Andrés Juan Posadas Nieves
Expediente 106/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Andrés Juan Posadas Nieves
- Ana María Plascencia Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó devolver los autos a la Secretaría de Acuerdos a efecto de dar vista a la parte quejosa, con la causa de improcedencia que este Tribunal advirtió de oficio se actualizaría, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en virtud de que se advierte. "[.] QUINTO. Causal de Improcedencia. Es innecesario relatar los antecedentes del acto reclamado, así como analizar los conceptos de violación que formuló el actor ********************, ahora peticionario del amparo, toda vez que en el presente caso se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, con apoyo en lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de amparo resulta inejercitable cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, porque ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Dichos artículos señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" El motivo de improcedencia invocado, responde a un principio de seguridad jurídica, orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio constitucional para desconocer los efectos de la conducta que, ella misma, haya exteriorizado de manera libre y espontánea. En ese sentido, el consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de los actos reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2010, estableció los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido expresamente un acto de autoridad; siendo éstos: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce. b) Que cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, ninguna relevancia tendría la promoción del amparo. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. De la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 55/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, p. 830, Registro Ius 164615, de rubro y contenido siguiente: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.", sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que este actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Concluyendo, que un acto de autoridad se consiente expresamente, cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea, a través de la cual se somete a los efectos del acto de autoridad que reclama. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues impide que los particulares ejerzan intereses incompatibles; uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, a través del sometimiento a su contenido, y otro, que lo cuestiona mediante la promoción del juicio de amparo, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Bajo este panorama jurídico, recordemos que en el caso particular, ********************, reclama la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós en el expediente ********************/2020. La existencia de la sentencia, como se indicó en el considerando segundo de esta ejecutoria, quedó acreditada con el informe justificado rendido por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y con las constancias digitales del juicio laboral ********************/2020 de su índice, que adjuntó como complemento, de las que se aprecia la sentencia referida; por ende, se satisface el requisito exigido en el inciso a). De la lectura integral del acto reclamado, se observa que se condenó al demandado al pago de diversas prestaciones que estimó procedentes; sin embargo, dichas condenas a consideración de la quejosa fueron contrarias a los intereses de la quejosa y, por tanto, le causa un agravio; entonces, también se cumple con el inciso b). A efecto de verificar si se satisfizo el requisito exigido en el inciso c), cabe precisar que el pasado tres de octubre del año en curso, el Secretario Instructor adscrito al Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, remitió a este Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada de la audiencia de convenio en la modalidad de cumplimiento de sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés entre ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable y ********************. Acuerdo de voluntades, en el que el demandado dio cumplimiento a la sentencia, exhibiendo la cantidad de ******************** más la cantidad de ********************, por concepto de gratificación, a través de un cheque certificado número ******************** por la cantidad de cincuenta seis mil quinientos pesos ********************, ante el órgano jurisdiccional que remite las actuaciones. Convenio que fue aceptado por las partes y aprobado por el Juez responsable en la propia diligencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; tal como se advierte de la transcripción siguiente: ".Téngase por hechas las manifestaciones de los comparecientes para todos los efectos legales a que haya lugar. (.) En este orden de ideas, se tiene a la moral compareciente ********************, dando cumplimiento total al resolutivo tercero de la sentencia definitiva de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que en este acto exhibe la cantidad de ********************, más la cantidad de ********************, por concepto de gratificación, a través de cheque de certificado número ********************, por la cantidad de ********************, con cargo a la institución financiera ***; solicitando se certifique la entrega de dicha cantidad al actor ********************. Del mismo modo, téngase por hechas las manifestaciones del actor, en el sentido de que bajo protesta de decir verdad y bajo su responsabilidad y más entero perjuicio, recibió de manera extrajudicial las constancias de aportaciones ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES y ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, así como el pago retroactivo