Andrés Jiménez Cruz y Otros.

Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Andrés Jiménez Cruz y Otros.
  • Andrés Jiménez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitido en el amparo directo 278/2023, de su estadística; del que se aduce que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****** quien no firmó dicha demanda, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad, demanda que que en esa fecha fue desechada por extemporánea; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.Por tanto, toda vez que en este asunto no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido, háganse los registros de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Finalmente, se precisa que el presente asunto, en términos del Capítulo Cuarto, Artículo 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental.

  2. Principal

    CITATORIO.. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 9 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, QUE REFIERE: Vista la demanda de amparo promovida por ****** quienes firmaron autógrafamente la demanda, así como******* quien no firmó dicha demanda, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 520/2023-IX. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en el asunto, es: ? La resolución definitiva de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en los Recursos de Revisión acumulados números 426/2022 y 433/2022, de los expedientes números 404/2021 y 446/2021 acumulados, de la Tercera Sala Regional del citado Tribunal.Precisado lo anterior, este juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes.En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de los actos que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 1 Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Sentado lo anterior, este Juzgador considera necesario transcribir el artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con lay, en los casos siguientes: (.)." Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el asunto se ubica en la regla señalada, ya que en el caso a estudio se reclama la resolución definitiva de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en los Recursos de Revisión acumulados números 426/2022 y 433/2022, de los expedientes números 404/2021 y 446/2021 acumulados, de la Tercera Sala Regional del citado Tribunal, a través de la cual se confirma la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por la Magistrada de la referida Sala, en la cual se declaró la invalidez de la resolución administrativa emitida por el Tesorero Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el nueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que hace al inmueble de los ******, relativa a la "fracción 7 "D", resultante de la subdivisión del lote de terreno número 7 de la manzana 1, del Fraccionamiento que el transmisor operó en los terrenos que proceden del Ejido de San Pablo Xalpa, actualmente Privada Niños Héroes número 3, de la Colonia San Pedro Xalpa, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México". Luego entonces, se estima que tal determinación pone fin al juicio, lo cual es factible de ser combatida a través de amparo directo. En ese orden de ideas, se estima que si la determinación reclamada dio por concluido el procedimiento de origen, ésta debe ser analizada a través del juicio de amparo en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo en correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Andrés Jiménez Cruz, Ignacio Osornio Solís, Josefina Aurora Alvarado Sánchez, Ángel Reyes Alcántara, Elizabeth Reyes Ugalde, Virginia Martínez Aguilar y Sandra Alvarado González, quienes firmaron autógrafamente la demanda, así como Francisco Alvarado Sánchez, quien no firmó dicha demanda, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad. Así, el resolución reclamada está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo2 , por tratarse 2 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. de una determinación que pone fin al juicio, por lo que este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del citado numeral en correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Luego entonces, remítanse los autos originales del presente asunto y tres copias simples de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Segundo Circuito, en Turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dichos preceptos determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado correspondiente, que en el presente asunto, se dio cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año pasado, de tal manera, que en el expediente sólo obra la demanda y en su caso, las actuaciones presentadas de forma física, mientras que esta determinación se encuentra en el expediente electrónico. En el entendido de que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio de amparo, y se esté en posibilidad de resolver lo conducente a la incompetencia planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. En diverso aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la: "**********y por autorizados para tales efectos a los profesionistas que menciona en su escrito que se provee. Con apoyo en lo previsto en el artículo 21, de la Ley de amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción, para que de ser necesario en horas y días inhábiles lleve a cabo las notificaciones personales derivadas del presente expediente. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta electrónica del presente expediente, toda vez que proporcionó el usuario "COVAZ61", por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Adicionalmente, se le tiene a la parte quejosa proporcionando las cuentas de correo electrónico: ajc@notaria178.com.mx y ggr@notaria178.com.mx; para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la promoción electrónica de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual, acusa recibo del oficio por el que se le remitió por incompetencia el expediente original relativo al juicio de amparo 520********************-IX, del índice de este Juzgado; e informa que por auto de dieciséis de mayo del año en curso, realizó requerimiento a la autoridad responsable a efecto de estar en aptitud de dar el trámite que corresponda a la demanda de amparo. Asimismo, de la misiva de cuenta se observa que se registró dicho asunto con el número de amparo directo 278********************, de su estadística; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ****, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, manifiesta su objeción, respecto a los dictámenes periciales rendidos por el perito oficial A***** (perito de la parte tercera interesada) y pide que se cite a los referidos especialistas a efecto de llevar a cabo una diligencia de interrogatorio para realizar todas las aclaraciones que se estimen conducentes respecto al objeto de la prueba pericial a su cargo.En mérito de lo anterior, se tienen por objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio los dictámenes periciales rendidos por el perito oficial ******* (perito de la parte tercera interesada), lo que se tomará en consideración en el momento de dictar la resolución que conforme a derecho proceda. Finalmente, respecto a sus manifestaciones relativas a que se cite a los peritos *****(perito oficial) ***** (perito de la parte tercera interesada), para cuestionar su dictamen rendido en autos, dígase al promovente que tal como se indicó en auto de tres de mayo pasado, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que dicho medio de convicción será analizado en su momento procesal oportuno por parte de este juzgado, sin que para ello, sea menester llevar a cabo un interrogatorio como lo pretende el ocursante.

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