Andrés Gustavo Meza Cuevas

Expediente 2959/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2959/2014
Año
2014
Actuaciones
8
Última actuación
08/05/2015

Partes del expediente

  • Andrés Gustavo Meza Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2959/2014, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 2959/2014-V-B, promovido por Andrés Gustavo Meza Cuevas, por derecho propio y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diez de diciembre dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, compareció Andrés Gustavo Meza Cuevas, por derecho propio, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del Estado de Morelos, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISION DE ACORDAR LA PROMOCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, PRESENTADA ANTE LA SECRETARA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MORELOS, MANIFESTANDO QUE TIENEN EXCESO DE TRABAJO Y NO TIENEN TIEMPO DE ACORDAR LA PROMOCION PRESENTADA ANTE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, SIN FUNDAR NI MOTIVAR SU PROCEDER VIOLANDO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES A DIESTRA Y SINIESTRA, ASI COMO A LOS TERMINOS LEGALES QUE LA RESPONSABLE TIENE PARA ACORDAR PROMOCIONES, VULNERANDO AL SUSCRITO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES LA GARANTIA ESTABLECIDAD EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MI MAS ENTERO PERJUICIO.". SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 2959/2014-V-B, el once de diciembre de dos mil catorce se admitió, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Mediante oficio de cuatro de febrero de dos mil quince, el delegado de la autoridad responsable manifestó la imposibilidad de remitir copia certificada del escrito presentado por el quejoso el veintiocho de noviembre de dos mil catorce debido a que fue turnado al Fiscal General del Estado de Morelos mediante oficio DCCA-004250-/2014; a lo que en auto de seis de febrero de dos mil quince, se requirió al promovente de amparo a efecto de que en el término de tres días manifestara si señalaba como autoridad responsable a la Fiscal General del Estado de Morelos y al no haber realizado manifestación alguna, por auto de veinte de febrero de dos mil quince, se tuvo por desinteresado en el señalamiento de dicha autoridad. CUARTO. Finalmente, en la fecha que se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Contrario a lo manifestado por el Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del estado de Morelos, por conducto del Gobernador Constitucional del Estado por depender directamente del mismo, es cierto el acto que se reclama, que hizo consistir en la omisión dar contestación al escrito dirigido al Gobernador Constitucional del Estado, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Lo anterior se corrobora con el oficio FG.MOR.OFG-2247-12-14 por medio del cual el Secretario Ejecutivo del Fiscal General del Estado de Morelos hizo del conocimiento al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo que el ocho de diciembre de dos mil catorce se recibió el oficio DCCA-004250-2014, por la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura y que fuera dirigido al Fiscal General del Estado de Morelos, ello con motivo de acreditar haber dado cumplimiento a la solicitud de Andrés Gustavo Meza Cuevas; asimismo, informó el trámite que realizó para atender dicha solicitud. Asimismo, obra en autos copia simple del oficio DCCA-004250-2014 de uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura, por medio del cual remitió al Fiscal General del Estado de Morelos el escrito que el quejoso presentó el veintiocho de noviembre de dos mil catorce al Gobernador Constitucional del Estado. Sin embargo, no obra en autos medio de prueba con la que se acredite que se haya notificado al quejoso el acuerdo que recayó a su solicitud de veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Del escrito de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, así como de los oficios FG.MOR.OFG-2247-12-14 y DCCA-004250-2014 obran agregados en copias simples, ya que si bien es cierto que se tratan de copias simples, también lo es que su valor probatorio queda al prudente arbitrio del suscrito juzgador, como indicio, al ser documentos que carecen de certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, debe estimarse que el hecho que se pretende probar, luego del análisis integral efectuado, queda probado, esto es, que veintiocho de noviembre de dos mil catorce el quejoso presentó una solicitud al Gobernador Constitucional del Estado al que recayó el oficio DCCA-004250-2014 de uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura, por medio del cual remitió al Fiscal General del Estado de Morelos dicha solicitud, lo que permite al suscrito resolutor arribar a la convicción de su autenticidad, al no haber sido objetados por la responsable, es inconcuso que sí debe concedérseles valor probatorio en términos del dispositivo antes citado. Se invoca como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de dos mil, correspondiente a la Novena Época, cuyos datos se trascriben a continuación: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.". Por ello se