Andrés Javier Garnica Mejía
Expediente 1544/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1544/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andrés Javier Garnica Mejía
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, Jose Alfredo Antonio Reyes, mediante el cual hace diversas manifestaciones. Por lo anterior, por cuanto a la petición que formula elpromovente en el sentido de que se le devuelvan losdocumentales que exhibió al escrito inicial de demanda; al respecto, como lo solicita hágase ladevolución de las mismas, previa copia que obre enautos, autorizando a las personas que propone para los efectos que indica. Ahora, como lo solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de las constancias solicitadas; asimismo, hágasele del conocimiento que para el fotocopiado de las documentales que solicita deberá acudir en cualquier día y hora hábil a este Juzgado Federal, debidamente identificado. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos, del Poder Judicial' de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Por otro lado, en relación a las copias del dispositivo USB que menciona, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo faculta a este Juzgado expedir únicamente copias certificadas, atendiendo a ello, se colige que la certificación solo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron; sin embargo si lo estima necesario, se encuentran a su disposición para consulta. Finalmente, por cuanto hace al punto en donde solicita se requiera a la parte demandada para el efecto de que proporcione domicilio cierto y verdadero de la persona moral de quien solicita sea llamada a juicio; dígasele que una vez que aclare su petición, se acordara lo conducente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, remite dispositivo de almacenamiento USB, que contienen las constancias de todo lo actuado en el juicio natural de antecedentes, conforme a la normatividad establecida en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ya se dictó la resolución correspondiente en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Andrés Javier Garnica Mejía, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS En escrito de demandas inicial: Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos "Todos y cada uno de los autos, proveídos, acuerdos, así como todas y cada una de las resoluciones, sentencias emitidas dentro del expediente 527/1996, que en ese entonces se sustanció ante el Juez de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y derivado de la nueva creación de juzgados dentro del quinto distrito judicial del estado de Morelos, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es en razón de que se señalan como autoridades responsables ordenadoras al C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, como al C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, desconozco, incluso la secretaría en que se radicó, por no ser debidamente llamado a juicio, es decir, que el de la voz, desconozco plenamente las constancias legales que obran en el expediente de donde emana el acto reclamado". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito formó el expediente 1544/2022 y admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Ampliación de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa presentó escrito de ampliación de demanda de amparo, respecto de las siguientes autoridades responsables y actos reclamados: Autoridades Responsables: Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos Con residencia en Yautepec de Zaragoza, Morelos. Juez Décimo Séptimo de lo Civil del Proceso Escrito de la Ciudad de México (denominación correcta). Con residencia en Ciudad de México. Actos Reclamados: "Todos y cada uno de los autos, proveídos, acuerdos, así como todas y cada una de las resoluciones, sentencias emitidas dentro del expediente 527/1996, radicado ante el C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, DISTRITO FEDERAL, que en ese entonces fue ejecutado por el Juez de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y derivado de la nueva creación de juzgados dentro del quinto distrito judicial del estado de Morelos, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es en razón de que se señalan como autoridades responsables ordenadoras al C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, como al C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, desconozco, incluso la secretaría en que se radicó, por no ser debidamente llamado a juicio, es decir, que el de la voz, desconozco plenamente las constancias legales que obran en el expediente de donde emana el acto reclamado. Sin embargo, tengo pleno conocimiento que todos y cada uno de los autos, proveídos, acuerdos, así como todos y cada una de las resoluciones, sentencias emitidas dentro del expediente con número 527/1996, radicado ante el C. JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, DISTRITO FEDERAL, se encuentra sujeto el lote identificado y ubicado en FRACCIONAMIENTO REAL DE OAXTEPEC, DE YAUTEPEC, MORELOS, IDENTIFICADO COMO LOTE VEINTITRÉS, MANZANA VEINTE, DE DICHO FRACCIONAMIENTO, circunstancia que acredito plenamente con el documento relativo a la cesión de derechos que anexo, y del cual se advierte que soy legítimo propietario y posesionario del inmueble, y que de la cesión que hago referencia se advierten las medidas y colindancias, así como la superficie total del inmueble que es de mi propiedad..." CUARTO. Admisión y trámite de la ampliación de demanda. