Andrés Gilberto Zea Serna y Otros.

Expediente 222/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
222/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Andrés Gilberto Zea Serna y Otros.
  • Andrés Gilberto Zea Serna
  • 1. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de uno de junio de los actuales, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Juez Minerva López Constantino, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe Guadalupe Marielle Corona Gómez, a quien faculta a firmar el oficio que se expida y además certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico y con las evidencias criptográficas correspondientes. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. (Se anexan evidencias criptográficas)

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de mayo del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se determinó conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintidós de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada para que diera cumplimiento al fallo constitucional.  En un primer momento, por oficio registrado con folio 9534, la autoridad responsable remitió el comunicado con el que pretendió cumplir con la sentencia de amparo; con ello, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se dio vista al promovente.  Luego, el nueve de noviembre del año próximo pasado, se determinó que la autoridad responsable omitió contestar todos los aspectos de la petición del quejoso, motivo del juicio de amparo, por lo que se requirió de nueva cuenta su cumplimiento.  En atención a lo anterior, por conducto del apoderado legal y encargado de la unidad jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, con sede en esta ciudad, la autoridad responsable remitió las constancias con las que adujo acatar la ejecutoria de amparo, las cuales se registraron con folio 5715.  Luego, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con tales actuaciones, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de agosto de dos mil veinte, por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dé contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por el peticionario el once de noviembre de dos mil diecinueve; y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicha solicitud, en el domicilio que haya señalado para tal efecto. Sin que lo anterior implique que la responsable de mérito deba de resolver en determinado sentido, esto es, que se encuentre constreñida a proveer de conformidad a las pretensiones del quejoso, pues tal como ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, la observancia del derecho de petición no tiene el alcance de que la autoridad provea en sentido favorable a los intereses del gobernado, sino únicamente que dé respuesta congruente a la solicitud, por lo que está en libertad de resolver de conformidad con el ordenamiento que resulta aplicable al caso." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Previamente, es preciso recordar que en el escrito presentado ante la responsable el once de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó lo siguiente: [.] PRIMERO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017? SEGUNDO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018? TERCERO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2019 al 01 de septiembre del 2019? CUARTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se realizó el cálculo cuota diaria al momento de conceder la pensión? QUINTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Al momento de conceder la pensión a cuántos salarios mínimos equivalía en ese entonces la cuota diaria asignada? SEXTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Bajo qué criterio están realizando el pago de las pensión durante el 2017, 2018 y 2019? [.]" Luego, en sus puntos petitorios expuso: "Primero. Reconocer la personalidad como pensionado activo que ostento y en consecuencia. Segundo. Tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizado al ciudadano designado, quien podrá recibir a mi nombre y representación cualquier tipo de documentación. Tercero. En caso de que se realicen descuentos indebidos o un mal cálculo derivado de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización se me cubra las diferencias que existan a mi favor. Cuarto. Previo los trámites correspondientes se realice el depósito de aquellos descuentos o sumas que resulten a mi favor. Quinto. En caso de que se realice el pago de manera distinta al cálculo indicado en la Ley, bajo el concepto 01 denominado Pensión y este resulte a favor, se restituya el derecho a recibir la pensión que me fue asignada en términos de la Ley del ISSSTE y el artículo Décimo transitorio, donde se reconoce el derecho que tengo como pensionado y la obligación que tiene este instituto de realizar los pagos conforme al Salario Mínimo Vigente que se ha dejado de pagar a mi persona desde el 01 de enero del 2017 a septiembre del 2019, más lo que se acumule hasta el total cumplimiento de la presente petición. Sexto.