Andrés Leopoldo Martínez Sánchez

Expediente 404/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
404/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Andrés Leopoldo Martínez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que remite testimonio de la resolución aprobada en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial C.C.P. 7/2021; en la que se determinó: "ÚNICO. Es legalmente competente el juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto 1074/2020, de su índice, promovido por el quejoso **************.". Remítase el acuse respectivo. Hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, en consecuencia, sin que exista algo pendiente por cumplir, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que signa el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el cual se acusa recibo del diverso por el que se enviaron los autos del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, se informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, registrándolo con el número de expediente CCP. 7/2021. Lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Saltillo, Coahuila, a través del cual comunica el proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, e informa que en diverso auto de dos de octubre de dos mil veinte, determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, en razón de que, a su consideración, debe conocer este órgano jurisdiccional al ser el que previno. En ese sentido, glósese a los autos las actuaciones que obran en original en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la competencia en comento, el comunicado antes referido para que surta los efectos legales a que haya lugar, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por el homólogo federal, este juzgado de Distrito insiste en declararse legalmente incompetente por razón de territorio en atención de los argumentos expuestos en el acuerdo de incompetencia de dos de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior es así, toda vez que se advierte que se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "Ramos Arizpe", Coahuila, Coahuila. Por tanto, ya que el quejoso se encuentra interno en el último centro mencionado, por lo que es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, "(.) es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)", de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Siendo aplicable por las consideraciones que la sustentan el criterio que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.". Entonces, tenemos que, el acto reclamado al tener aparejada una ejecución material y ella debe tener ejecución en el Estado de Coahuila de Zaragoza (lugar en el que el quejoso se encuentra interno), la autoridad judicial competente es aquélla con residencia en la citada entidad federal. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, de confomidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remitase el original del juicio de amparo en que se actua al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Dese aviso al Juzgado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Saltillo, Coahuila, a fin de que exponga ante el tribunal colegiado lo que estime pertinente; y, acúsese el recibo del oficio y juicio en que se actúa. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y solicítese al Tribunal correspondiente, el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio que remite el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, se advierte que remite el juicio de amparo 1074/2020 de su índice y formado con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, en el juicio de amparo en que se actúa, al considerar que carece de competencia por razón de territorio, por las razones que expone. Ahora bien, antes de proveer lo conducente respecto al tópico en comento, se desprende que el oficio de cuenta carece de la firma autógrafa y/o electrónica del funcionario que lo remite, esto es, del secretario Bernardo Gamboa Escobar. Por tanto, se desprende que dicha actuación no es válida, al no tener plasmada la voluntad del servidor público que dice suscribir el comunicado de cuenta. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INEXISTENTE, SI FALTA LA FIRMA DEL JUEZ FEDERAL. De acuerdo con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, todas las resoluciones judiciales, para que sean válidas, deberán ser firmadas por el juez que las emita y ser autorizadas por un secretario. Por tanto, si del análisis a la sentencia recurrida se desprende que ésta carece de la firma del primer secretario del juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley, tal omisión provoca la inexistencia de esa resolución. Lo narrado es lógico, si se toma en cuenta que la firma es el único medio por el cual un funcionario plasma su voluntad de emitir una resolución en tal o cual sentido, de ahí que la falta de signatura respectiva, provoque que se ignore si la persona facultada para ello tuvo el deseo de emitir el fallo correspondiente en el sentido que aparece en el mismo, lo cual deja en estado indefensión a la parte afectada por él.". En esa tesitura, en ánimo de mejor proveer, devuélvanse los autos al homólogo oficiante, a fin de que, en su caso, se subsane la deficiencia aludida y este juzgador esté en aptitud de proveer lo conducente; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

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