Andrés García Rodríguez
Expediente 1428/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Andrés García Rodríguez
- Secretaria de Administración y Finanzas del Estado
Actuaciones
- Principal
Mesa IV. Se requiere a la autoridad señalada como responsable, el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, lo anterior con el apercibimiento en términos de ley.
- Principal
MESA IV.- Villahermosa, Tabasco, seis de febrero de dos mil quince. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de siete de enero de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 712/2010, del que se desprende que cerró instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución. De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere nuevamente al 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de TRES DIAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, una vez que dicte el laudo correspondiente en el expediente laboral 712/2010, remita las constancias respectivas. Se apercibe al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que de no cumplir con el requerimiento en la forma y términos precisados en el presente proveído, de conformidad con el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentra precisado claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo."
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