Andres Jeronimo Alcantar

Expediente 634/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
634/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Titular Y/O Responsable del Centro de Atención Comisión Federal de Electricidad Y/O Zona Distribución Uruapan
  • Andres Jeronimo Alcantar

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio electrónico 9797/2023 firmado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegido en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el auto de cuatro de octubre del presente año, dictado por la superioridad, del que se desprende que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el quejoso Andrés Jerónimo Alcántar, medio de impugnación que quedó registrado como queja 322/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Andrés Jerónimo Alcántar, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso interpuesto el recurso de queja en contra del auto diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Sin que resulte necesario correr traslado a las partes con el escrito de expresión de agravios, así como requerir a las autoridades responsables informen sobre la materia de la queja, ni sobre las constancias que estimen pertinentes. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 1ª./J.126/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]". En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito de expresión de agravios, así como el expediente físico y electrónico del presente juicio de amparo 634/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. En la inteligencia que en auto de radicación, se determinó no imprimir ni agregar al expediente impreso, las actuaciones del presente asunto, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma, de conformidad con el artículo 253 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Infórmese al Tribunal Colegiado de Circuito, que se deja a su disposición el expediente electrónico del presente juicio de amparo 634/2023, para lo cual, se comisiona a la Encargada del SISE para que otorgue los permisos correspondientes en dicho sistema. INFORME Ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en el que se manifieste a la Superioridad que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que este Juzgado Federal, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por el promovente; sin embargo, dicho proveído se encuentra apegado a derecho por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Háganse las anotaciones en el Libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Andrés Jerónimo Alcántar, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, exhibe el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece, y agrega que dicho contrato es el que debe regir en el presente asunto de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "CONTRATO SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN". Por tanto, se tiene al promovente cumpliendo en tiempo y forma con la prevención impuesta. DESECHAMIENTO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que el quejoso reclama actos atribuidos a autoridades que no pueden ser consideradas como tales para efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan con los particulares es de coordinación, propias del ámbito mercantil, y no de supra a subordinación que harían posible su impugnación en sede administrativa, que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar la demanda, con base en el diverso numeral 113 de la Ley de Ampro. De la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el quejoso reclama del: 1.- Titular y/o responsable del Centro de Atención Comisión Federal de Electricidad y/o Zona de Distribución Uruapan. 2.- CFE Suministrador de Servicios Básicos, con domicilio en Morelia, Michoacán. 3.- CFE Distribución con domicilio en Morelia, Michoacán: La orden real e inminente del corte de suministro de energía eléctrica en su domicilio ubicado en Calle Niño Perdido número 16, Localidad Santa Cruz Tanaco, Cheran, Michoacán, Código postal 60271, correspondiente al número de servicio 166000800843, con número de medidor 760YK4, contraviniendo el derecho humano a una vivienda digna y decorosa previsto en el artículo 40., séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. La Segunda Sala estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación: a) La relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b) Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derecho humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c) Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Apoya lo anterior la tesis: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional" Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podemos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa lo haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Desde el trece de octubre de dos mil catorce, entró en vigor la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de esa empresa productiva, de tal suerte, ahora es considerada, una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, regida por su ley y reglamento y, en forma supletoria, por el derecho mercantil y civil. En este sentido, las empresas públicas, o sea, aquellas que el Estado (federal, local y municipal) organiza y explota en forma exclusiva deben considerarse como mercantiles, primero, porque responden a la naturaleza, a la actividad y a la finalidad propias de esa materia, que es ejercer una actividad comercial o industrial en forma habitual o profesional, para ofrecer bienes y servicios al mercado; y, en segundo lugar, porque los actos y la actividad que realicen se consideran como actos de comercio y de carácter lucrativo, tomando el concepto de lucro en sentido amplio, no sólo como beneficio del titular o del socio titular, sino como plusvalor del costo total de la producción de la mercancía o del servicio, que es el caso de