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la ampliación de demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró a las diez horas con un minuto del tres de octubre de dos mil veintitrés, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tendrían ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. De autos del presente asunto, en específico, del escrito de demanda, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, al acudir ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en búsqueda de datos de registro del inmueble que refiere de su propiedad, lo cual se colige con la constancia que le expidió el citado Instituto en la fecha antes mencionada, relativa a la "Anotación por Orden Judicial", que adjunta al escrito de demanda. Precisado lo anterior, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la citada Ley, comenzó a correr a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor de los actos reclamados; por lo tanto, si el quejoso tuvo conocimiento el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el término comenzó a correr el veintidós de noviembre y feneció el doce de diciembre de esa anualidad, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles; y la presentación de la demanda de amparo fue el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, de ahí, que su presentación se considere oportuna. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo y del escrito de ampliación de la misma, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Yautepec de Zaragoza, Morelos, lo siguiente: Todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 527/1996, promovido por la Asociación de Colonos y Propietarios de Real de Oaxtepec, Asociaciónn Civil, contra Grupo Omega, Sociedad Anónima y Miguel Ángel García Gallardo, incluyendo todos los autos, proveídos, acuerdos, resoluciones y sentencias emitidas en ese procedimiento CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Yautepec de Zaragoza, Morelos, informó que no cuenta con antecedente alguno del amparo en que se actúa, de lo que se deduce niega los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados por lo que hace a la autoridad responsable de referencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, únicamente por lo que concierne a dicha autoridad. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto de molestia. Al rendir su informe justificado el Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, aceptó expresamente la existencia del Juicio Ordinario Civil 527/1996, promovido por la Asociación de Colonos y Propietarios de Real de Oaxtepec, Asociaciónn Civil, contra Grupo Omega, Sociedad Anónima y Miguel Ángel García Gallardo, que corresponde a su índice, del cual refiere el quejoso emanan los actos reclamados, por lo tanto, sus manifestaciones constituyen una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última. Además, la certeza de lo anterior se corrobora con las actuaciones practicadas dentro del referido procedimiento Ordinario Civil, las cuales obran en el dispositivo de almacenamiento USB, que remitió la responsable de la ciudad de México, mediante oficio 2944, del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, que contiene copia certificada con firma electrónica "e-firma", autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mismas que remitió como complemento a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2°de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; aunado que adquieren el carácter de documental pública, de conformidad con los artículos 197 y 202 de la codificación federal invocada. Por su parte, la diversa autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Yautepec de Zaragoza, Morelos, niega el acto reclamado, sin embargo, de su contenido se advierte que hace alusión que: "... el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, recibió el oficio 3067, registrado con el número 0281, que envió el Juez Décimo Séptimo de lo Civil de México, Distrito Federal, por medio del cual remite el exhorto sin número deducido del expediente 527/1996, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por Asociación de Colonos y Propietarios de Real de Oaxtepec, Asociación Civil, contra Grupo Omega, Sociedad Anónima, ..."; esto es, no obstante su negativa, al hacer alusión al juicio de donde emanan los actos reclamados en virtud de un exhorto para diligenciar, se tienen por ciertos los actos reclamados. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone que no procede el juicio constitucional cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. El numeral 61, Fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;...". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando el quejoso no tiene interés jurídico para promoverlo contra el acto reclamado. Ahora bien, es necesario precisar que la acepción jurídica del interés refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección. De acuerdo con la doctrina, los intereses pueden clasificarse atendiendo al número de personas afectadas por el acto reclamado, en individual y colectivo o difuso; y en atención al nivel de afectación o intensidad en relación con la esfera jurídica de la persona, en interés simple, legítimo o jurídico. Un sector de la academia indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos, no existe tal vínculo, pues son situaciones contingentes o accidentales; ambos comparten la nota de ser supraindividuales, indivisibles, aunque la persecución recae