Andrés Hernández Pérez
Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Andrés Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la constancia de notificación al quejoso ********************, de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. En ese sentido, de autos se observa que en diez de octubre de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, ********************apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: La omisión por parte de la Junta responsable, de dictar la resolución incidental de liquidación. Ahora, de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en su oficio con número de registro ********************, consistente en copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************, así como en el oficio de cuenta relativa a la constancia de notificación al quejoso de dicha resolución; se aprecia que se dictó la resolución incidental de liquidación, y ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En ese contexto, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión u abstención por parte de la Junta responsable, de emitir la resolución correspondiente al incidente de liquidación dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************, así como la constancia de notificación al quejoso ********************; ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de noviembre del año en curso, remite copia certificada de la constancia de notificación al quejoso ********************, de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. En ese sentido, de autos se observa que en diez de octubre de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, ********************apoderado legal de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: La omisión por parte de la Junta responsable, de dictar la resolución incidental de liquidación. Ahora, de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en su oficio con número de registro ********************, consistente en copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************, así como en el oficio de cuenta relativa a la constancia de notificación al quejoso de dicha resolución; se aprecia que se dictó la resolución incidental de liquidación, y ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En ese contexto, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorio de sus derechos fundamentales, la omisión u abstención por parte de la Junta responsable, de emitir la resolución correspondiente al incidente de liquidación dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistentes en copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés emitida dentro del expediente ******************** y su acumulado ********************, así como la constancia de notificación al quejoso ********************; ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Asimismo, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés al quejoso Edi López Cervantes, es por lo que se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conmino y en consecuencia de ello, se le tiene por desistido del incidente innominado para cuantificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, dictó sentencia en la cual se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder la protección constitucional a Edi López Cervantes, inconforme con dicha determinación las autoridades responsables Presidente, Secretario Técnico, y Coordinador de Asuntos Internos, todos Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transportes del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, recurrieron en revisión la cual fue resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, órgano colegiado que en sesión remota ordinaria de uno de diciembre de dos mil veintidós determinó confirmar la sentencia recurrida, la que se concedió para los siguientes efectos: "1).- las autoridades responsables Presidente y Secretario del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Apizaco, Tlaxcala, dicten una resolución en la que, conforme a los lineamientos de este fallo, ordenen: a).- El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho. Este punto deberá realizarse en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que las autoridades responsables paguen a la parte quejosa la indemnización constitucional correspondiente (que, como mínimo, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado) y las demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la parte quejosa por la prestación de sus servicios como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, esto desde que se decretó el cese de las funciones de procuración de justicia y hasta que se realice el atinente pago, y; b).- La anotación en el expediente personal de la parte quejosa, así como en el REGISTRO Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado del cargo de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, de manera injustificada. c).- Que no procede su reinstalación. (Debido a la restricción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, en la que se establece la prohibición absoluta de reinstalación de los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, los Estados y la Federación, cualquiera que sea el resultado del juicio, procedimiento o vía en el que se combata su separación, destitución, baja o cese). d).- Que tiene derecho a los servicios de salud, tanto el hoy quejoso, como en su caso, sus coasegurados, el cual se proporcionará hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones a que tenga derecho el servidor público." Por tanto, en acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintidós, se requirió al Presidente y Secretario del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Apizaco, Tlaxcala el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por lo que en cumplimiento al fallo protector, mediante oficio registrado en este juzgado con el número 1199 -fojas 344 a 355 -, las autoridades responsables, remitieron a este órgano jurisdiccional copia certificada del oficio DSPVT/0097/2023 por el que la Coordinadora Administrativa de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, de la cual se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se hizo constar que Edi López Cervantes -aquí quejoso- fue separado del cargo de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, de manera injustificada, dejando constancias en su expediente personal. Luego, por oficio con registro 1826, también remitieron copia certificada del oficio DJ-SSC/0274/2023 signado por el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al cual se anexó constancia de baja del quejoso Edi López Cervantes, del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que el motivo de separación fuer por "BAJA INJUSTIFICADA". Ahora, y para acreditar el pago de indemnización correspondiente, el quejoso mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional en uno de marzo de dos mil veintitrés promovió incidente innominado para cuantificar la cantidad a pagar con motivo del cumplimiento a la ejecutoria, por lo que mediante proveído de dos de marzo siguiente, se admitió a trámite el incidente propuesto, se ordenó correr traslado a las partes con el mismo, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran pruebas. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, al haber transcurrido el plazo otorgado en el auto citado en el párrafo que antecede, este Juzgado federal procedió de manera oficiosa a tramitar una prueba pericial en materia de contabilidad; y seguida la secuela procesal a efecto de integrar con las constancias respectivas para emitir la resolución que en derecho corresponde, el perito oficial en materia de contabilidad Roselio Lima Vázquez emitió su dictamen 48/2023, del que se advierte que, concluyó que la cantidad liquida de las prestaciones que al quejoso Edi López Cervantes se le debían cubrir lo es el importe de $313,479.49 (trescientos trece mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional). Dictamen pericial que fue ratificado por el profesionista en mención mediante diligencia de ocho de junio de dos mil veintitrés. Derivado del dictamen en materia de contabilidad signado por Roselio Lima Vázquez, perito oficial en materia de contabilidad en el presente juicio, mediante acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente y Secretario, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, haciendo del conocimiento que se puso a disposición del quejoso un primer pago parcial, por medio de cheque 0000098 de veintiséis de junio del año en curso, por la cantidad de $156,739.74 (ciento cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos 74/100 moneda nacional), emitido por la Tesorería del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, a través de la institución bancaria BANORTE; el cual fue entregado al quejoso Edi López Cervantes en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal de Apizaco Tlaxcala en treinta de junio de dos mil veintitrés -constancia que obra a foja 630-. Consecuentemente, por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente y Secretario, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, comunicando con posterioridad que, se puso a disposición del quejoso el último pago parcial, por medio de cheque 0000111 de doce de julio del año en curso, por la cantidad de $156,739.74 (ciento cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos 74/100 moneda nacional), emitido por la Tesorería del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, a través de la institución bancaria BANORTE; el cual fue entregado al quejoso Edi López Cervantes en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal de Apizaco Tlaxcala el treinta y uno del mismo mes y año -constancia que obra a foja 650 y 651-, quien firmó de conformidad los dos aludidos cheques. Cantidades que sumadas en su dos pagos, amparan el pago de las prestaciones que se le debían cubrir al quejoso, la cual fue determinada en sus conclusiones por el perito oficial en materia de contabilidad Roselio Lima Vázquez, en su dictamen 48/2023, por el importe de $313,479.49 (trescientos trece mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 49/100 moneda nacional). Ahora, de lo antes expuesto, se considera que las responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este juicio como concluido; asimismo, gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, tomando en consideración que en el incidente, se negó y concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno incidental es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, por cuanto hace al original del cuaderno incidental, se realizará su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y dentro de los treinta días naturales siguientes deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar, que obran documentos aportados por las partes, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicitan. Finalmente realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer y conceder el amparo de la justicia de la unión a la parte quejosa; atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.)1.- El Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, cumpla con la facultad prevista en el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, deberá pronunciarse respecto a la autorización la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno de la parcela identificada con el número 322 Z-1 P-1/1 del Ejido "San Lucas Tecopilco", Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala, a favor del aquí quejoso Alfredo Pérez Cuellar; y, en caso de resultar procedente, 1.1.- Expida el título de propiedad correspondiente a favor del citado quejoso. 2.- El Encargado de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, cumpla con la facultad prevista en el artículo 16, fracción IV, inciso e), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, conforme al orden del trámite correspondiente, remita a la autoridad que corresponda la constancia relativa a la calificación e inscripción del acta de asamblea para crear o extinguir derechos que modifican la superficie del Núcleo Agrario relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela identificada con el número 322 Z-1 P-1/1 del Ejido "San Lucas Tecopilco", Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala. 3.- El Encargado de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, cumpla con la facultad prevista en el artículo 17, fracción II, inciso b), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, conforme al orden del trámite correspondiente, emita el dictamen técnico sobre el trámite de la aludida adopción de dominio pleno de la parcela identificada con el número 322 Z-1 P-1/1 del Ejido "San Lucas Tecopilco", Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala. Hecho lo anterior notifique a la parte quejosa. 4.- Los efectos del amparo se hacen extensivos al Encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, quien tan luego reciba en las oficinas de la delegación de su adscripción el título de propiedad de la parcela identificada con el número 322 Z-1 P-1/1 del Ejido "San Lucas Tecopilco", Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala, a favor del aquí quejoso Alfredo Pérez Cuellar, haga del conocimiento del citado quejoso que dicho documento se encuentra a su disposición en las oficinas de la delegación de su adscripción, en el entendido de que tal documento debe remitírselo el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, una vez concluido el trámite a que se refiere el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional.." Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comuniquen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Finalmente, glósese el oficio de la Unidad Jurídica de la Gerencia Postal Estatal, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se le requirió remitiera los acuses de los oficios de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por lo cuales se notificó a las autoridades responsables la sentencia dictada en el presente juicio; sin que resulte necesario emitir mayor proveído al respecto, en razón de que los mencionados acuses ya fueron recibidos en este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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