desvirtúa lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, pues no acreditó haber hecho del conocimiento al quejoso del acuerdo que recayó a su petición. TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA No obstante la certeza del acto reclamado y dado que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse de manera oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 5 fracción II y 108 fracción III, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" El primero de los dispositivos legales contempla que, si en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, existe un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, establece que es autoridad responsable para efectos del juicio de garantías, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, a su vez, el diverso 108, fracción III, establece el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. El acto que se reclamó en esta instancia constitucional, se trata de la omisión dar contestación al escrito dirigido al Gobernador Constitucional del Estado, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce; acto que en la demanda de garantías se atribuyó a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del estado de Morelos; sin embargo, de constancias enviadas se advierte que dicha solicitud fue remitida al Fiscal General del Estado de Morelos, mediante oficio DCCA-004250-2014 de uno de diciembre de dos mil catorce. Por tal motivo, a través del auto de seis de febrero de dos mil quince, se requirió al promovente de amparo a efecto de que en el término de tres días manifestara si señalaba como autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Morelos, sin embargo, no lo hizo dentro del plazo concedido, razón por la cual, mediante auto de veinte de febrero de dos mil quince, se lo tuvo por desinteresado en la designación como responsable de dicha autoridad. En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio respecto de la omisión que se reclama, en virtud de no ser posible analizar su constitucionalidad al no haber sido designada como responsable la autoridad que debió de haber emitido el acto reclamado, es decir, el Fiscal General del Estado de Morelos, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad de tales actos. En lo conducente, es aplicable por analogía la tesis aislada Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Página: 113, Tesis: 2a. CLXIV/98, Tesis Aislada, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Así mismo, es aplicable en lo conducente, la tesis aislada de la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Página: 283 Tesis: XV. 1o. 31 K Tesis Aislada Materia(s): Común, que a continuación se cita: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; ahora bien, cuando a virtud de encontrarse el domicilio del demandado en el extranjero, el juez de la causa ordena el respectivo emplazamiento a través de carta rogatoria, resulta que para efectos del amparo, es autoridad ordenadora el juez civil de primera instancia y autoridad ejecutora el Canciller del Consulado Mexicano en el país que efectúe materialmente el emplazamiento y no el actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, de tal manera que si en la demanda de garantías que se promueva sólo es señalado este último como autoridad ejecutora, jurídicamente no procede analizar la constitucionalidad de los actos efectuados por el Canciller mexicano en el extranjero si no fue llamado a juicio ni oído como autoridad responsable del emplazamiento reclamado, por lo que en tal caso procede sobreseer en el juicio de garantías correspondiente. De igual manera, la tesis aislada de la Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80 Agosto de 1994, Página: 55, Tesis: V.2o. J/96, Jurisprudencia Materia(s): Común, que a continuación se trascribe: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída.". En consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo por la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación en el artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en la primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Andrés Gustavo Meza Cuevas, contra actos que reclamó a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

  3. Principal

    RESUELVE PRIMERO SE SOBRESEE... SEGUNDO: LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A ... TRCERO: NOTIFIQYUESE PERSONALMENTE LA SENTENCIA AL QUEJOSO, QUIEN SE ENCUENTRA RECLUIDO EN EL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACION PSICOSOCILA...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil quince. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término otorgado a la impetrante para ampliar su demanda por cuanto a la autoridad Fiscalía General del Estado de Morelos mediante auto de seis de febrero de dos mil quince, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento al mismo, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, se tiene por desinteresado a ANDRÉS GUSTAVO MEZA CUEVAS del señalamiento de la autoridad antes referida como responsable, y en consecuencia se tiene por no ampliada la demanda de cuenta. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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