Andrés López Ochoa

Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
224/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Andrés López Ochoa
  • Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Con Residencia En la Ciudad de México.

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo 10/02/24 10:04:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.05 CAROLINA ISABEL TIRADO JIMENEZ JUICIO DE AMPARO 224/2020 4 vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. III. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus 10/02/24 10:04:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.67.05 CAROLINA ISABEL TIRADO JIMENEZ JUICIO DE AMPARO 224/2020 5 datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento, se precisa en el presente expediente no existe ningún documento original por devolver a las partes. VIII. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Confirma interlocutoria. Visto el oficio que suscribe el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, en la revisión incidental 104/2020 de su índice, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Queda firme la parte no impugnada, conforme lo precisado en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia del recurso, se CONFIRMA la resolución recurrida. TERCERO. Se concede a Andrés López Ochoa, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los diversos actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, conforme se expuso en el resolutivo segundo de la interlocutoria recurrida." II. Acuse recibo y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. III. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario de la adscripción que corresponda.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veinte, en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en Mazatlán, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México. Administrador Central de Fiscalización Estratégica, en la Ciudad de México. Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1", en Culiacán. Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2", en la ciudad. Actos reclamados: La violación al derecho a la salud, por seguir ejecutando la revisión de gabinete, incrementando con ello la probabilidad de exposición y transmisión del virus causante de la enfermedad Covid-19, arriesgando la saludo o incluso la vida de los quejosos en caso de contraer la enfermedad. La omisión de cumplir con el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y su acuerdo por el cual se modifica su artículo primero, fracción I" de treinta y uno de marzo y de veintiuno de abril, ambos de dos mil veinte. La omisión de emitir el acuerdo para suspender temporalmente los plazos de las facultades de comprobación debido a la contingencia derivada del COVID-19. La omisión de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. La omisión de cumplir con el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por la autoridad sanitaria y publicado el treinta de marzo de dos mil veinte. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración, el quince de mayo de dos mil veinte se admitió la demanda, se requirieron los informes justificados, se declaró la ausencia de tercero interesado, se ordenó a dar vista a la representante social adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el juicio, conforme a los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La trasgresión al derecho a la salud por seguir ejecutando la revisión de gabinete, con posterioridad al "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", emitido por la autoridad sanitaria y publicado el treinta de marzo de dos mil veinte. La omisión de emitir el acuerdo para suspender temporalmente los plazos de las facultades de comprobación debido a la contingencia derivada del COVID-19, así como la omisión de ordenar su publicación, y en consecuencia, la abstención de seguir actuando en contravención al "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y su acuerdo por el cual se modifica su artículo primero, fracción I" de treinta y uno de marzo y de veintiuno de abril, ambos de dos mil veinte. Esos son los actos destacados que se les reclama a las autoridades responsables hacendarias en el ámbito de sus competencias, que derivan del análisis íntegro del expediente, todo ello, porque el cúmulo de manifestaciones expresadas por la parte quejosa se subsumen en dos cuestiones torales: 1) La continuación de las facultades de comprobación pese a la declaración de contingencia sanitaria -lo que a su decir conlleva un riesgo implícito a la salud-; y, 2) la omisión de suspender los plazos para ese ejercicio de fiscalización, ello, a sabiendas que existen diversos acuerdos generales que regulan lo relativo a las actividades esenciales y su funcionamiento, durante la emergencia derivada del virus SARS-Cov2. Así, es dable afirmar que todas las demás manifestaciones expresadas en la demanda, incluso las relativas a la necesidad del trámite urgente de la misma, quedan comprendidas en los dos actos que se han destacado y los cuales serán materia, en su caso, de análisis constitucional. TERCERO. Inexistencia de actos. Respecto al primer acto destacado, esto es, la trasgresión al derecho a la salud por seguir ejecutando la revisión de gabinete, con posterioridad al "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", emitido por la autoridad sanitaria y publicado el treinta de marzo de dos mil veinte; es imperioso definir a quién corresponde la carga de probar su existencia. Una carga procesal es la situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta facultativa establecida en interés del propio sujeto, cuya omisión ocasiona una consecuencia gravosa para él. A través de la carga de la prueba se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y aportar pruebas para obtener una sentencia favorable. Los artículos 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III. Cuando se desconozca la capacidad. "Artículo 84.