directamente en personas identificables, y la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. Además el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, se identifica ordinariamente con el concepto de Derecho Subjetivo, aunque hay algunos expertos que estiman que no existe identidad entre estos conceptos. Supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables; una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; es "la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas". Atendiendo a la calidad del sujeto obligado, se distingue entre Derechos Subjetivos privados (cuando el obligado sea un particular) y públicos (en caso de que la menciona obligación se impute a cualquier órgano del Estado). El interés supone que el agravio es actual, directo y presente. Quien promueva como titular de este interés, debe demostrar la existencia del Derecho Subjetivo que se dice vulnerado y el acto de autoridad que lo afecta. Dicho de otro modo, el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para la procedencia del juicio de amparo, que toda persona quien lo instaure acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Al caso resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, consultable en la página 5, del Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Febrero de 2002, que a la letra preceptúa: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Asimismo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la Tesis: VI.T.20 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1649, Novena época, Materias: Común, con registro digital 171741, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SI PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE EL QUEJOSO OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO EXHIBE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO REGISTRADO EN LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2988, FRACCIÓN III Y 2989 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DICHO DOCUMENTO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA CONSIDERARLO COMO JUSTO TÍTULO. De conformidad con los artículos 2988, fracción III y 2989 del Código Civil para el Estado de Puebla, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados por un periodo mayor de cinco años y aquellos en los que haya anticipo de rentas por más de tres, son actos jurídicos que deben registrarse, y no producirán efectos contra terceros si no están inscritos en la oficina correspondiente del registro público; en tal virtud, si el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y para acreditar su interés jurídico en la posesión de un inmueble exhibe un contrato de arrendamiento que incumple con los requisitos legales antes referidos, es evidente que carece de eficacia jurídica para considerarlo como justo título necesario para que sea protegida su posesión, conforme al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De donde se colige que si una persona tercera extraña a un juicio civil aduce que se afectaron los derechos de posesión que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere, a su favor, el derecho a la posesión, ya sea originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, pues la simple tenencia material de la cosa no es tutelada por la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, de las constancias que en copia certificada allegó como complemento al informe justificado mediante dispositivo de almacenamiento USB, con firma electrónica "e-firma", autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la autoridad responsable Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, a las que se les concedió valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, correspondientes al expediente 527/1996, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la Asociación de Colonos y Propietarios de Real de Oaxtepec, Asociación Civil, contra Grupo Omega, Sociedad Anónima y Miguel Ángel García Gallardo, se desprende que al quedar precisadas las partes contendientes, destaca la circunstancia que el aquí quejoso Andrés Javier Garnica Mejía, no es parte, lo que incluso señala expresamente el Juez responsable al rendir el informe justificado y se corrobora con las actuaciones del referido procedimiento civil, quien alude que: "...NO son ciertos, en virtud de que la Suscrita no ha emitido auto alguno tendiente a afectar los derechos reales de posesión y propiedad del quejoso, tomando en consideración que tanto de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda como en los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en autos, no fue ordenada dicha afectación, haciéndose la aclaración que conforme a los Puntos Resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la Sentencia Definitiva, de fecha doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, misma que fue revocada por la Séptima Sala Civil de este Tribunal, en su resolución de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, se condenó a la empresa codemandada a la terminación de la urbanización del fraccionamiento Real de Oaxtepec, y entregar formalmente el fraccionamiento al ayuntamiento de ese municipio previa la opinión por escrito de la Asociación de Colonos actora, así como a entregar a la Asociación Actora de los equipos y haberes pertenecientes al propio fraccionamiento Real de Oaxtepec, incluyendo bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan, una vez que haga entrega del fraccionamiento al Ayuntamiento del municipio de que se