Andrés Hernández Santiago

Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 50 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
340/2023
Año
2023
Actuaciones
50
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Andrés Hernández Santiago
  • ANDRÉS HERNÁNDEZ SANTIAGO y Otros.
  • Juzgado de Control de San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa ***, en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, para recoger los edictos, a fin de emplazar al tercero interesado ***, así como para que acreditara ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos respectivos; sin que lo hubiere hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y en el caso se aplicará la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En efecto, la fracción III, inciso b), del artículo 27, de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que a pesar de haber realizado la investigación del domicilio del tercero interesado con diversas autoridades, a fin de que informaran a este Juzgado si en los archivos de las oficinas a su cargo obraba algún domicilio de Gavino Álvaro Ramírez Ramírez, de los cuales el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; el Subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Estado; localizaron los domicilios ubicados en Privada de Abasolo sin número, Barrio San Lucas, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, C.P. 71240; calle Guadalupe Victoria, número once, colonia Centro, Oaxaca; y, calle Nogal sin número, Barrio San Lucas, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. En atención a ello, en proveído de veintiuno de septiembre del año que transcurre, se ordenó al actuario de la adscripción a efecto de que realizará el emplazamiento al citado tercero en los domicilios señaladas en líneas precedentes; obteniendo resultados negativos. Tomando en cuenta lo anterior, mediante auto de veintinueve de septiembre pasado, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa; ello, conforme a lo establecido por la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.); esto es, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, es decir, a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: (I) recogerlos, (II) entregarlos para su publicación, y, (III) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es que efectuó las gestiones tendientes a publicarlos). De lo cual quedó notificada la parte quejosa el seis de octubre de esta anualidad, sin que hubiere comparecido al despacho de este juzgado a recoger los edictos para realizar el emplazamiento, ni mucho menos acreditado que los entregó para su publicación. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este Juzgado a recoger los edictos, a fin de que, conforme al precepto legal 27 de la ley de la materia, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, acreditara la publicación; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acudió a recoger los citados edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que en el caso en específico podría acudir a deducir sus derechos, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es importante precisar que no pasa inadvertido el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Se dice lo anterior, pues la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial, ni de los elementos de prueba que se encuentran en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuanta de la que se advierte se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días concedido en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, a la parte quejosa para publicar los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado Gavino Álvaro Ramírez Ramírez; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a las partes, lo procedente es diferir dicha audiencia, y se señalan las diez horas con veintidós minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Representante Legal y Titular del Área Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Representación Estatal Oaxaca, por el que informa que esa unidad no cuenta con atribuciones para proporcionar la información solicitada mediante oficio 19035/2023 del registro propio; por lo que las peticiones solicitadas a ese instituto, relacionadas con los registros de derechohabientes, altas y domicilios, o cualquier otra información, relacionada con las áreas que conforman las oficinas de esa representación, deberán ser dirigidas al área que corresponda de acuerdo con las atribuciones con que cuenten; proporcionando para tales efectos los nombres de las áreas, titulares de cada una de ellas, sus respectivos domicilios y las atribuciones que les corresponden; además indica que la figura de Delegado Estatal del citado instituto, desapareció como se advierte del nuevo estatuto del ISSSTE publicado el seis de enero de dos mil veintitrés, por lo que las peticiones realizadas con esa figura no serán contestadas, al no existir dicha autoridad; sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno dado que en auto de treinta y uno de agosto pasado, la autoridad oficiante rindió el informe que le fue requerido. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA II A NOTIFICACION POR LISTA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1.- Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; para todos los efectos legales a que haya lugar. 2.- Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se desprende que se encontraban señaladas las diez horas con veintidós minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no fue posible celebrarla, por los motivos expuestos en el punto que antecede. 3.- Por tanto, con fundamento en los artículos 8º y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 y 124, de la Ley de Amparo, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a las partes, puedan ofrecer pruebas y alegar lo que en derecho proceda, lo procedente es diferir dicha audiencia, y se señalan las diez horas con veintidós minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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