- El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación subsiste." En el primer artículo se advierte como regla general que la carga de la prueba corresponde al que afirma y no al que niega, salvo que, entre otras excepciones, tal negativa implique la afirmación de un hecho. De acuerdo con el segundo numeral, quien basa su afirmación en un hecho generador debe probar éste. Con base en ello, si el quejoso realiza una afirmación y la autoridad la niega, será a aquél quien tendrá la carga de probar sus manifestaciones. Pero si el quejoso realiza una negación, entonces la autoridad será la encargada de probar lo contrario. En la mayoría de los casos corresponde al quejoso acreditar la existencia de los actos reclamados, pues generalmente son positivos, es decir, implican una "conducta de hacer" por parte de la responsable. De ahí que, si el promovente del amparo manifiesta que las autoridades realizaron un acto, deberá probar su afirmación. Así se precisó en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." (Registro 210769, [J]; 8a. Época.; Gaceta S.J.F.; Núm. 80, agosto de 1994; Pág. 77. VI.2o. J/308) No obstante, en caso de que los actos reclamados tengan naturaleza negativa, es decir, impliquen una conducta "de no hacer", el quejoso no realizará una afirmación en el sentido de que el acto exista, sino que negará la existencia de una acción. En estos casos, ante la controversia sobre la existencia del acto, no será al quejoso a quien le corresponda probar sus negaciones, sino a la autoridad responsable que afirma lo contrario, pues de no ser así se dejaría a los quejosos en estado de indefensión al estar obligados a probar hechos negativos, que sólo pueden ser probados a través de pruebas indirectas. Resulta orientadora la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." (Registro 230855, [TA]; 8a. Época; S.J.F.; Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 50) Asimismo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL, A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las violaciones que se atribuyen a las responsables se hacen consistir en omisiones o hechos de carácter negativo, como en el presente caso que se reclama ausencia de fundamento y motivación en el acuerdo tomado por las responsables para desposeer al quejoso de un predio de su propiedad, no es a la parte quejosa, a la que corresponde la carga de la prueba de tales violaciones, pues de admitirse lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, dada la imposibilidad de demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados." (Registro 230852, [TA]; 8a. Época; S.J.F.; Tomo I, Segunda Parte-1, enero-junio de 1988; Pág. 49) Conforme a las anteriores premisas, en el caso, la problemática para dilucidar la naturaleza -positiva o negativa- del acto reclamado en análisis, surge por el juego de expresiones utilizadas por la parte impetrante. En efecto, por una parte, alude a una conducta positiva de la autoridad consistente en continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación, acorde al procedimiento que ya tiene instaurado, lo que conculca su derecho a la salud en el contexto de la pandemia, al obligarse al contribuyente a atender los requerimientos, lo que propicia una mayor exposición al virus. En cambio, por otro lado, afirma que se trata de actos omisivos de las responsables, atinentes a la ausencia de observancia del "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", emitido por la autoridad sanitaria y publicado el treinta de marzo de dos mil veinte, dado que continúa ejerciendo sus facultades de comprobación, lo que previsiblemente expone a un mayor riesgo de contagio a los involucrados. No obstante, desde ambas perspectivas la carga probatoria correspondía a la parte quejosa, específicamente, evidenciar que se siguió ejecutando la revisión derivada de la orden GIF2500054/19. En otras palabras, aunque la parte quejosa reclame como omisión de las autoridades responsables hacendarias de suspender la continuación de la revisión de gabinete, a efecto de evitar o reducir el contagio del virus a las personas físicas; esa negación conlleva la afirmación de un hecho: que con posterioridad a la declaración de pandemia, las autoridades hacendarias continuaban realizando la revisión de gabinete y con ello propiciaban la expansión del contagio del virus, a la persona física quejosa. Entonces, de acuerdo a lo expuesto, corresponderá a la quejosa probar la existencia de la continuación de los actos que afirma la colocan en riesgo de contagio y, acreditado tal extremo, sería carga de las autoridades demostrar que no existen actos del estilo. En ese sentido, las autoridades responsables rindieron su informe justificado [en relación a dicho acto] de la siguiente manera: Autoridades Responsables Informe Justificado Certeza Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México. fojas 77 a 81 Niega Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sinaloa "2", con sede en esta ciudad. fojas 92 a 104 Niega Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1", con sede en Culiacán. Fojas 113 a 116 y 137 a 160 (constancias) Niega pero aclara que tiene procedimiento administrativo Administrador Central de Fiscalización Estratégica con residencia en la Ciudad de México. fojas 83 a 88 Niega De la explicación gráfica anterior, es dable acotar