Andrés López Onofre

Expediente 349/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
349/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
09/04/2015

Partes del expediente

  • Andrés López Onofre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario General Encargado Temporalmente de la Dirección del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tapachico, Estado de México, por medio del cual, en atención al oficio 9168, rinde informe relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos; con dicho informe dese vista a las partes para los efectos legales conducentes, en términos de lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la ley de la materia

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que durante dicho plazo la parte quejosa hubiese recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ++; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías

  3. Principal

    ..notifíquesele a las parte quejosa los autos de referencia, así como los subsecuentes acuerdos, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal, lo anterior, hasta en tanto señale un domicilio diverso para tal efecto... EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR: Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Xxxxx, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México en contra del acto que constituye la resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil quince, dentro del expediente *** de su índice, por el que declaró no tener por ampliada la contestación de demanda. Conforme a lo indicado por el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente de amparo y regístrese bajo el número que le corresponda. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente bajo el número que le corresponda. Ahora, del escrito de demanda signado por Xxxxx, se advierte que el acto reclamado lo constituye el auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictado por la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el recurso de revocación, contra del auto dictado el diez de febrero del presente año en los autos del expediente ***, relativo al procedimiento especial sobre el divorcio encausado que solicitó en contra de ***, por el cual no se tuvo por ampliada su contestación, actuación que tiene el carácter de violación procesal, respecto de la que el juicio de amparo indirecto es improcedente; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.].". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.].". De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión que conforme al precepto de la materia, se establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Tal Jurisprudencia corresponde a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, y está localizable en la Gaceta de dicho Semanario, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Registro: 2006589, Instancia: Pleno, Página: 39, cuyo rubro y texto establecen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De acuerdo a lo anterior, resulta incuestionable que el acto reclamado consistente en la resolución dictada en veinticuatro de febrero del presente año, dentro del recurso de revocación en contra del auto de diez de febrero del presente año, en los autos del expediente ** relativo al procedimiento especial sobre el divorcio encausado que solicitó en contra de ***, dictado por la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se trata de un acto emitido dentro de juicio que no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual al quejoso, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, dado que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que el demandado en el juicio de origen, aquí quejoso, obtenga una sentencia favorable al resolverse el juicio de origen que se ventila ante la responsable; con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que le hubiese causado el acto reclama; y, de no ser así, el acto que aquí reclama, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que decida dicho juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 fracción III de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.].". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.].". Lo resaltado es propio. En efecto, de la cita que antecede, en la parte que interesa, se aprecia que en los asuntos del orden civil se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entre otras hipótesis, cuando las pruebas se desahoguen en forma contraria a la ley; sin embargo, lo que en esta vía Constitucional se reclama es la resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil quince, dentro del expediente 731/2014 de su índice, por el que declaró no tener por ampliada la contestación de demanda; argumentando el impetrante que dicho acto es violatorio de sus garantías individuales. Ahora, de acuerdo a los preceptos transcritos, se advierte que el acto que en esta vía se reclama, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable, la cual en caso de ser contraria, podrá hacerlo valer mediante el amparo directo que en su caso, llegara a promover contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, toda vez que es en dicha sede constitucional donde deberá hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, al tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro señala: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORANEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ" Lo que además es acorde con la Jurisprudencia I.11o.C. J/14 emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia(s): Común, Página: 1283, Registro: 168406, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO CUANDO NO AFECTAN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. Tales criterio resulta aplicable sin soslayar que se refiere a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido del artículo 158 al que hace referencia, ahora está reflejado en el numeral 170 de la ley vigente, citado en párrafos precedentes; con la precisión que el artículo 107 de la ley actual, el legislador definió que debe entenderse por actos de imposible reparación; empero, al no realizar en dicho criterio una interpretación diversa a la precisada en líneas previas, continúa siendo aplicable. En este orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, así como con el 107, fracción III, inciso b), contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. En otro orden de ideas, con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que designa, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Luego, atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes la razón actuarial que antecede, en la que la funcionaria Judicial de la adscripción expone su imposibilidad para notificar al quejoso, el proveído de nueve del presente mes y año. Por los motivos que expone, túrnense nuevamente los autos a la Actuario Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, para que se constituya en el domicilio del solicitante del amparo aludido con anterioridad, en diversos horarios a los asentados en la razón de cuenta, a efecto de hacer de su conocimiento el proveído señalado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de quince de octubre de dos mil catorce se tuvo por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos del mismo mes y año, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por la que declaró firme la sentencia recurrida. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en atención a la solicitud realizada por este órgano jurisdiccional remitió copia certificada de las constancias relativas al expediente 79/2011, del índice del Juzgado Quinto (antes Séptimo) Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como del toca 04/2013, las cuales obran de dos legajos de pruebas por separado; por tanto, devuélvanse a la superioridad, para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo respectivo. De igual forma, considerando que en el presente cuaderno se encuentran glosadas las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes del toca 4/2013, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; previo desglose y sustitución por copias debidamente certificadas, devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo.

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