trata, haciéndose la aclaración de como se desprende de constancias de autos EL HOY QUEJOSO CONSTITUCIONAL NO FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL, por lo que no se llamó a juicio....". Y el quejoso para acreditar la calidad que refiere respecto del bien inmueble ubicado en el Fraccionamiento Real de Oaxtepec, de Yautepec, Morelos, identificado como Lote veintitrés, Manzana veinte, exhibió con su escrito de demanda de amparo y escrito de ampliación de demanda, el Contrato de Cesión de Derechos, celebrado el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, de cuyo contenido se precisa en la parte que interesa lo siguientes: "Contrato de Cesión de Derechos que celebran por una parte como "cedente" la C. Alicia Meneses de Andonegui, y por otra parte como "cesionario". C. Andrés Javier Garnica Mejía, compareciendo cada una de ellas por su propio derecho, bajo los siguientes antecedentes y cláusulas: ANTECEDENTES: Declara la C. Alicia Meneses de Andonegui, en su carácter de parte cedente: ...III.- Ser propietaria y posesionaria del inmueble ubicado en Real de Oaxtepec, de Yautepec, Morelos, identificado como Lote veintitrés, Manzana veinte, de dicho fraccionamiento, precisando que dicho lote lo adquirió mediante contrato de promesa de compraventa celebrado con Grupo Omega Sociedad Anónima, en su carácter de promitente compradora y promitente vendedora, respectivamente, derivando que es por ello, que tiene la posesión de manera pacífica, pública, de buena, cierta y jurídica. IV.- Manifiesta la cedente que el inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- En 30.00 metros, colinda con Lote 24. ALSUR.- En 20.00 metros y colinda con calle Tetlepanquetzal. AL ORIENTE.- En 20.00 metros y colinda con lote 22. AL PONIENTE.- En 10.00 y colinda con avenida Moctezuma y Pancupe de 15.70 metros entre la avenida Moctezuma y Tetlepanquetzal. Teniendo una superficie de 578.54 metros cuadrados, siendo estas características que identifican plenamente el predio descrito en las presentes antecedentes. ...b) Declara la C. Andrés Javier Garnica Mejía, en su carácter de parte cesionario: I.- Manifiesta que conoce e identifica plenamente el inmueble materia de la presente cesión de derechos y encontrándose debidamente y sin impedimento alguno para poder llevar a cabo la celebración del presente acto jurídico. II.- Que a la firma del presente contrato de compraventa conoce el estado físico del inmueble que por medio del presente contrato se le transmite de manera absoluta. Atento a lo anterior las partes están de acuerdo en someterse a las siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA: La C. Alicia Meneses de Andonegui, en su carácter de parte "cedente" manifiesta ser la propietaria y posesionaria del inmueble detallado en los numerales III y IV del inciso A) de los antecedentes, manifestando desde este momento su deseo de ceder en su totalidad el inmueble mediante la presente cesión de derechos en favor del C. Andrés Javier Garnica Mejía, esto en forma absoluta y sin reserva alguna. SEGUNDA: A efecto de exteriorizar la voluntad de la cláusula anterior inmediata de la C. Alicia Meneses de Andonegui, en su carácter de parte "cedente" manifiesta que el inmueble que será cedido y transmitido sin reserva alguna correspondiente al inmueble detallado en los numerales III y IV del inciso A) de los antecedentes, es razón de que esta es la legítima propietaria y posesionaria del mismo. TERCERA: El precio de esta operación será por la cantidad de $45,500.00 que la parte "cesionario" pagará a la parte "cedente" a la firma del presente contrato. CUARTA: La parte "cesionario" manifiesta su más entera conformidad con las cláusulas primera, segunda y tercera, del presente contrato de cesión de derechos, por lo que, no tiene objeción alguna de dar cabal cumplimiento al mismo. QUINTA: El inmueble enajenado pasa a poder de la parte "cesionario" desde la firma del presente contrato, por lo que, la parte "cesionario" realizará gestión y/o trámite alguno a efecto de elevar la presente cesión de derechos a escritura pública, asimismo, los adeudos fiscales, estatales y municipales, serán cubiertos por la parte "cedente", quien queda obligada al saneamiento para el caso de evicción conforme a derecho. SEXTA. Todos los gastos, impuestos y honorarios que se causen con motivo de la formalización ante Notario Público que por elecciones los compradores elijan a efecto de que se ordene el tiraje de la escritura pública a favor del cesionario y en consecuencia su inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, serán cubiertos por la parte "cesionario". SÉPTIMA: Ambas partes convienen acordar como que no se establecerá ninguna pena convencional, por lo que únicamente ante la falta de cumplimiento de la parte "cesionario" será rescindido el contrato de cesión de derechos. OCTAVA: Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se sujetan a la jurisdicción y competencia de los Juzgados Civiles radicados en el Municipio de Yautepec, Morelos. NOVENA: Ambas partes reconocen que el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión, ni enriquecimiento ilegítimo por parte de ninguno de ellos. Leído el presente contrato, lo ratifican y firman en la ciudad de Yautepec, Morelos, a los veinte días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro. "CEDENTE" (firma autógrafa-tinta color azul) C. ALICIA MENESES DE ANDONEGUI. "CESIONARIO (firma autógrafa-tinta color azul) C. ANDRES JAVIER GARNICA MEJÍA". Documento descrito