Andrés García Poblete
Expediente 222/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Andrés García Poblete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Andrés García Poblete (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino:Toda vez que en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados; transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución documentos: Por otro lado, visto el estado de autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran agregadas diversas documentales que acompañó el quejoso Andrés García Poblete a su escrito recibido en este Juzgado Federal el veinticuatro de febrero del año en curso, consistentes en: a) Recibo expedido por la Cruz Roja Mexicana con número de folio 72309; b) Receta médica expedida por la Cruz Roja Mexicana con número de folio 756; c) Parte médico de emergencia expedido por la Cruz Roja Mexicana con número de folio A-3110; y d) Triage y Nota Inicial del Servicio de Urgencias expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social con número de folio 4048/22. Por ello, requiérase al quejoso Andrés García Poblete, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las citadas documentales, previa foja de sustitución que se deje en autos. Por lo anterior, deberán agendar la cita correspondiente, a través del Sistema de Citas mediante código "QR", y así dicha parte o sus autorizados, se presenten en las instalaciones de este Juzgado con identificación oficial, para el único efecto de que les sean entregadas las referidas documentales, previa razón de entrega que se agregue a los autos. Dicha diligencia tendrá una duración máxima de treinta minutos, para lo cual, deberá presentarse puntualmente en la hora y fecha estipuladas. En el acceso del edificio, los comparecientes deberán presentar identificación oficial a fin de validar el código QR y permitirle la entrada al mismo. En todo momento, el o la compareciente deberán portar cubre bocas y cumplir con los requisitos, filtros y protocolos sanitarios implementados en el edificio. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad serán destruidas sin ulterior acuerdo. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa.
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En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 222/2022, ... VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 222/2022, que promovió ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veinte de febrero de dos mil veintidós, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ***, contra autoridades y actos que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". a) El síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca Oaxaca. b) El Comandante de la Policía Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca. III. La autoridad que ejecuta el acto reclamado. b) El Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca..." ACTOS RECLAMADOS: ". I. EL ACTO RECLAMADO. El día de hoy veinte de febrero del año dos mil veintidós, fue detenido aproximadamente a la 14:00, en la calle libertad frente al palacio Municipal San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, el C. ***, por los policías Municipales de San Pedro Ixtlahuaca, lo detuvieron arbitrariamente y trasladándolo a la cárcel Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, al C. ***, por lo que le pregunté al guardia de la puerta y me dijo que si se encontraba detenido pero no podían pasar verlo hasta que cumpliera su arresto porque eran instrucciones precisas del Síndico Municipal de esta población, por lo que desde este momento se encuentra incomunicado, en la cárcel del palacio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, por lo que al mantenerlo incomunicado la autoridad flagrantemente viola sus derechos humanos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Radicación, suspensión de plano y orden de ratificación de demanda. El veinte de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó el juicio de amparo con el número 222/2022, en el que se ordenó admitir a trámite la demanda de amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, por encontrarse el directo quejoso privado de su libertad e incomunicado por las autoridades señaladas como responsables. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano, para el efecto de que cesaran de inmediato los actos de incomunicación de la que se adujo era objeto el quejoso ***, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fuera puesto en libertad, salvo que la privación de la libertad tuviera relación con la comisión de algún delito, caso en el cual debería ponerlo a disposición del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo. Así también, se ordenó al actuario de la adscripción para que notificará a las autoridades responsables la suspensión de oficio decretada y se hiciera presente en los separos de la cárcel municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, o en cualquier otro lugar de reclusión donde pudiera estar el aquí quejoso ***, certificara su integridad física y le notificará el contenido de ese proveído, requiriéndolo para que manifestara si ratificaba la demanda promovida a su favor. Lo anterior se realizó el veinte de febrero de dos mil veintidós, por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, quien certificó que el quejoso presentaba escoriación abajo de la tetilla derecha de aproximadamente dos centímetros y marcas de arañones por ese mismo lado, y que dicho peticionario de amparo le indicó que tenía dolor en el costado izquierdo, pues dijo que lo patearon los policías que lo detuvieron; asimismo, ***ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. TERCERO. Prevención. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que señalara los actos reclamados y precisara el carácter de las autoridades responsables (ejecutora y ordenadora). CUARTO. Admisión de la demanda de amparo. Una vez cumplida la prevención, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós; se admitió a trámite la demanda de amparo, por las autoridades y actos siguientes: "1. Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, a quien le reclama la detención y la incomunicación; y 2. Comandante y "cinco municipales" de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, de quien reclama la ejecución, consistente en la detención y el arresto del día domingo veinte de febrero de dos mil veintidós." Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito de aclaración, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La privación ilegal de su libertad (detención y arresto) el veinte de febrero de dos mil veintidós, fuera de procedimiento; La incomunicación; y En apoyo de lo anterior resulta aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado (incomunicación). Aun cuando el Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, al rendir su informe justificado, no precisó si aceptaba o no los actos reclamados, y el Comandante y Cinco Municipales de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, no rindió su informe justificado; no ha lugar a tener por cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación; lo que es acorde con las constancias que obran en autos. En lo conducente, es aplicable la tesis aislada VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, Materias(s): Común, con registro digital 198320, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Se considera que es inexistente toda vez que de la razón actuarial de veinte de febrero de dos mil veintidós, se advierte que el Actuario Judicial adscrito, a las veintitrés horas con diez minutos de esa fecha, se constituyó en las instalaciones que ocupa el Palacio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, en busca del quejoso, lo localizó y éste ratificó la demanda de amparo promovida por diversa persona a su favor, por lo que se advierte que no se encontraba incomunicado. También se aprecia que no se encontraba incomunicado, ya que de las constancias remitidas por el Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, se desprende que a las veintitrés horas con treinta minutos de esa propia fecha (veinte de febrero de dos mil veintidós), el quejoso fue puesto en libertad, según boleta SM/097/2022 (anexa al oficio con folio de recepción 4069). Por tanto, la incomunicación reclamada es inexistente; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, respecto de dicho acto. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Como se indicó, la autoridad responsable Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, al rendir su informe justificado, no precisó si aceptaba o no la privación de la libertad reclamada. Sin embargo, de las manifestaciones realizadas en su informe justificado, así como de la razón actuarial de veinte de febrero del año en curso, se deben tener por ciertos los actos reclamados, pues al momento de la presentación de esta demanda de amparo (veinte de febrero de dos mil veintidós) el aquí quejoso se encontraba privado de su libertad sin mediar procedimiento alguno, lo que se robustece con las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXVIII, página 171, con registro digital: 279433, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Solo tienen ese carácter, los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." Por tanto, se tienen por ciertos los actos que les reclama el peticionario del amparo. Por otra parte, la autoridad responsable, Comandante y Cinco Municipales de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, no rindió su informe previo, a pesar de haber quedado legalmente notificada de dicha petición el ocho de marzo del año en curso, tal como se hace constar del acuse respectivo; por tanto, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación propuestos. Este juzgador estima que en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye los efectos del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, el quejoso se duele de la detención arbitraria y fuera de procedimiento de que fue objeto por parte de las autoridades responsables. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manifestaciones de la parte quejosa e incluso las pruebas documentales ofrecidas por ambas partes, se advierte que efectivamente el aquí quejoso Andrés García Poblete fue detenido el veinte de febrero del año en curso por elementos municipales por una falta administrativa consistente en escandalizar e estado de ebriedad en la vía pública, inferir insultos y amenazas a su pareja; lo que se corrobora con la razón levantada el veinte de febrero del año en curso, por el actuario judicial adscrito; sin embargo, en esa propia fecha fue puesto en inmediata libertad. Por tanto, se otorga valor probatorio, a esos medios de convicción de conformidad con los artículos 197 y 202, 212, 214 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que resulta suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, registro digital: 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, por lo que hace a la privación de la libertad reclamada, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada legislación. SEXTO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto, fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido a favor de ****, como se precisó en los considerandos cuarto y quinto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando sexto de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades correspondientes.