de aportaciones obrero patronales por todo el tiempo que ha durado la relación laboral, dando cumplimiento a la sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. (.) Por otro lado, se da por terminada la relación de trabajo que unía a las partes en términos de lo que dispone el artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, y toda vez que la parte demandada, ha dado cumplimiento total de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, se deja sin efectos la reinstalación señalada en el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés." En ese contexto, este Tribunal Colegiado considera que con las constancias que fueron remitidas por Tribunal Laboral, se acredita que el quejoso ********************, consintió de manera tácita la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************/2020; la cual, constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que aun cuando en un primer momento, la peticionaria no estuvo de acuerdo con dicha resolución; lo cierto es que, al haber suscrito un acuerdo conciliatorio con su contraparte, exteriorizó de manera libre y espontánea, su voluntad de someterse a los efectos de la sentencia que aquí se combate. Ello se afirma, pues con la suscripción del convenio, el amparista manifestó su voluntad de recibir el pago por concepto de lo condenado en la sentencia, dando así cumplimiento total a dicha resolución y dar por concluido el juicio laboral ********************/2020; lo que debe entenderse para todos los efectos legales y, por ende, implica la aceptación del pago de la condena. De ahí que, no pueda analizarse válidamente si fueron correctas o no, las consideraciones de la sentencia impugnada, que le causaban un perjuicio al operario; en razón que, al suscribir un convenio en modalidad de pago con su contraparte, para dar por terminada la controversia laboral, exteriorizó su conformidad con el contenido del acto reclamado. Lo que significa, que este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo, toda vez que el análisis de la procedencia del juicio constitucional, es una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta tal determinación, la jurisprudencia II.3o. J/58, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, p. 57, Registro Ius 214593 de contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Consecuentemente, al materializarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo directo. Es importante resaltar que, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo; se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, en virtud de advertirse una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. [.]" Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 64 de dicho ordenamiento legal dese vista a la quejosa por el plazo de tres días computado a partir de que se le notifique este proveído a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez que transcurra dicho plazo, con o sin desahogo de la vista, devuélvanse los autos a la ponencia respectiva.
- Juicio de Amparo Directo
...Visto el contenido de los oficios SEADS/1192/2022, SEADS/524/2023 y SEADS/1271/2023 provenientes de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, fechados el quince de diciembre de dos mil veintidós, uno de febrero y veintiséis de abril de dos mil veintitrés, respectivamente, mediante los cuales se informa: - La adscripción del Magistrado Raúl Valerio Ramírez a este órgano colegiado en sustitución del Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez, con efecto a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. -La adscripción del Magistrado Casimiro Barrón Torres en sustitución de la Magistrada María Soledad Rodríguez González, con efecto a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. - La comisión temporal del Magistrado Rodolfo Castro León, en sustitución del Magistrado Raúl Valerio Ramírez, con efectos a partir del uno de junio de la actual anualidad y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. En consecuencia, hágase del conocimiento a las partes que este tribunal queda integrado de la siguiente manera Magistrado Presidente Casimiro Barrón Torres, Magistrado Enrique Munguía Padilla y Magistrado Rodolfo Castro León. En mérito de lo anterior, RETÚRNESE el presente expediente al Magistrado Casimiro Barrón Torres y hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ***, no ratificó su desistimiento en este asunto, por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento realizado por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés y se continúa con el procedimiento en el presente asunto.
- Amparo en revisión
Por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del amparo en revisión 106/2023 y de los autos del expediente, e informa que lo radico con el número de amparo 168/2023, asimismo informa que fue turnado a la ponencia de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Dado que no obran documentos originales exhibidos por las partes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, previa certificación de la debida integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como de su coincidencia con el físico, que obre en autos. En cumplimiento al "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", se ordena se mantenga el asunto en el archivo de este tribunal para su resguardo; y, en el momento oportuno procédase a su transferencia siguiendo el procedimiento correspondiente, tomando en cuenta que acorde a lo dispuesto en el artículo 20 del propio acuerdo, el presente asunto se califica como susceptible de destrucción. Lo anterior se informa a la autoridad responsable a efecto de que tenga conocimiento que la demanda de amparo y sus anexos se envió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.
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