Andrés García Luna
Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Andrés García Luna
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se hace constar que este sumario carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de quince de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "Enjuiciamiento adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos, con Sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; regístrese en el libro de gobierno con el número 872/2021. En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen advierta que se surten los siguientes supuestos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara; y Que sea indudable, esto es que se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, como se ha visto, tienen diversa connotación por lo que deben aplicarse en forma individual, ante la actualización de cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con su admisión si desde un inicio se conoce el resultado, que en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107 fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa por parte de la autoridad judicial responsable de aceptar la solicitud presentada por la defensa del quejoso en audiencia de juicio de cinco de octubre de la presente anualidad, consistente en diversos medios de prueba, que se pretendieron aportar en la carpeta de enjuiciamiento 002/0071/2019, en razón de que esta determinación, constituye una violación al procedimiento que afecta a la defensa del directo quejoso, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracciones VII y XIV del artículo 173 de la citada legislación, que a la letra dice: "ARTÍCULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; [.] . XIV. En los demás casos análogos a las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." No obstante lo anterior, tal infracción a las formalidades que rigen al procedimiento, no afecta de manera inmediata y directa los derechos fundamentales o sustantivos del quejoso, para que sea susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como se pretende, pues dicho acto puede ser reparado al dictarse la resolución definitiva en el proceso que se le instruye; entendiéndose por tales derechos procedimentales, a los fundamentales del promovente tutelados por la Constitución, a través de las garantías individuales, y que no son susceptibles de ser destruidos con la obtención de una resolución favorable, sino en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal (derechos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable), que quedarían reparados si el afectado obtiene sentencia definitiva a favor de sus intereses, y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal reclamable en los términos antes señalados, es decir, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la definitiva. Es aplicable, en lo conducente, el criterio que sustenta Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en página 2662, Tomo III, Marzo de 2019, Libro 64, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2019536, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Así como, la Tesis IV.3º.111K, visible en la página 489, del Tomo XV-II Febrero, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Así, como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 195, del tomo VIII-octubre, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCION NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con que culmine el procedimiento que se sigue, los actos realizados o las abstenciones habidas en el propio procedimiento carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional; por ello, si el quejoso estima que dichos actos son violatorios de garantías, solamente cabe su impugnación en amparo cuando se haya pronunciado la resolución definitiva correspondiente, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo(que resultaría improcedente). Además, puede acontecer que el acto realizado no tenga trascendencia al resultado final, o que la resolución fuera acorde con los intereses del particular. Por ello, si el acto dentro del procedimiento no tiene sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En razón de todo lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, con fundamento en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se les requiere para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda, presentado por ... contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Dos, con Sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; regístrese en el libro de gobierno con el número 872/2021. En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen advierta que se surten los siguientes supuestos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara; y Que sea indudable, esto es que se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, como se ha visto, tienen diversa connotación por lo que deben aplicarse en forma individual, ante la actualización de cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con su admisión si desde un inicio se conoce el resultado, que en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107 fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa por parte de la autoridad judicial responsable de aceptar la solicitud presentada por la defensa del quejoso en audiencia de juicio de cinco de octubre de la presente anualidad, consistente en diversos medios de prueba, que se pretendieron aportar en la carpeta de enjuiciamiento 002/0071/2019, en razón de que esta determinación, constituye una violación al procedimiento que afecta a la defensa del directo quejoso, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracciones VII y XIV del artículo 173 de la citada legislación, que a la letra dice: "ARTÍCULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; [.] . XIV. En los demás casos análogos a las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." No obstante lo anterior, tal infracción a las formalidades que rigen al procedimiento, no afecta de manera inmediata y directa los derechos fundamentales o sustantivos del quejoso, para que sea susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como se pretende, pues dicho acto puede ser reparado al dictarse la resolución definitiva en el proceso que se le instruye; entendiéndose por tales derechos procedimentales, a los fundamentales del promovente tutelados por la Constitución, a través de las garantías individuales, y que no son susceptibles de ser destruidos con la obtención de una resolución favorable, sino en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal (derechos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable), que quedarían reparados si el afectado obtiene sentencia definitiva a favor de sus intereses, y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal reclamable en los términos antes señalados, es decir, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la definitiva. Es aplicable, en lo conducente, el criterio que sustenta Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en página 2662, Tomo III, Marzo de 2019, Libro 64, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2019536, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Así como, la Tesis IV.3º.111K, visible en la página 489, del Tomo XV-II Febrero, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Así, como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 195, del tomo VIII-octubre, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCION NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACION. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con que culmine el procedimiento que se sigue, los actos realizados o las abstenciones habidas en el propio procedimiento carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional; por ello, si el quejoso estima que dichos actos son violatorios de garantías, solamente cabe su impugnación en amparo cuando se haya pronunciado la resolución definitiva correspondiente, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo(que resultaría improcedente). Además, puede acontecer que el acto realizado no tenga trascendencia al resultado final, o que la resolución fuera acorde con los intereses del particular. Por ello, si el acto dentro del procedimiento no tiene sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En razón de todo lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, con fundamento en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se les requiere para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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