Andrés Galván Reyes

Expediente 1252/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1252/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Andrés Galván Reyes y Otros.
  • Andrés Galván Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, por lo que respecta a los actos que consistieron en la detención e incomunicación, que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1252/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, con quien actúa legalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. A continuación, la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de veintisiete de octubre del presente año, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso para que ratificara la demanda instaurada en su favor, constancia de notificación en la cual el quejoso ratificó el ocurso inicial, auto de veintinueve de octubre del año en curso, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables con sus informes justificados. El secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en el cual la secretaría no da cuenta con promoción alguna, con lo que se cierra la misma. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1252/2018-V, promovido por Raúl Humberto del Espíritu Santo Ríos Covián Carillo, a favor de Andrés Galván Reyes, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria encargada de la guardia de este Juzgado, Raúl Humberto del Espíritu Santo Ríos Covián Carillo, solicitó a favor de Andrés Galván Reyes, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Secretario de dicha dependencia, los cuales hizo consistir esencialmente en la detención e incomunicación del directo quejoso Andrés Galván Reyes. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre del presente año, se concedió al directo quejoso la suspensión de plano por lo que refiere a los actos reclamados consistentes en la detención e incomunicación atribuidos a las autoridades responsables. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de octubre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se realizó al tenor del acta que antecede. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de doce de noviembre del año que transcurre, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención reclamada derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas que le fue impuesto al quejoso el veintisiete de octubre del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se le requirió para que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, y como autoridad responsable al nombrado director, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señalados de manera primigenia en el escrito de demanda; siendo que al no haber atendido el quejoso el requerimiento formulado, por auto de catorce de diciembre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General Número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que tienen ejecución material dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La incomunicación que aduce sufrió el directo quejoso. -La detención con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al directo quejoso por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables negaron los actos reclamados respecto de la incomunicación. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto del mencionado acto reclamado lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. En esas condiciones, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. Por lo que se refiere a la detención del directo quejoso el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado representación del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que anexó, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la detención con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al directo quejoso Andrés Galván Reyes por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV del Reglamento del Código de la Administración Pública, mediante acta levantada el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la detención con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al directo quejoso, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En efecto, de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario del amparo, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos del artículo 263, fracción XIV del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de treinta y seis horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de doce de noviembre del año en curso, dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo, este se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que en el auto de catorce de diciembre del presente año, se tuvo por precluido su derecho para hacerlo, ordenándose resolver únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalada como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Humberto del Espiritu Santo Ríos Covián Carillo, a favor de Andrés Galvan Reyes, en contra las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que feneció el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de doce de noviembre del presente año, sin que haya hecho manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo y no se tiene como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas impuesta al aquí quejoso el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, ni como autoridad responsable al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en consecuencia, se resolverá el presente asunto únicamente respecto de los actos y autoridades señaladas como responsables de manera primigenia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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