- Se me realice el pago en lo subsecuente de forma íntegra en el futuro y que año con año se realice el pago conforme a lo establecido por la Comisión de Nacional de los Salarios Mínimos." En atención a dicho ocurso, la autoridad responsable emitió el oficio ***, de seis de mayo de dos mil veintiuno, del cual se desprende lo siguiente:  Como preámbulo para contestar los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO señaló la manera en la que se calcula la cuota diaria de pensión y que para ello se deben tomar en consideraciones las diversas reformas que ha tenido la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -artículo 57- e hizo una cronología de diversos procesos legislativos y su resultado.  Expuso que a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad con la normativa aplicable, el Instituto de Seguridad Social debe aplicar como tope máximo de las pensiones diez Unidades de Medida y Actualización, no así Salarios Mínimos.  Indicó que la pensión actual del solicitante se encuentra fuera del tope salarial, por lo que su dicho respecto de que su monto se ha visto afectada por esa circunstancia es incongruente.  Refirió que el aumento de la pensión del promovente se realiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  Luego, realizó la operación aritmética -regla de tres- para explicar cómo se obtuvieron las cantidades a pagar como incremento en los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.  Con relación al punto CUARTO, la autoridad lo indicó al inicio de su escrito de contestación, pues al efecto señaló que resulta de la suma de los ingresos acumulados del último año de servicio cotizado, dividido entre los trescientos sesenta días del período, de lo que se obtiene el sueldo promedio, el que se multiplica por el porcentaje que le corresponda por los años de servicios cotizados; que ello se efectúa con base en el análisis laboral y el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha en que causó baja.  Respecto del SEXTO punto, el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto en comento expuso que tomó en consideración todas las cantidades y conceptos que cotizó el pensionado, aquí quejoso, en su último año de labores, acorde a su hoja única de servicios; precisó que para el nuevo cómputo del incremento de su pensión se sujetó a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que el salario mínimo ya no podía ser considerado como índice, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y en su lugar debía tomarse como factor de cálculo la unidad de medida y actualización.  Además, por la relación de dicha interrogante con la formulada en las tres primeras, se advierte que la autoridad la contestó de manera pormenorizada en ese apartado. Al tenor de los argumentos anteriores, la responsable afirmó que las actualizaciones a la pensión del solicitante se han realizado de manera correcta y no existe adeudo alguno a su favor, respuesta con la que se atienden las solicitudes contenidas en los puntos petitorios tercero, cuarto, quinto y sexto. Asimismo, la respuesta al petitorio primero, se encuentra implícita en el oficio de contestación, pues al atender sus diversas peticiones relacionadas a la pensión del quejoso, es evidente que tiene reconocido el carácter de pensionado, sin que se requiera una declaratoria expresa. De igual forma, se emitió pronunciamiento respecto del autorizado para oír y recibir notificaciones -***-, así como del domicilio indicado para tal efecto, pues ordenó que dicha resolución se notificara en dicha dirección. Ahora, si bien en el escrito reseñado la autoridad expresamente fue omisa en dar contestación al punto QUINTO, en el cual el quejoso solicitó que se le explicara de manera clara, precisa y congruente a cuantos salarios mínimos equivaldría la cuota diaria asignada al momento de conceder la pensión; lo cierto es que de manera reiterada se indicó al promovente que dicho parámetro no resultó aplicable para realizar los incrementos a dicha prestación. Además, a través del oficio ***, de uno de octubre de dos mil veinte, con el cual se dio vista al quejoso el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se le indicó que en esa fecha el salario mínimo, equivalía para la zona C, a la cantidad de $40.30 (cuarenta pesos, con treinta centavos 30/100 moneda nacional). Finalmente, en esta vía constitucional se hicieron del conocimiento del quejoso las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en tanto que fueron puestas a su disposición desde el veinticinco de mayo del presente año, según se advierte de la notificación realizada en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J.16/99 sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." En esa medida, se concluye que la autoridad responsable al haber dado respuesta a la solicitud del quejoso, de manera fundada, motivada y congruente, le restituyó el derecho fundamental de petición que se determinó vulnerado en el fallo constitucional. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató su núcleo esencial. