Andres Leyva Hernández

Expediente 2519/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2519/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Andres Leyva Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria colegiado. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2013/2022-IV de nuestra estadística y remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 185/2023 de su índice; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes relativo creado con motivo del recurso de revisión, integrado con copias certificadas del presente sumario, deséchense las mismas y únicamente glósense las constancias originales agregadas con posterioridad a ello; asimismo, hágase del conocimiento de las partes la recepción de dicho testimonio, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Ahora, de los puntos resolutivos de dicha ejecutoria se advierte lo siguiente: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado por el quejoso Javier Alejandro Correa Ortiz, al Director del Centro de Reinserción del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Alejandro Correa Ortiz, contra el acto y la autoridad fijada en el resultado primero de este fallo." En razón de lo anterior, se advierte que el presente sumario es un asunto totalmente concluido; por tanto, se ordena el archivo definitivo del mismo. Anotaciones. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: 1.- CONSERVABLE el expediente principal ya que se actualiza la hipótesis del numérico 17, fracción III, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo negado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurra los tres años a partir de la presente data, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 29, segundo párrafo del citado acuerdo. Incidente de suspensión En virtud de que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Devolución de constancias Por otro lado, devuélvase al Juzgado de Control de la Región Nueve, con residencia en esta ciudad, las documentales que remitió como anexo a su informe justificado constantes en un disco versátil digital. Solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo; en la inteligencia que de no acusar el citado recibo en el término de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente auto, se le tendrá por recibido de conformidad el disco versátil digital aludido, para todos los efectos legales concernientes y bajo su más estricta responsabilidad. Requerimiento al actuario de la adscripción. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que por auto de siete de noviembre del año en curso se solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, informara el número de carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 128/2022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Incidental

    Villahermosa, Tabasco; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. Ahora, la sentencia de amparo se concedió para el efecto siguiente: Dictar el cierre de instrucción y emita el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 333/2017; y Notificar a las partes; o determine la imposibilidad que tenga para ello. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a través de Jorge Méndez González en su calidad de Representante de Gobierno, Carlos Arturo González Pérez en su calidad de Representante de los Trabajadores, José Vicente Morales Ovando en su calidad de Representante de los Patrones, todos integrantes de la citada Junta, para que remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten en cumplimiento, para lo cual se les concede el término de tres días hábiles, que se contarán a partir de que reciban el oficio que contiene este proveído. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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