que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1", con sede en Culiacán, aclaró que únicamente emitió el oficio 500-51-00-07-01-2020-01384 de diez de enero de dos mil veinte, mismo que se le notificó al contribuyente aquí quejoso, el catorce de ese mes y año. Documento a través del cual se le comunicó la sustitución de la autoridad revisora, y la continuación de la revisión (foja 142), pero, la responsable afirmó que con posterioridad al treinta de marzo de dos mil veinte, esto es, a la declaración de la emergencia sanitaria por pandemia, no ha actuado en ejercicio de sus facultades de comprobación, en el procedimiento seguido al contribuyente aquí quejoso. Por ende, a lo más, de las constancias remitidas en poyo al informe con justificación, las cuales se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se podrá advertir que hubo actos anteriormente a la fecha de declaración de contingencia sanitaria, siendo la última el catorce de enero de dos mil veinte. Entonces, correspondía a la parte quejosa la carga de demostrar que con posterioridad a la declaración de contingencia sanitaria las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, siguieron actuando en el procedimiento fiscalizador, ya sea porque se constituyeron en su domicilio, o porque le efectuaron algún requerimiento o citatorio; no obstante, no allegó probanza alguna en ese sentido, pese a la oportunidad jurídica y material para ello. Además, en el sumario no obra constancia alguna que sustente las afirmaciones de la parte quejosa, ni diversas tendentes a desvirtuar las negativas expresadas por las autoridades responsables; por ende, no son ciertos los actos que se les reclama. Lo que se robustece con la confesión expresa de la parte quejosa, quien en la foja seis -vuelta- de su demanda, indica como última actuación el oficio 500-51-00-07-01-2020-01384 de catorce de enero de dos mil veinte, que en realidad esa fecha corresponde a la de su notificación; lo cual hace prueba plena en su contra, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con aplicación analógica se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (Jurisprudencia P./J. 27/96, página 57, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Consecuentemente se sobresee en el juicio de amparo respecto a las autoridades y acto referidos en este apartado, conforme al artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, dada su inexistencia. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En cambio, debe tenerse por cierta la omisión de emitir el acuerdo para suspender temporalmente los plazos de las facultades de comprobación debido a la contingencia derivada del COVID-19, así como la omisión de ordenar su publicación, y en consecuencia, la abstención de seguir actuando en contravención al "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y su acuerdo por el cual se modifica su artículo primero, fracción I" de treinta y uno de marzo y de veintiuno de abril, ambos de dos mil veinte. Lo anterior, no obstante que las autoridades responsables lo hayan negado al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 77 a 81; 92 a 104; 113 a 116 y 137 a 160; 83 a 88), pues dicha negación obedece a los argumentos de improcedencia de la acción constitucional que expusieron, básicamente, porque a la fecha de su rendición, ya existía la "Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 y 23" publicada el cuatro de mayo de dos mil veinte en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y el doce de ese mes y año en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, tales argumentos robustecen la premisa de que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía tal publicación acusada por la impetrante y en todo caso, la circunstancia de su acontecimiento posterior, no abona a la certeza o inexistencia del acto reclamado, más bien a la actualización de alguna causal de improcedencia. Por ende, se afirma la existencia del acto precisado en este apartado, atribuido a las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, dado que contempla desde la emisión, publicación y abstención de ejecución, de la suspensión de las facultades de comprobación. QUINTO. Improcedencia del juicio. No obstante, sobrevino la improcedencia del juicio constitucional, dado que cesaron los efectos de la omisión reclamada, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." El objetivo del juicio es volver las cosas al estado que tenían antes del acto violatorio (si es de carácter positivo) o forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió (si es de carácter negativo); por tanto, si desaparecen los efectos del acto de autoridad, el amparo se torna improcedente. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de acuerdo con lo expuesto por las responsables en sus informes justificados, aunado a que resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cuatro de mayo de dos mil veinte [posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de abril de dos mil veinte)], se publicó en la página web del Servicio de Administración Tributaria, la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus Anexos 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 y 23; emitida por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en la Ciudad de México. Entre otras, se adoptaron medidas de protección como la contendida en la regla 13.3, que dispone: "(.) Suspensión de plazos y términos legales 13.3. En atención a las medidas extraordinarias establecidas en el artículo Segundo, inciso c), del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", y conforme al artículo Primero del "Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", ambos publicados en el DOF el 24 de marzo de 2020, se estará a lo siguiente: A. Para los efectos del artículo 12 del CFF, se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo aquellos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos: (.) III. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos. (.) La suspensión de plazos y términos a que se refiere la presente regla comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020. Tratándose de los plazos que se computen en meses o en años, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate. En caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla se realice durante el periodo de suspensión previsto en la misma, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil del mes de junio de 2020. CFF 12, 27, 34, 34-A, 36, 41, 41-A, 42, 46, 46-A, 48, 49, 50, 52, 52-A, 53, 53-A, 53-B, 63, 67, 69-D, 121, 133-A y 133-F; Ley Aduanera 29, 36, 61, 150, 152, 153, 155, 158 y 203; LISR 91; LIF 2019 Décimo Cuarto Transitorio; Ley Federal de Procedimiento Administrativo 28; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 61, y Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 18, 23 y 25. (.)" El doce de mayo siguiente dicha resolución se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Lo relevante es que tales medidas de prevención se emitieron con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, y disminuir el riesgo de contribuyentes. Luego, la omisión reclamada a las autoridades responsables ha cesado en sus efectos, toda vez que como medida de prevención ante la pandemia de la COVID-19, se determinó la suspensión de plazos y términos legales, así como el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el Servicio de Administración Tributaria. La suspensión incluyó actos y procedimientos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos. Asimismo, se comprendieron tanto el inicio como conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, además del levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos; la suspensión de plazos y términos abarcó del cuatro al veintinueve de mayo pasado. Lo anterior se traduce en la destrucción de los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables hacendarias, pues con el actuar de éstas se venció el estado de omisión acusado lo que en vía de consecuencia, salvaguarda el derecho a la salud de los contribuyentes como la parte quejosa, al evitar la propagación del patógeno antes aludido. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Registro 193758, [J]; 9a. Época; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, junio de 1999; Pág. 38. 2a./J. 59/99) No escapa a la consideración que si bien la pretensión de la parte quejosa es que mientras continúe la declaración de pandemia, las autoridades hacendarias no continúen con el ejercicio de sus facultades de comprobación, lo cual podría considerarse como un obstáculo a la cesación de efectos acotada, puesto que no se satisfizo por completo lo pretendido; lo cierto es que al surgir la declaración de suspensión de los plazos conforme a la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, la omisión acusada dejó de existir. Además, no obstante que la citada resolución sea de temporalidad restringida, esto es, que no abarque todo el periodo que perdure la pandemia, de existir algún posible perjuicio, entonces ya no sería por causa de la omisión aquí analizada, sino por el acuerdo de vigencia limitada, lo cual ya no comprende la materia del presente juicio constitucional. En adición, no obstante que la resolución de que se trata comprendió únicamente del cuatro al veintinueve de mayo de dos mil veinte; esa circunstancia en nada trastoca la actualización de la hipótesis jurídica de improcedencia que se invoca, que ya se dijo, cesó desde el momento en que la omisión reclamada dejó de existir. Es así, porque la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualizó desde el momento en que se realizó el acto que se pretendía de la quejosa; luego, las circunstancias o modalidades de la misma, no constituyen la materia del presente juicio. Máxime que pudieran incluso ser futuras e inciertas, porque lo único evidente es la periodicidad de la suspensión de plazos decretada en la aludida modificación a la miscelánea fiscal, pero, la continuación de las facultades de comprobación no se torna inminente, ya que dependerá de la conducta que adopte la autoridad hacendaria que corresponde ejecutarlas. Así, no existe posibilidad jurídica de analizar eventos que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, son imprevisibles, incluso, el desarrollo de la pandemia y la actitud con la que las autoridades y la sociedad la afronten, es cambiante en la actualidad, lo que confirma que con la sola emisión de lo pretendido por la quejosa, más allá de su temporalidad, cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional. En conclusión, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que operó porque de autos aparece demostrada la cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61, 63 y 73 a 76, de la ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Andrés López Ochoa, contra los actos y autoridades responsables precisados en la sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del fallo. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Se instruye al secretario o secretaria, y al oficial administrativo respectivo para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda. Así lo resuelve y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan Alfonzo Salazar Muñoz, secretario que autoriza y da fe.

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