Andrés González Vega
Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Andrés González Vega
- Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 25/2022 de su estadística, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Se determina que el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, es competente y debe conocer del juicio de amparo subyacente; en consecuencia, remítasele el expediente correspondiente para que se avoque a su conocimiento. TERCERO. Comuníquese esta determinación a las Juezas correspondientes, enviándoles copia del testimonio de la presente resolución." ... archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual informa que mediante sentencia de veintiocho de octubre pasado, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio promovido por ***en su carácter de ejidatarios del Ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, toda vez que a su consideración este Juzgado resulta competente por ser quien tiene jurisdicción en donde tendrán verificativo los efectos y consecuencias que produce la determinación reclamada; por lo cual, remite el cuaderno original del juicio de amparo 1024/2022-IV-A de su índice y un tomo de pruebas por separado. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, bajo el número 736/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta la competencia declinada Ahora bien, de la sentencia pronunciada el veintiocho de octubre pasado, en el juicio de amparo 1024/2022-IV-A en la que la Jueza Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, declinó competencia se advierte que consideró como acto reclamado el auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente agrario 403/2021-43 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a través del cual se negó la solicitud de los quejosos de que se concedieran a su favor diversas medidas precautorias, entre ellas, las siguientes: a) La Delegación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, cancele las diversas Convocatorias y Asambleas de Ejidatarios programadas en junio, julio, de dos mil veintiuno y marzo de dos mil veintidós, para verificarse en el Ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí. b) Se abstenga la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, a emitir convocatoria alguna en relación con el Ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, hasta en tanto, no regularice el padrón de ejidatarios del indicado Ejido. c) Se abstenga el Registro Agrario Nacional Delegación San Luis Potosí de inscribir las Actas de Asamblea que celebre el Ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, suspendiendo por tanto la entrega de credenciales a los órganos constitutivos del Ejido, para que no continúen actuando ostentando la representación del mismo. d) La inscripción en el Registro Agrario Nacional Delegación San Luis Potosí, de la demanda agraria y sus diversas ampliaciones, entre otras." Además, indicó que el acto reclamado consistía en un acto negativo, al haberse negado la solicitud de los quejosos en relación con las medidas precautorias solicitadas, empero que dicho acto tiene efectos positivos, pues se erige en un acto capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material. Agregó, que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto, refirió que si en el caso el acto reclamado es el auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente agrario 403/2021-43 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a través del cual se negó la solicitud de los quejosos de que se concedieran a su favor diversas medidas precautorias; ello, conlleva a que por haberse negado la solicitud precautoria, todos aquellos actos cuya suspensión pretenden los quejosos con su providencia, continuaran suscitándose en el Ejido, Las Palmas, ubicado en el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en perjuicio y detrimento de los derechos de los aquí quejosos. Por ello, estableció que independientemente de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, sea quien en su momento haya emitido el acuerdo reclamado, y que éste constituya una negativa de otorgar lo solicitado por los accionantes, tal acuerdo no constituye meramente un acto declarativo, pues tiene una ejecución material. No obstante, este órgano respetuosamente disiente de la determinación del aludido órgano jurisdiccional y, por ende, no se acepta la competencia declinada. Lo anterior, porque el acto reclamado no se trata de un acto negativo con ejecución material, sino de un acto negativo simple, que carece de cualquier efecto positivo, pues se negó a los quejosos las medidas precautorias solicitadas, lo que implica que no se realizará ninguna de las acciones solicitadas, lo que conlleva un acto sin efecto material alguno, que no transciende al mundo fáctico, pues no se modifica el estado de las cosas en la esfera física, ni formal, por lo que carece de efectos positivos. Al efecto, es de referirse que los actos negativos son aquéllos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de los gobernados. Esto es, la autoridad hace manifestación de su voluntad para no conceder a los quejosos lo que a ellos presuntamente le corresponde; esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Así, para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue a la pretensión solicitada, lo que en el caso aconteció, pues la responsable Tribunal Unitario Agrario del 43 Distrito, con sede en Tampico, Tamaulipas, en el auto de quince de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio agrario 403/2021-43, determinó no otorgar las medidas precautorias solicitadas. Por lo que ante esa negativa, no podría desplegarse alguna ejecución material, por el contrario, las cosas se mantienen en el estado que guardan, sin actividad por parte de las autoridades, ni de los gobernados, pues se exteriorizó una negativa con relación a la pretensión de estos últimos, sin imponerles ninguna carga concreta identificable, es decir, el acto no tiene efectos que puedan traducirse en la imposición de obligaciones; características distintivas con las que cuentan los actos negativos con efectos positivos. En ese sentido, no se deben confundir los actos negativos simples, con aquellos que pudieran tener efectos positivos en los cuales la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión de los gobernados, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables, lo que en el caso no acontece de forma alguna. Por tanto, al ser el acto reclamado un acto negativo simple, sin efecto material alguno, la competencia para conocer del juicio corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, pues la competencia por territorio de los Juzgados de Distrito para conocer de una demanda de amparo deriva, primordialmente de la naturaleza y consecuencias del acto reclamado. Aunado a lo anterior, la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, respecto de actos no ejecutables, es literal, lo que impide al juzgador realizar interpretaciones sistemáticas, teleológicas o lógicas, pues la intención del legislador fue evitar conflictos competenciales a través de una mejor operatividad de los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita establecidos en los numerales 14 y 17 constitucionales. Por tanto, atendiendo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que la competencia para conocer del juicio de amparo de cuenta se surte a favor del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, ya que ante dicho órgano jurisdiccional fue turnada la demanda de amparo, presentada en aquella demarcación; además, la autoridad responsable ordenadora (Tribunal Unitario Agrario Distrito 43) se ubica en Tampico, Tamaulipas, lugar donde se tramita el procedimiento de origen y dicho órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Lo anterior, pues el acto que se atribuye a dicha autoridad es de carácter meramente negativo y no implica ejecución material alguna, que es el elemento que la disposición legal citada toma en cuenta para determinar qué juzgador es el competente, para conocer de la demanda de amparo. De ahí que no resultan aplicables al caso las tesis en que apoyó sus consideraciones la autoridad declinante, pues se refieren a actos con ejecución material. Al no aceptar la competencia declinada, devuélvanse las constancias al órgano jurisdiccional oficiante para que provea lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes y se solicita acuse de recibo. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese.
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