con antelación que adolece de valor probatorio, ya que se advierte que carece de fecha cierta, puesto que no fue celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado e investido de fe pública, aunado que no obra constancia alguna de que haya sido presentado ante un Registro Público, es decir, no existe constancia alguna de su registro ni existe constancia de que las partes que lo suscribieron hayan muerto; además, se aprecia, que no obra asentado nombre y firma de testigos que hayan presenciado dicho acuerdo de voluntades; por tanto, carece de eficacia probatoria para probar el derecho de posesión en calidad de propietario, posesión que afirma tener el peticionario sobre el bien inmueble que el mismo describe. Lo anterior, porque la fecha cierta de un documento privado se obtiene, cuando se da cualquiera de las siguientes hipótesis: a) A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; b) Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por lo tanto, si en el caso no se dieron estos supuestos, el documento privado no surte efectos contra terceros, sino sólo entre los contratantes, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica y certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. Apoya lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 24/2008, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintisiete de febrero de dos mil ocho, consultable como Tesis: 1a./J. 24/2008,en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, Novena Época, Materia Civil, con Registro Digital: 169963, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". De lo anterior se concluye, que la documental reseñada, por sí sola, resulta insuficiente para acreditar a favor del quejoso la posesión jurídica que tutela la Carta Magna, pues sólo tiene valor presuncional en ese sentido, al no estar corroborada con otras pruebas, como pudiera ser el recibo, cheque o transferencia bancaria que acredite que se realizó el pago de la cantidad establecida como precio de la operación que supuestamente realizaron y firmaron las partes que intervinieron en el citado documento, o bien, la prueba testimonial, que es la idónea para acreditar tal derecho, la cual, no ofreció el quejoso. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis XX J/40, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 333, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199538, cuyo rubro y texto dice: "PRUEBA TESTIMONIAL. ES IDÓNEA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE LA POSESIÓN. La prueba testimonial es idónea para acreditar no sólo el origen de la posesión sino también la calidad apta para prescribir". En ese sentido, el elemento probatorio que obra en autos consistente en el referido contrato de cesión de derechos, no acredita en este juicio de amparo, el interés jurídico del quejoso, traducido como el derecho público subjetivo de la posesión que afirma le fue afectado con los actos de autoridad de que se duele; por tanto, se surten los extremos de improcedencia que establece la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la invocada ley. Cobra aplicación a lo así determinado, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 5, con registro digital 187733, cuyo rubro y texto señalan: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Asimismo, tiene aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia I.3o.C. J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil uno, en la página 1650, Registro digital 190119, que dice: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." También es aplicable al caso particular, la jurisprudencia II.2o.C. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil, en la página 1341, Registro digital 190785 que señala: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." El sobreseimiento comprende los actos de ejecución reclamados a los Jueces Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, señalados como autoridades responsables, ya que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la atribuida a los de la ordenadora. Lo así considerado, se ve apoyado en el criterio contenido en la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1995, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por la autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo anterior, si bien los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sustentan lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Andrés Javier Garnica Mejía, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero, y por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Sentencia dictada en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés: "...El sobreseimiento comprende los actos de ejecución reclamados a los Jueces Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, señalados como autoridades responsables, ya que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la atribuida a los de la ordenadora. Lo así considerado, se ve apoyado en el criterio contenido en la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1995, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por la autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo anterior, si bien los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sustentan lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Andrés Javier Garnica Mejía, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero, y por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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