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de mayo del año actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se determinó conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintidós de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada para que diera cumplimiento al fallo constitucional.  En un primer momento, por oficio registrado con folio 9534, la autoridad responsable remitió el comunicado con el que pretendió cumplir con la sentencia de amparo; con ello, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se dio vista al promovente.  Luego, el nueve de noviembre del año próximo pasado, se determinó que la autoridad responsable omitió contestar todos los aspectos de la petición del quejoso, motivo del juicio de amparo, por lo que se requirió de nueva cuenta su cumplimiento.  En atención a lo anterior, por conducto del apoderado legal y encargado de la unidad jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, con sede en esta ciudad, la autoridad responsable remitió las constancias con las que adujo acatar la ejecutoria de amparo, las cuales se registraron con folio 5715.  Luego, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con tales actuaciones, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de agosto de dos mil veinte, por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Dé contestación congruente y por escrito, a la solicitud formulada por el peticionario el once de noviembre de dos mil diecinueve; y, b) Haga de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dicha solicitud, en el domicilio que haya señalado para tal efecto. Sin que lo anterior implique que la responsable de mérito deba de resolver en determinado sentido, esto es, que se encuentre constreñida a proveer de conformidad a las pretensiones del quejoso, pues tal como ha sido puesto de relieve en párrafos que anteceden, la observancia del derecho de petición no tiene el alcance de que la autoridad provea en sentido favorable a los intereses del gobernado, sino únicamente que dé respuesta congruente a la solicitud, por lo que está en libertad de resolver de conformidad con el ordenamiento que resulta aplicable al caso." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Previamente, es preciso recordar que en el escrito presentado ante la responsable el once de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó lo siguiente: [.] PRIMERO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017? SEGUNDO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018? TERCERO.- Derivado de la expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización el 30 de diciembre del 2016, se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se ha realizado el cálculo para el pago de mi pensión del 01 enero del 2019 al 01 de septiembre del 2019? CUARTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Cómo se realizó el cálculo cuota diaria al momento de conceder la pensión? QUINTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Al momento de conceder la pensión a cuántos salarios mínimos equivalía en ese entonces la cuota diaria asignada? SEXTO.- Se explique de manera clara, precisa y congruente ¿Bajo qué criterio están realizando el pago de las pensión durante el 2017, 2018 y 2019? [.]" Luego, en sus puntos petitorios expuso: "Primero. Reconocer la personalidad como pensionado activo que ostento y en consecuencia. Segundo. Tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizado al ciudadano designado, quien podrá recibir a mi nombre y representación cualquier tipo de documentación. Tercero. En caso de que se realicen descuentos indebidos o un mal cálculo derivado de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización se me cubra las diferencias que existan a mi favor. Cuarto. Previo los trámites correspondientes se realice el depósito de aquellos descuentos o sumas que resulten a mi favor. Quinto. En caso de que se realice el pago de manera distinta al cálculo indicado en la Ley, bajo el concepto 01 denominado Pensión y este resulte a favor, se restituya el derecho a recibir la pensión que me fue asignada en términos de la Ley del ISSSTE y el artículo Décimo transitorio, donde se reconoce el derecho que tengo como pensionado y la obligación que tiene este instituto de realizar los pagos conforme al Salario Mínimo Vigente que se ha dejado de pagar a mi persona desde el 01 de enero del 2017 a septiembre del 2019, más lo que se acumule hasta el total cumplimiento de la presente petición. Sexto.- Se me realice el pago en lo subsecuente de forma íntegra en el futuro y que año con año se realice el pago conforme a lo establecido por la Comisión de Nacional de los Salarios Mínimos." En atención a dicho ocurso, la autoridad responsable emitió el oficio ***, de seis de mayo de dos mil veintiuno, del cual se desprende lo siguiente:  Como preámbulo para contestar los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO señaló la manera en la que se calcula la cuota diaria de pensión y que para ello se deben tomar en consideraciones las diversas reformas que ha tenido la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -artículo 57- e hizo una cronología de diversos procesos legislativos y su resultado.  