Andrés Hurtado Guzmán
Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Andrés Hurtado Guzmán
Actuaciones
- Principal
..CAUSA ESTADO. Visto el estado de autos del que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes hayan intentado recurso alguno en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. ARCHIVO Y ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto del acto reclamado.M-IV
- Principal
INFORME JUSTIFICADO. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo rindiendo informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del contenido del informe justificado se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable una causa de improcedencia, cuya demostración no puede desvirtuarse con ningún medio de prueba. Lo anterior, pues no es cierto el acto reclamado atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo. Se afirma lo anterior, pues así se desprende de la copia certificada que adjuntó la junta responsable a su informe con justificación, la cual merece pleno valor probatorio de conformidad con lo preceptuado por los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, destacándose que desde el uno de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda interpuesta por el quejoso Andrés Hurtado Guzmán, mismo que se radico bajo el número de expediente 866/2020. Luego, de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, se colige que la demanda que dio origen al presente asunto fue presentada hasta el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; por tanto, es patente que antes de esa data, la autoridad responsable ya había emitido el acuerdo que admitió a trámite la demanda interpuesta por el aquí quejoso. Por ese motivo, es evidente que no es cierta la omisión que se analiza, en virtud de que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 36/98, emitida en contradicción de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, del siguiente contenido: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." De igual manera, se invoca en apoyo de la determinación asumida, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, al haberse demostrado la inexistencia de la omisión analizada, tomando como parámetro la data en que se presentó el escrito inicial; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del acto en cita. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, que se programó a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil veintiuno. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, cuyo contenido literal es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...M-IV
- Principal
.Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de catorce enero de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: VISTA CUMPLIMIENTO. Se tiene a la Jueza Penal de Control adscrita al Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, para lo cual remite copia autentica de diversas constancias de la causa penal 23/2019, de su índice. En consecuencia, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...M-III
- Principal
EL QUEJOSO DESAHOGA REQUERIMIENTO. Téngase al quejoso manifestando que el domicilio del tercero interesado José Santos Marroquín Morato, representante de Inmobiliaria y Constructora Mariluz, Sociedad Anónima de Capital Variable, es el que proporcionó con anterioridad y el de María de la Paz Germán Cabrera, en su carácter de presidenta de la asociación colonos de San Francisco Tulancingo A.C, lo desconoce. SE DECRETAN MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN. Por tanto, requiérase a las siguientes entidades: Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Electricidad, Gerente Comercial de Teléfonos de México, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Educación Pública, todos en el Estado de Hidalgo; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, informen a este juzgado federal si en sus registros o archivos se encuentra algún domicilio a nombre de José Santos Marroquín Morato, representante de Inmobiliaria y Constructora Mariluz, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de María de la Paz Germán Cabrera. Con el apercibimiento a todas las dependencias, que de no hacerlo así, dentro de la temporalidad concedida para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. En el entendido que las dependencias e instituciones nombradas son las que, a juicio de este juzgado pudieran tener FRANCISCO ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5e 07/08/21 15:20:43 algún dato acerca del domicilio que se investiga, por contar con registros de personas físicas y morales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis 254/2016, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, visible en la página 1060, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: TERCERO INTERESADO. EL DESCONOCIMIENTO DE SU DOMICILIO, PARA EFECTOS DE SU PRIMERA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE REQUERIR A AQUELLAS AUTORIDADES QUE, AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, PUDIERAN TENER UN DATO CIERTO SOBRE AQUÉL, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA. El artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el fin de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se señaló. Al respecto, el término "medidas" debe entenderse como el procedimiento de investigación consistente en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener algún dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza; en tanto que de la referencia a las que estime pertinentes, se infiere que se deja al prudente arbitrio del juzgador el desahogo del procedimiento de investigación, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso de la justicia de las partes y la posibilidad de que éstas sean escuchadas en el juicio, a la luz de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptar que deba contactar a absolutamente todas las autoridades de las que pudiera inferirse, mínimamente, que tengan un dato sobre su domicilio, representaría imponer una medida que retrasaría la tramitación del juicio, lo cual sería contrario al postulado de pronta impartición de justicia, pues su paralización sería inminente ante la imposición de una obligación de esa índole; máxime que la intención legislativa FRANCISCO ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.5e 07/08/21 15:20:43 consistente en que, en la medida de lo posible, la parte quejosa no resienta esa carga procesal y económica, no puede entenderse como una prohibición absoluta, pues al preverse aunque sea mínimamente, entonces no es viable pensar que deba evitarse en todo juicio donde se presente este supuesto. Si de las investigaciones realizadas no se obtienen los datos requeridos, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos, en términos del artículo 27, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo. SE PROGRAMA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado de autos se advierte que no se celebró la audiencia con motivo de las providencias contenidas en la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", contenida en la Circular CAP/3/2020. En término de lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional...M-II
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