Andrés Leonardo Cano Arana
Expediente 1076/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2017
Partes del expediente
- Andrés Leonardo Cano Arana
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se desprende que . . .. se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. . ..
- Principal
Visto el estado de los autos de los que se advierte . . . se ordena notificar por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano el auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete que a la letra dice: "Visto el escrito de cuenta signado por ***, contra actos del ***; regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1076/2017-V, que es el que le corresponde. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, pues en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Del escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado por el promovente, consiste en: a) El auto de fecha diecinueve de julio del dos mil diecisiete dictado por la Titular Interina del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Estado de Querétaro, dentro del expediente 1025/2016 de su índice, mediante el cual admite diversos medios de prueba. En la especie, a juicio de este órgano federal se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado en sentido contrario: "." Al respecto, resulta oportuno establecer que por actos de imposible reparación, dentro de juicio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. . . De tal suerte que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Por tanto, encontramos que la característica de los actos irreparables, está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a manera de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que tratándose de los actos reparables, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Cabe precisar que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. La concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, existe un segundo criterio, considerado como complementario del anterior, el cual establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. (.) Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, pues no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. Esto es, aunque ciertas violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, existen otras que pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse alguno de esos criterios, en el orden previsto, el juicio de amparo indirecto resultará improcedente y el quejoso deberá esperarse hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.), . . . Con base en lo anterior, se precisa que, sí mediante el auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el Juez responsable admitió diversos medios de prueba que ofreció la actora en dicho juicio, no es un acto de imposible reparación, porque en principio no es susceptible de afectar alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías para la protección de tales derechos, toda vez que dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Aunado a que en todo caso, las transgresiones aducidas por el promovente, respecto de la admisión de pruebas por parte del Juez responsable, ofrecidas por su contraparte en el Juicio de origen, podrían constituir una infracción al procedimiento susceptible de ser reparada al promoverse juicio de amparo directo contra la última resolución dictada en el juicio respectivo... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley. Determinación que no pugna con el principio pro homine previsto en nuestra Constitución Federal, pues la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, mismas que encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Ahora bien, se le tiene designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa para ello en el proemio de su demanda. Finalmente, en relación a la publicación de los datos personales, atento a la solicitud respectiva, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, téngase al quejoso oponiéndose a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el presente expediente, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley." lo anterior,. . . dado que la omisión en que incurrió el actuario licenciado . . . se le hace un severo extrañamiento . . .
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por . . . SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO . . .
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