Andrés Huitrón Córdoba
Expediente 1612/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés Huitrón Córdoba
Actuaciones
- Principal
Mesa V-A * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1612/2016; y PRIMERO.- De la demanda. Copia certificada de la demanda de amparo promovida por Andrés Huitrón Córdoba, contra los actos atribuidos a las autoridades indicadas en su escrito inicial de demanda, turnada a este órgano jurisdiccional por razón de turno, misma que fue recibida en este juzgado el diez de octubre de dos mil dieciséis. El peticionario del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, no designó tercero interesado y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio y audiencia. Por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó formar expediente, registrándose con el número 1612/2016; se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo los trámites, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013; su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO.- Fijación de los actos reclamados. La parte quejosa reclamó la orden de aprehensión librada en su contra librada en su contra por las autoridades judiciales y la ejecución material de tal determinación por parte de las restantes TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, los Titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, del Secretario encargado del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la Jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Director de Asuntos Jurídicos en representación del fiscal General del Estado de Oaxaca, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Sin que la negativa de las referidas autoridades responsables fuera desvirtuada por la parte quejosa con prueba alguna; razón por la cual, por inexistencia de tales actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por Andrés Huitrón Córdoba contra los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, Juez Primero de lo Penal Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Fiscal general del estado de Oaxaca, y Director de la Policía Estatal de Investigaciones, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, conforme a las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese...
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el oficio 4623, firmado por la titular del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del Centro, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada del proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 187/2015 de su índice, donde dejó insubsistente el auto de formal prisión de once de septiembre de dos mil dieciséis, emitido contra la aquí quejosa y señaló nuevas fechas para el desahogo de los diversos medios de prueba ofrecidos dentro del término constitucional; por lo que, téngase a la responsable en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. De la sentencia concesoria dictada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, autorizada el veintitrés de mayo siguiente; la cual se declaró ejecutoriada el trece de junio de esta anualidad, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Salvador Ruíz López, fue para el efecto siguiente: AUTORIDAD EFECTOS 1. Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el treinta y uno de octubre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En acato a lo requerido por este juzgado en proveído de cinco de este mes y año, el titular del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, mediante oficios 5421 y 5671, recibidos en este juzgado el nueve y el veintidós de septiembre de esta anualidad respectivamente, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 200/2014 y del proveído de veintiuno del mes pasado dictado en la citada causa penal. Ahora bien, de las citadas documentales se aprecia que el juez responsable dejó sin efecto los autos de formal prisión dictados el veintiuno de junio y veintidós de julio de dos mil dieciséis y treinta y uno de octubre de dos mil quince, emitidos en la causa penal 200/2014. Por otra parte, de la resolución de nueve de septiembre de esta anualidad dictada de la causa penal número 200/2014, se advierte que el juez responsable subsanó las deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: VICIOS DESTACADOS. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elemento del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 1.- Respecto a este punto, el juez responsable, al llevar a cabo el estudio del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, enunció y valoró las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Juan Genaro Mendoza García, Cecilia Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, omitió fundar su apreciación en la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado y evidenciar que se cumplen los requisitos previstos en los incisos c) y f); además, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 2.- Por lo que hace a dicha prueba, el juez de la causa determinó que la misma cumple con los requisitos establecidos por la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado, únicamente respecto de los declarantes Juan Genaro Mendoza García y Cecilia Felicitas Meléndez Martínez, además explicó por qué las documentales que anexó Diego Miguel Gregorio, merecen valor probatorio a efecto de acreditar la propiedad del numerario. De igual forma, la responsable se pronunció respecto de la declaración interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece, señalando el valor probatorio del mismo. 3.- En cuanto a la valoración de la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, omitió señalar si se cumplieron los requisitos previstos en el inciso b) de ese numeral, esto es, no dijo si fue realizada ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y si el inculpado estaba debidamente enterado del procedimiento y del proceso, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 3.- Respecto a la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, el juez responsable señaló que esa probanza cumple los requisitos previstos por el artículo 395, del código adjetivo de la materia, manifestando que la misma se realizó con las formalidades estipuladas en la fracción II, del artículo 20 de la Constitución Federal. 4.- En relación a la valoración de los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, omitió exponer si se cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 4.- En cuanto a ese punto el juez natural al valorar dichos testimonios expuso por qué cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales. 5.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si se cumplió con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, además era necesario que explicara cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización, si se fijaron con claridad los instrumentos o medios que probablemente se hayan empleado y la forma en que se hubieren usado. 5.- Por lo que hace a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable refirió que se cumple con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, señalando además que el desahogo de la referida probanza fue hecha de manera oficiosa, de acuerdo a las atribuciones que confiere la ley a la representación social. 6.- Respecto a la valoración de las periciales en planimetría y fotografía, la responsable omitió señalar si en su desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 6.- Al llevar a cabo la valoración de las referidas periciales la hoy responsable señaló que en desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 7.- En cuanto a la valoración del dictamen de avalúo, la responsable omitió señalar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 403 del código de la materia. 7.-Respecto dictamen de avalúo, se señaló que el mismo reúne los requisitos previstos en los numerales 400, 403 y 404 del código de la materia, asimismo, se indicó los motivos del porque los cumple. 8.- No integró correctamente la prueba circunstancial. 8.- Por lo que hace a ese punto, la autoridad responsable integró correctamente la prueba circunstancial. 9.- Al valorar la pericial de avalúo para acreditar la lesión al bien jurídico, la responsable omitió valorarlo como prueba pericial. 9. En relación a dicha probanza la responsable la valoró como prueba pericial, toda vez que señaló que reúne los requisitos de los numerales 400, 403 y 404 del código de la materia. 10.- Por lo que hace a la calificativa del delito que se traduce en la violencia moral a las personas, no expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia, ni las pruebas que lo acreditan. 10.- Atinente a dicho extremo el juez natural al llevar a cabo la calificativa del ilícito expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia y las pruebas que lo acreditan. 11.- Respecto a la valoración de la declaración de Antonio González Ríos, la responsable omitió valorarla como testimonial y verificar si se satisfacen los requisitos de la fracción VI, del artículo 355 del código en comento. 11.- Por lo que hace a la declaración de Antonio González Ríos, la responsable manifestó que no satisface los requisitos de una confesional, ni de un testigo. 12.- Omitió señalar si el dictamen en telefonía celular de veinte de septiembre de dos mil doce (fojas 71 a 74 del cuaderno de pruebas), consulta de numeración y claves de larga distancia (fojas 162 a 166 del cuaderno de pruebas) y oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 171 y 172 del cuaderno de pruebas), son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. 12.- Respecto de las referidas probanzas el juez de la causa no les concedió valor probatorio alguno. En vista de lo anterior, es claro que la autoridad responsable restituyó en el goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Jesús Salvador Ruíz López, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-A SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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