Expuso que a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad con la normativa aplicable, el Instituto de Seguridad Social debe aplicar como tope máximo de las pensiones diez Unidades de Medida y Actualización, no así Salarios Mínimos.  Indicó que la pensión actual del solicitante se encuentra fuera del tope salarial, por lo que su dicho respecto de que su monto se ha visto afectada por esa circunstancia es incongruente.  Refirió que el aumento de la pensión del promovente se realiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo al artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  Luego, realizó la operación aritmética -regla de tres- para explicar cómo se obtuvieron las cantidades a pagar como incremento en los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.  Con relación al punto CUARTO, la autoridad lo indicó al inicio de su escrito de contestación, pues al efecto señaló que resulta de la suma de los ingresos acumulados del último año de servicio cotizado, dividido entre los trescientos sesenta días del período, de lo que se obtiene el sueldo promedio, el que se multiplica por el porcentaje que le corresponda por los años de servicios cotizados; que ello se efectúa con base en el análisis laboral y el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha en que causó baja.  Respecto del SEXTO punto, el Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto en comento expuso que tomó en consideración todas las cantidades y conceptos que cotizó el pensionado, aquí quejoso, en su último año de labores, acorde a su hoja única de servicios; precisó que para el nuevo cómputo del incremento de su pensión se sujetó a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que el salario mínimo ya no podía ser considerado como índice, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y en su lugar debía tomarse como factor de cálculo la unidad de medida y actualización.  Además, por la relación de dicha interrogante con la formulada en las tres primeras, se advierte que la autoridad la contestó de manera pormenorizada en ese apartado. Al tenor de los argumentos anteriores, la responsable afirmó que las actualizaciones a la pensión del solicitante se han realizado de manera correcta y no existe adeudo alguno a su favor, respuesta con la que se atienden las solicitudes contenidas en los puntos petitorios tercero, cuarto, quinto y sexto. Asimismo, la respuesta al petitorio primero, se encuentra implícita en el oficio de contestación, pues al atender sus diversas peticiones relacionadas a la pensión del quejoso, es evidente que tiene reconocido el carácter de pensionado, sin que se requiera una declaratoria expresa. De igual forma, se emitió pronunciamiento respecto del autorizado para oír y recibir notificaciones -***-, así como del domicilio indicado para tal efecto, pues ordenó que dicha resolución se notificara en dicha dirección. Ahora, si bien en el escrito reseñado la autoridad expresamente fue omisa en dar contestación al punto QUINTO, en el cual el quejoso solicitó que se le explicara de manera clara, precisa y congruente a cuantos salarios mínimos equivaldría la cuota diaria asignada al momento de conceder la pensión; lo cierto es que de manera reiterada se indicó al promovente que dicho parámetro no resultó aplicable para realizar los incrementos a dicha prestación. Además, a través del oficio ***, de uno de octubre de dos mil veinte, con el cual se dio vista al quejoso el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se le indicó que en esa fecha el salario mínimo, equivalía para la zona C, a la cantidad de $40.30 (cuarenta pesos, con treinta centavos 30/100 moneda nacional). Finalmente, en esta vía constitucional se hicieron del conocimiento del quejoso las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en tanto que fueron puestas a su disposición desde el veinticinco de mayo del presente año, según se advierte de la notificación realizada en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J.16/99 sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." En esa medida, se concluye que la autoridad responsable al haber dado respuesta a la solicitud del quejoso, de manera fundada, motivada y congruente, le restituyó el derecho fundamental de petición que se determinó vulnerado en el fallo constitucional. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató su núcleo esencial. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio ***, signado por el encargado del Departamento de Pensiones de dicho instituto, con el cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente. En atención a lo anterior, toda vez que se ha dado cumplimiento al requerimiento hecho a la autoridad y de que son actos tendientes a la observancia de la sentencia de amparo, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se deja sin efectos el apercibimiento dictado el diez de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.) , sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Notifíquese.

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