dado que al adquirir la mayoría de edad la quejosa ********************, no podrían cumplirse los extremos de la ejecutoria de mérito, pues para el desahogo de la prueba de interrogatorio a su cargo cumpliendo aquél imperativo, es incuestionable que debe contar con la minoría de edad, hipótesis jurídica que dejó de existir ante aquella condición legal. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos expuestos por la autoridad responsable en relación con la imposibilidad jurídica para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó al Juez a dejar insubsistente el acuerdo reclamado, y en su lugar emitiera otro en el que para el desahogo de la prueba de interrogatorio a cargo de la disconforme se debería atender a los diversos instrumentos en materia de derechos de menores que se encuentran involucrados en procedimientos judiciales. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que durante el procedimiento de ejecución con motivo del desistimiento del procesado en la causa penal de origen, del interrogatorio que se practicaría al menor cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad, así como de la valoración psicológica ordenada en proveído de nueve de noviembre de dos mil quince, la violación cometida en contra de la impetrante de amparo desapareció. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia la suscrita procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo ha desaparecido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DEL OCURSO CON NÚMERO DE FOLIO 10384 En atención a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, a través del representante especial con su escrito con número de folio 10394 (foja 297), dígase que se esté a lo ordenado en párrafos que anteceden, pues se itera, al cumplir la mayoría de edad la disconforme ********************, hacen material y jurídicamente imposible cumplirse con los extremos de la ejecutoria de amparo de que se trata y por ende, imposibilita el estudio de los argumentos que vierte.
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