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° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos, el oficio signado por el Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, mediante el cual, rinde su informe justificado. Con el contenido del mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Por otro lado, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de su parte, las que adjunta en su informe, probanzas que se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Se toma en consideración el correo electrónico y número telefónico que proporciona la primera autoridad mencionada, como medio de contacto con este Juzgado, para recibir y confirmar oficios que deriven de este asunto. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Ahora bien, a fin de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en los numerales 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, requiérase al Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, para que dentro del lapso de tres días contados a partir de su notificación, remita copia certificada legible y completa del informe policial homologado (IPH) de veinte de febrero de dos mil veintidós, realizado por Osorio Martínez Heriberto; lo anterior, toda vez que se aprecia incompleta la sección 4 de dicho informe, relativo a la narración de los hechos por el policía y en su caso motivo del arresto, al efecto remítasele copia simple del mismo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, Materia(s): Común, con registro digital 199454, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del día veintinueve de marzo de dos mil veintidós y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, vía remota. Notifíquese por lista electrónica.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Cumplimiento de prevención. Incorpórese a los autos, el escrito signado por ***, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, manifiesta lo siguiente: a) Señala como autoridad responsable ordenadora al Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, a quien le reclama la detención y la incomunicación; y b) Señala como autoridad responsable ejecutora al comandante y "cinco municipales" de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, de quienes reclama la detención y el arresto del día domingo veinte de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este Juzgado de Distrito, para que realice las modificaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I y último párrafo, 2°, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió Andrés García Poblete, contra las autoridades y actos siguientes: 1. Síndico Municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, a quien le reclama la detención y la incomunicación; y 2. Comandante y "cinco municipales" de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, de quien reclama la ejecución, consistente en la detención y el arresto del día domingo veinte de febrero de dos mil veintidós. Suspensión. Sin que haya lugar a proveer lo relativo a la suspensión de plano, pues en acuerdo de veinte de febrero pasado, ya se proveyó lo conducente. Asimismo, no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Audiencia Constitucional. Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional vía remota. Por ello, hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. En el entendido que de no expresar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes de forma virtual en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Además, se hace del conocimiento de las partes que dada la contingencia generada por el fenómeno de salud pública a causa del virus SARS-COV2 y a fin de resguardar la integridad y salud del personal y justiciables, en casos de diferimiento de la audiencia únicamente se les notificará por lista electrónica; salvo en casos específicos en los que sea legal o procesalmente necesario. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que únicamente resulta necesario notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, cuando se trate de actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. De ahí que, resulta suficiente que los diferimientos de audiencia se notifiquen en términos del artículo 29 del ordenamiento legal de la materia, toda vez que se determinan como de menor trascendencia. Solicitud de informes justificados. De conformidad con lo establecido en los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberá rendir por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. El informe justificado deberá ser rendido en los siguientes términos: a) Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo. b) No será procedente que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. c) Se deberá expresar si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de amparo y en caso de ser así, la autoridad federal que haya radicado el mismo. Se apercibe a las autoridades responsables que de ser omisas en rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa por el importe de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual también se le hará efectiva en caso de no remitir copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 9515023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar. Correo electrónico y número telefónico Adicionalmente, se insta a las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Intervención a la agente del Ministerio Público adscrita. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le corresponde y, atendiendo a la contingencia sanitaria en que se encuentra el País, provocada por la enfermedad del COVID-19, se ordena remitir copia de esta demanda a dicha representante social a través del correo electrónico vi_lomar@hotmail.com, ya que la referida servidora pública se encuentra considerada como persona vulnerable, como así se determinó en el cuaderno de varios 1/2021. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Por otra parte, se reserva proveer respecto a quién le resulte el carácter de tercero interesado en este asunto, hasta en tanto se cuente con las constancias con las cuales acredite su informe justificado la autoridad responsable que llegare a convenir en la existencia del acto que se le reclama. Domicilio, autorizado y pruebas. Por otra parte, téngasele reiterando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Alavez Velasco. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexó a su diverso escrito recibido el veinticuatro de febrero del año en curso, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. En tanto que, respecto a la prueba testimonial que ofrece, se tiene únicamente por anunciada, sin que haya lugar a proveer lo conducente en relación a su desahogo, toda vez que no proporciona los nombres de los atestes ni el interrogatorio respectivo. Notificación a las partes. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades que tengan el carácter de responsables que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Firma y envío de oficios Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Gratuidad de servicios. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Reiteración de consideraciones. En este apartado, se reiteran las consideraciones expuestas en proveído de veinte de febrero del año en curso, relativas a la habilitación de días y horas; la publicación de datos personales; así como el uso de medios electrónicos; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades responsables.
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