Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros
Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. De igual forma, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se programó para ser desahogada a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior atendiendo además a que conforme a la certificación secretarial de cuenta, en el presente expediente no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; de igual forma, que este juzgado fio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Hágase del conocimiento lo anterior, de la autoridad que fue señala como responsable para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; la constancia de notificación realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de la que se advierte que el quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, manifestó no ratificar el escrito de demanda presentado en su representación por Hugo Daniel Cuellar Gómez y David Antonio Martínez Cervantes; en consecuencia como se les apercibió mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se tiene por no presentada, la demanda de amparo que originó el presente expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de la materia, dejándose sin efecto las providencias decretadas en el auto admisorio. La anterior circunstancia, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dos de septiembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Hugo Daniel Cuellar Gómez y David Antonio Martínez Cervantes, en favor de Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, contra actos del Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 649/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala, esencialmente, como actos reclamados los siguientes: "LAS ÓRDENES VERBALES Y ESCRITAS DE PRIVACIÓN DE LA VIDA Y DE INFRINGIR TORMENTO Y TORTURA PSICOLÓGICA Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y NO PRESERVAR SU SALUD, INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, NO PERMITEN VISITAS, AISLADO E INTIMIDADO A FIN DE NO SE AMPARE Y NO SE RATIFIQUE EL AMPARO." En el entendido que el directo quejoso es extranjero de nacionalidad "Ecuatoriana" y en la demanda de amparo se refiere que se encuentra detenido en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Zacatecas. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse informes con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. TERCERO INTERESADO. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a los quejosos y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Mediante oficio y copia de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. CONSULTA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Toda vez que es un hecho notorio que el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, ha proporcionado en diversos asuntos del índice de este juzgado, el nombre de usuario "HectorR"; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir en: "LAS ORDENES VERBALES Y ESCRITAS DE PRIVACIÓN DE LA VIDA Y DE INFRINGIR TORMENTO Y TORTURA PSICOLÓGICA Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y NO PRESERVAR SU SALUD, INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, NO PERMITEN VISITAS, AISLADO E INTIMIDADO A FIN DE NO SE AMPARE Y NO SE RATIFIQUE EL AMPARO." Además, se toma en consideración que el quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, es extranjero de nacionalidad Ecuatoriana. Así las cosas, con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de oficio y de plano en favor de Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, en los términos siguientes: La incomunicación que se reclama. Para el efecto de que las autoridades responsables cesen de inmediato el acto reclamado de referencia, y en su caso, de los actos enunciados por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, en contra de Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros; por lo que, al cesar dicha incomunicación, las responsables deberán permitir al directo quejoso firmar cualquier escrito que a su defensa y libertad corresponda. En forma especial, como consecuencia de la presente medida suspensional, las autoridades responsables deberán restituir de inmediato el derecho fundamental del quejoso al contacto y asistencia consular, con todas sus implicaciones legales correspondientes b) La retención o privación de la libertad fuera de procedimiento por autoridad administrativa en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. Para el efecto de que, en caso de que las autoridades responsables se encuentran ejecutando la retención y/o privación de la libertad (alojamiento) que refiere el promovente, con vista en las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo y en las constancias que obren en sus respectivos expedientes, las autoridades responsables determinen si dicho quejoso se encuentra en situación legal en el territorio nacional, en términos de los artículos 68, 100 y 111 de la Ley de Migración, y se sitúa en alguna hipótesis legal para obtener su libertad; de ser así, deberán poner en inmediata libertad personal a Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, lo cual procederá sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que queden a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra, supuesto en el cual, dichos quejosos deberán ser inmediatamente notificados de la existencia de dicho procedimiento, y las causas y fundamentos con base en los cuales fue instaurado. Ahora bien, para el caso de que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional en vigor, la medida cautelar se concede para el efecto que el quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentren, sin perjuicio de que sin dilación alguna sean puestos a disposición de Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. En esos casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, permanezca en el lugar en que se encuentra detenido, retenido o alojado, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos de los agraviados en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que los quejosos pretendan garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares, esto es, deberán informar a los detenidos sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quienes libremente pueden decir si ejercen o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 3o. A. J./7, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada a foja 951,tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 229397, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Es aplicable también, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 978, tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191, 840, de epígrafe: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE." No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito al quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, deberá informarlo a este Juzgado de inmediato, acompañando las constancias que la acrediten. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsable que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [.] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." En ese caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y, en consecuencia, será plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informe el inmediato cumplimiento que deberá dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del aquí quejoso. Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, como ya se precisó, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. El Actuario Judicial adscrito deberá notificar esta determinación al quejoso y deberá certificar el estado físico en que se encuentra el directamente agraviado. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que del escrito de demanda, se advierte que el directo quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, se encuentra al parecer en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en dicho centro, para localizar al citado quejoso, y realice las siguientes diligencias: a) Requiera al directo quejoso, para que en la propia diligencia o en el plazo de tres días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no, la demanda de amparo promovida a su favor por Hugo Daniel Cuellar Gómez y David Antonio Martínez Cervantes, para estar en posibilidad de acordar lo conducente. b) Lo prevenga para que, en caso de no ratificar la demanda en el plazo concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, dejándose sin efecto las providencias decretadas en este auto. c) Lo requiera para que en el acto de la diligencia o bien, dentro del término de tres días legalmente computado, señalen domicilio en esta Ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les serán realizadas mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, conforme lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En atención a la solicitud que se formula en el escrito de demanda, en relación de estar presentes en el momento de la notificación al quejoso Andrés Jonathan Pomaquiza Saeteros, así como para cualquier diligencia a su instancia constitucional, dado que no se proporciona un domicilio en esta ciudad, donde notificarle para los efectos que refiere y, atendiendo a que la ratificación de la demanda, debe ser lo más pronto posible, no se acuerda de conformidad; con independencia de que si, al momento de que el actuario se constituya para dichos efectos, el autorizado se encuentra en ese momento, podrá estar presente al momento de practicarse la diligencia. En la inteligencia de que, ante los altos índices de inseguridad y violencia que imperan en la región, especialmente en esta Ciudad, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, se instruye al actuario para que, por razones de seguridad en su persona, realice la presente encomienda y las subsecuentes en un horario prudente y que estime no peligra su integridad corporal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar el trámite de incidente de suspensión, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó suspender de plano los actos reclamados. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a David Antonio Martínez Cervantes; y, a Hugo Cuellar Daniel Gómez y Humberto Ramírez Martínez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Reforma, número ochocientos diecinueve OTE (819 OTE), en el centro de Monterrey, Nuevo León; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad, hágansele ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los de este juzgado, conforme lo dispone la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como medios de comunicación no procesal los correos electrónicos que señalan, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).
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