la empresa productiva denominada Comisión Federal de Electricidad. Es importante apuntar que los contratos y todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán, en términos del artículo 7° de la Ley de dicha Comisión, incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común, debiendo cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Por tanto, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los individuos como usuarios, deben reputarse como actos mercantiles y, por ende, propios de las relaciones de coordinación, en términos del artículo 75, fracción V, del Código de Comercio. Conforme a lo anterior, se arriba a la conclusión de que las autoridades señaladas como responsables por el quejoso en su demanda de amparo, no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues la relación que establecen con los particulares es de coordinación propias del ámbito mercantil, y no de supra a subordinación que harían posible su impugnación en sede administrativa, y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, deben decidirse en la vía mercantil que proceda. No pasa inadvertido que el quejoso en su demanda de amparo señala que se encuentra en el caso de excepción relativa a que Comisión Federal de Electricidad al realizar actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado por las partes en el contrato de adhesión correspondiente puede dar lugar a un acto de autoridad reclamable en el juicio de amparo. Asimismo, en su escrito de aclaración, el quejoso precisa que en ningún momento está contraviniendo cuestiones relacionadas con el contrato de suministro de energía eléctrica, sino la orden real e inminente del corte de suministro de energía eléctrica sin estar fundada ni motivada. Sin embargo, cabe precisar al quejoso que, de la lectura integral de los antecedentes del acto reclamado que describe en su demanda de amparo, y los anexos que presentó con su demanda, se advierte que tiene celebrado un contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica con las autoridades responsables desde el veintitrés de agosto de dos mil, que el dieciséis de agosto del año en curso, encontró el Aviso de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación de dieciséis del mismo mes y año y se dio cuenta que el servicio estaba cortado; que el uno de septiembre siguiente acudió al Centro de Atención de CFE de esta ciudad, a preguntar las razones por las cuales le habían cortado el suministro de energía eléctrica, a lo que le dijeron que su medidor presentaba una anomalía y tenía un adeudo pendiente por la cantidad de $41,248.00 (cuarenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos). De lo anterior se sigue que el corte de suministro de energía eléctrica reclamado, emana de lo estipulado y aceptado en el contrato de adhesión celebrado entre el quejoso y las autoridades responsables. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el quejoso en su escrito de aclaración, en el sentido de que "el modelo de contrato de adhesión de servicios de suministro de energía eléctrica que debe de regir en el presente juicio es el publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece", el cual exhibió y del que se advierte en su cláusula décima cuarta: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON PREPAGO DÉCIMA CUARTA.- Suspensión del suministro Las partes aceptan que "LA COMISIÓN" suspenderá el suministro de energía eléctrica, sin que se requiera para el efecto intervención de la autoridad judicial o administrativa, cuando: - Cuando la Secretaría de Energía determine que las instalaciones del usuario no cumplen con las normas oficiales mexicanas. - Se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en este contrato. En estos supuestos, "LA COMISIÓN" deberá dar aviso previo a "EL USUARIO" al menos con tres días de anticipación a la fecha fijada para la suspensión, en el cual incluirá las consideraciones por las cuales se procederá a la suspensión del suministro de energía eléctrica. - Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición de "LA COMISIÓN". En este supuesto, el verificador asentará en la constancia de verificación las consideraciones por las que se procede a la suspensión del suministro de energía eléctrica. La suspensión se realizará de manera inmediata y sin aviso previo, lo cual se asentará en la constancia de verificación. Documental que adquiere valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones; y con base en la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país del rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En vista de lo anterior, como en el contrato de suministro de energía eléctrica se estableció en su cláusula décima cuarta, la suspensión del suministro de manera inmediata y sin aviso previo, por parte del verificador que asentará en la constancia de verificación las consideraciones por las que procesa al suspensión; lo cual ocurrió en el presente asunto, habida cuenta que el propio quejoso refiere que en el centro de Atención fue informado que su medidor presentaba una anomalía y tenía un adeudo pendiente por la cantidad de $41,248.00 (cuarenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos). En vista de lo anterior, la orden de corte de suministro de energía eléctrica que se reclama en el presente juicio de amparo, deriva de la relación comercial entre la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en calidad de suministrador de energía eléctrica y el quejoso como usuario, por tanto, constituye un acto mercantil, propio de las relaciones de coordinación, la cual es impugnable en la vía ordinaria mercantil. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INSTAURA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DETERMINA UN CRÉDITO A CARGO DE ÉSTE, FUERA DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), estableció una excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, "cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales", lo cual debe analizarse en cada caso concreto por el juzgador. En consecuencia, la empresa productiva del Estado mencionada tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando como resultado de la verificación de los equipos o instrumentos de medición en el domicilio del quejoso (usuario del servicio de energía eléctrica), con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, determina un crédito a cargo de aquél, fuera de lo estipulado en el contrato de adhesión correspondiente, al no advertirse de éste que las partes hubiesen pactado de manera expresa y específica, supuesto alguno que permitiera a la propia comisión instaurar dicho procedimiento de verificación; de ahí que ese actuar es susceptible de escrutinio constitucional, para determinar si se actualiza o no alguna violación a los derechos fundamentales del particular". Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de la Materia, pues el hecho de que se determine que el acto atribuido a la responsable en este juicio "no es acto de autoridad", no implica por exclusión, que deba ser considerado como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo; puesto que las autoridades señaladas como responsables corresponden como ya se dijo a una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, regida por su ley y reglamento y, en forma supletoria, por el derecho mercantil y civil; de ahí que no pueda considerarse como un "acto de particulares". Atento a las consideraciones expuestas con antelación, se arriba a conclusión de que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), de la Ley de Amparo, consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por Andrés Jerónimo Alcantar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Jerónimo Alcantar por propio derecho, contra actos de la Titular y/o responsable del Centro de Atención Comisión Federal de Electricidad y/o Zona de Distribución Uruapan y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 634/2023. PREVENCIÓN. El quejoso Andrés Jerónimo Alcántar, por propio derecho, señala como acto reclamado la orden real e inminente del corte de suministro de energía eléctrica en su domicilio correspondiente al número de servicio 166000800843, y dice tener celebrado un contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica con las autoridades responsables desde el veintitrés de agosto de dos mil. Sigue narrando el quejoso que el dieciséis der agosto del año en curso, encontró en su domicilio el "Aviso de revisión al Sistema de Medición y la Instalación" con folio 0360, asimismo se dio cuenta que estaba cortado el suministro de energía eléctrica en su domicilio. Agrega que el uno de septiembre del año en curso, acudió al centro de atención de Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad, donde le informaron que el medidor presentaba una anomalía y tenía un adeudo pendiente por la cantidad de $41,248.00 (cuarenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos); sin entregarle ningún documento. Para lo cual, el promovente adjuntó a su escrito de demanda: 1.- Recibo de pago de luz del servicio 166000800843, a nombre del quejoso, con fecha de pago diecisiete de agosto del año en curso. 2.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional electoral, a nombre del quejoso. 3.- Aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica. Ahora, como en el último de los citados documentos "Aviso de revisión", se señala que de acuerdo al contrato mercantil que se tiene celebrado, se procedió a realizar una revisión para constatar el funcionamiento e integridad de los instrumentos y equipo de medición instalado. En vista de lo anterior, para estar en condiciones de proveer respecto de la demanda de amparo, es necesario el Contrato mercantil de suministro de energía eléctrica que tiene celebrado el quejoso con las autoridades responsables. Por todo lo expuesto, es necesario imponer la siguiente: PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: ÚNICO. El promovente Andrés Jerónimo Alcantar, deberá exhibir el Contrato mercantil de suministro de energía eléctrica celebrado con las autoridades responsables. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en el término concedido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de Amparo, se acordará lo que en derecho corresponda. Al dar cumplimiento a la prevención impuesta, la parte quejosa deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y del contrato que se le solicita, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, bajo el rubro y texto siguiente "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO" Asimismo, se le indica que deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos el artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea, mediante los usuarios "oscar_galeana", y "brisajanet" conforme al artículo 55 del "ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En la inteligencia que conforme al diverso numeral 57 del propio Acuerdo General, la autorización para ser notificado electrónicamente lleva implícita la relativa a consultar el expediente electrónico y la de remitir promociones por vía electrónica, conforme a los artículos 18 y 51 del citado Acuerdo General. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al Actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Oscar Alejandro Galeana Corona, Oliva Benítez Reyes, Santiago Orozco Valencia, Alejandro León Cortes, Brisa Janet González Ramos, Edmar Rodríguez Morales y Cipriano Rodrigo Sandoval Villanueva, toda vez que, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a Norma Guillen Tinoco y Laura Iliana Valladares Vega hasta en tanto, acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. CAPTURAS EN EL SISE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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